El Ministerio de Ambiente pidió al Parlamento, una vez más, que se apruebe una ley que incluya los delitos ambientales en el Código Penal. Es un viejo reclamo que ya se trató en legislaturas anteriores sin que se pudiera llegar a buen puerto. Ahora el tema está a estudio en la Cámara de Diputados, después de que el Senado se pronunciara, finalmente, a favor del plan.

El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, planteó el miércoles de la semana pasada en Diputados la necesidad de que Uruguay avance con la creación de normas penales ambientales, y apuntó que el país quedó un “poco rezagado” en la región y que es “casi una excepción en el continente”.

Aunque reconoció que “capaz no es ideal” el texto que se aprobó en el Senado, el jerarca dijo que “seguramente” no se obtenga su “aprobación” si se va por su “modificación” y la “búsqueda de la perfección”.

“Hay que ser prácticos en estas circunstancias”, opinó Amarilla, en su rol de ministro interino en la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Y comentó que, “sin perjuicio de entender que el proyecto que se aprobó en el Senado” es una “versión más light” del que presentaron algunos legisladores en Diputados y de la iniciativa del Poder Ejecutivo del período anterior, “abarca una serie de aspectos importantes” que le parece que “son una herramienta”.

La iniciativa, que ya se aprobó en el Senado y que fue propuesta por legisladores del FA, define la contaminación de aire, agua y suelos; y se determina cuál es el castigo: desde seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría. Otros delitos tienen una pena mayor: sube a 12 años cuando se trata de la introducción ilegal de desechos peligrosos en las zonas de jurisdicción nacional.

Hay un capítulo exclusivo para los delitos contra la biodiversidad. Por un lado, la caza, pesca, captura y muerte de fauna en áreas naturales protegidas tiene un castigo de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría. El mismo, según dice el proyecto que viene desde el Senado, es para la tala, destrucción y alternación de flora en áreas naturales protegidas.

Un tercer capítulo refiere a la falsedad y obstaculización de la fiscalización ambiental, para la que se prevé un castigo de seis a 24 meses de prisión.

El gerente del área jurídica del Ministerio de Ambiente, Marcelo Cousillas, contó que para la “valoración de las penas” se “tuvo en cuenta tanto la normativa extranjera” como la uruguaya para la “inserción de estos delitos en el sistema nacional”.

Amarilla indicó que los fiscales están “haciendo un curso a través de un convenio con la Fiscalía argentina en materia de capacitación en delitos ambientales, en función de la legislación” de ese país. Y que tienen “previsto hacer un convenio” para que se los pueda capacitar en el extranjero”.

Por otra parte, hablaron con “varios de los ministros que pasaron por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la capacitación a los jueces”.

Estefanía Leal/Archivo El País

Una vez que se retiró la delegación del Ministerio de Ambiente, el diputado blanco Mario Colman apuntó: “Más allá de la consideración del ministerio, es una decisión de esta comisión qué proyecto tratar. Nosotros tenemos a estudio dos proyectos. Deberíamos abordar el que queramos. Es claro, evidente y obvio que un proyecto está más avanzado que otro y que las autoridades se pronunciaron fundamentalmente a favor de uno”. Es que, además, del proyecto del FA, el otro a estudio es uno realizado por legisladores de la coalición, entre ellos Amarilla cuando no era subsecretario.

En una línea similar, el legislador colorado Ope Pasquet indicó: “Nosotros tenemos que trabajar sobre un proyecto de base, pero nada impide que si en la consideración de ese proyecto advertimos que hay elementos que no están contemplados y sí lo están en el otro proyecto, los incorporemos”.