Redacción El País
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, consideró “insólito” que la organización Crysol, que nuclea a ex presos políticos, planea denunciar internacionalmente al Estado uruguayo en torno al proyecto de ley elaborado por el gobierno para dar acceso público a toda la documentación relativa al pasado reciente.

“No hay registro en la historia de que a un Estado se lo demande por querer transparencia y verdad”, afirmó este viernes el ministro, en una conferencia de prensa convocada especialmente para responder al planteo del colectivo.

Este jueves El País informó que Crysol denunciará al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que el gobierno “coartó” su derecho a expresar su visión sobre el proyecto de ley . Un tema que, entienden en la organización, los atañe directamente como víctimas del terrorismo de Estado y por el cual deberían haber sido consultados a nivel legislativo. Así lo detalló el presidente de la entidad, Gastón Grisoni.

Para García, el anuncio “habla mucho” de un problema de fondo: “Da la impresión de que hay gente que no quiere que se sepa toda la verdad”, afirmó. Agregó que, dadas las circunstancias, se puede presumir que la demanda anunciada por Crysol tiene el objetivo de constituirse en una “mordaza” para que el contenido de los archivos no sea de acceso público.

En ese contexto, rechazó que se pretenda “negociar la transparencia y la libertad” de los uruguayos para acceder a este tipo de información. García insistió en que jamás negociaría tal punto.

“Las censuras y los censuradores son propios de las dictaduras” dijo García, apelando a una afirmación que viene utilizando para defender el proyecto de ley.

El Frente Amplio y varias organizaciones sociales han señalando que la difusión total de esos archivos puede sacar a la luz episodios relacionados, por ejemplo, con las torturas que sufrieron las víctimas del terrorismo de Estado.

García consideró que estas afirmaciones constituyen una “excusa sin sostén alguno”, al reparar en que uno de los artículos del proyecto prevé a texto expreso la reserva de toda la información que pueda ir en contra de la dignidad humana.

El ministro recordó que el Poder Ejecutivo envió este proyecto al Parlamento el 17 de mayo. Hubo tiempo más que suficiente, afirmó, para que todo aquel que quisiera ser escuchado pudiera ser recibido.

Lo cierto es que el texto estuvo a estudio de una comisión especial integrada por cinco representantes del oficialismo y cuatro de la oposición que solo se reunió dos veces. La primera, el pasado 28 de agosto.

García, que el lunes pasado aludió a la resistencia del Frente Amplio a aprobar el proyecto a que insistó en que, seguramente, el contenido de estos archivos “queman”, por que, dijo, había que preguntarle a la izquierda por qué no quiere su difusión.

El ministro dijo contar el el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou y se refirió además a lo expresado por el titular del Frente Amplio, Fernando Pereira, en respuesta a sus propias afirmaciones, realizadas el lunes en el Parlamento.

“Que un ministro que forma parte de un gobierno que durante veinte años defendió la ley de Caducidad le diga al Frente Amplio que no hizo nada en materia de derechos humanos es lo más contrario a la realidad posible”,le había dicho Fernando Pereira a El País el martes.

García reiteró al respecto que Pereira está “agresivo” y “nervioso” y se reafirmó en sus dichos: en sus 15 años de gobierno, apuntó, el Frente Amplio “no tuvo la voluntad política” de dar a conocer la información sobre el pasado reciente. “Es un hecho objetivo”, concluyó.