Redacción El País
Los países como Uruguay que han denunciado la represión en Venezuela deben persistir en sus planteos y ser solidarios con los venezolanos perseguidos que buscan refugio fuera de fronteras, dijo Patricia Tappatá, integrante de la misión internacional independiente que evaluó la situación de los derechos humanos en el país caribeño por encargo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Este martes fue presentado el informe elaborado por tres expertos en una videconferencia con medios latinoamericanos, en la que El País le preguntó a Tappatá cuál podría ser el rol uruguayo en la actual situación. Tappatá respondió que los países de la región “tienen que ser solidarios porque Venezuela recibió a chilenos, argentinos y uruguayos cuando había dictaduras en el Cono Sur”. La experta argentina, que tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, dijo que “hay que continuar, no abandonar la búsqueda de canales de diálogo” porque en Venezuela “hay una avalancha de represión”. “Cualquier persona en Venezuela puede ser la próxima víctima”, sentenció. Francisco Cox, otro de los autores del trabajo, reflexionó que “lo peor que puede pasar es que la frustración de la comunidad internacional se traduzca en inactividad y adormecimiento”. La otra autora del trabajo, Marta Valiñas, reconoció que “la frustración de la comunidad internacional es muy grande pero no hay que dejar de denunciar, de documentar y hacer todos los esfuerzos posibles”. “No se puede bajar los brazos, la comunidad internacional debe mantener la atención”, agregó.

El informe presentado este martes en Ginebra señala que el perfil de las víctimas de la represión en Venezuela es cada vez más amplio y ya no solo abarca a líderes opositores y actores de la sociedad civil sino que incluye a la ciudadanía en general simplemente por demostrar su desacuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En el país caribeño se han cometido desde el 28 de julio crímenes de lesa humanidad como torturas y violaciones, asegura el informe.

El trabajo indica que “las protestas postelectorales fueron brutalmente reprimidas y dejaron un balance de 25 muertos y centenares de heridos y detenidos, en lo que constituye una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país”.

El informe señala que se dispararon los casos de violencia sexual y basada en género en contra de personas opositoras. “Al igual que en los períodos de 2014-2019 y 2022-2023 los actos de violencia sexual y de género se cometieron principalmente durante los arrestos en el marco de los interrogatorios y en lugares de detención. Las personas detenidas y los familiares que las visitaron en los centros de detención -sobre todo mujeres y niñas- fueron las víctimas principales de estos actos registrados”, agrega el documento.

Los expertos de la misión detectaron al menos siete casos de tortura antes de las elecciones del 28 de julio . “Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plásticos, inmersión en agua fría y privación forzosa del sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día”, denuncian los autores de la investigación.

Los expertos también señalan que tras las elecciones alcanzaron niveles sin precedentes las violaciones al debido proceso. “Especialmente a partir de la crisis postelectoral, los procesos penales iniciados contra los centenares de personas detenidas incumplieron sistemáticamente garantías mínimas del debido proceso”, enfatizaron. Ha habido juicios colectivos y en muchos casos los acusados han carecido de asistencia jurídica, indican.

Foto: AFP