En enero de 2021 el periódico La Mañana, partidario de Cabildo Abierto, informó que la agrupación Purificación, de ese partido, creó una asociación civil para que voluntarios brindaran cursos de oficios. La responsable de ese centro de estudios, según la publicación, es Olga Camacho, quien detalló la iniciativa y cómo trabajarían.

“Nuestra agrupación está liderada por (la diputada) Elsa Capillera, y como miembros de Cabildo tenemos un compromiso con la gente, nos debemos a las personas y a las necesidades de la gente, por esos somos artiguistas”, dijo Camacho a La Mañana.

Poco más de un año después, el 29 de abril de 2022, Camacho solicitó en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) -dirigido en ese entonces por la hoy senadora cabildante Irene Moreira- que le cambiaran la vivienda en la que vivía, a la que había accedido por un llamado de la cartera, por “razones de salud y características del actual núcleo familiar”.

La división jurídica del ministerio, de acuerdo a documentos a los que accedió El País, analizó la situación de Camacho y determinó que no le correspondía el cambio de unidad. Sin embargo, Moreira resolvió el 11 de agosto de 2022 que, pese a ese informe contrario, se habilitara “por excepción” la asignación de una nueva unidad y Camacho pasó entonces a ocupar un apartamento de planta baja en el edificio ubicado en las calles Vitoria y Timote, en el barrio Belvedere.

Camacho, además, trabaja directamente junto al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Se trata de uno de los cuatro pases en comisión que tiene declarado Manini Ríos, a mayo de este año, proveniente de la Dirección Nacional de Migraciones.

El 6 de junio las autoridades del MVOT asistieron a la comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores. Y allí, además de consultar por los 14 casos de unidades en las que Moreira solicitó se contemplara de forma discrecional a allegados, el senador frentista Sebastián Sabini dijo que pediría información sobre este caso.

La militante de Cabildo Abierto adquirió una solución habitacional de tres dormitorios en junio de 2010 en el complejo José Cuneo en el barrio Colón a la que se accede al segundo piso por escaleras.

Allí vivió durante más de una década hasta que el 29 de abril de 2022 pidió formalmente al MVOT poder cambiar de vivienda. De acuerdo a la documentación, Camacho estuvo siempre al día con el pago de los gastos comunes y se asegura que no hubo queja de ningún vecino por posibles problemas de convivencia.

Unas semanas después de que Camacho solicitara el traslado, el 10 de mayo de 2022, desde la secretaría de Moreira se envió un mail, al que también accedió El País, en el que el secretario de la entonces ministra, Roel Bottari, pedía “poder disponer de cuatro unidades”, entre ellas la destinada a Camacho. Y así ocurrió.

La discapacidad que aludía Camacho como argumento para mudarse era una fractura en el tobillo izquierdo que sufrió cuando subía al ómnibus. Esta situación, de acuerdo a su relato, le implicó una operación que no le permitía continuar viviendo en la unidad 204 del complejo José Cuneo por las complicaciones de accesibilidad.

En una nota remitida a las autoridades del ministerio, Camacho pidió cambiar su unidad por otra de dos o tres dormitorios en otro lugar y detalló 16 barrios donde sería “favorable” a su situación mudarse.

El caso fue analizado por los servicios sociales del ministerio y determinaron que no era posible hacer el cambio. Así lo definió Jurídica en un informe del 15 de junio de 2022. En el documento de dos páginas se concluyó que para poder “contemplar su situación” se “debería hacer una excepción justificada”.

Y se indicó que “las viviendas accesibles tienen como destino otro perfil de población ya que buscan satisfacer el derecho a la vivienda de quienes presentan algún tipo de discapacidad debidamente acreditada, que no es específicamente el caso” ya que se trata de “una ‘discapacidad’ momentánea”.

Este caso se suma a una lista de otras 14 situaciones en las que Moreira solicitó de forma discrecional que se contemplaran unidades para ser asignadas de forma directa.

Esos 14 casos son los que el MVOT, bajo la nueva conducción del cabildante Raúl Lozano, está revisando en una investigación administrativa para corroborar si hubo irregularidades.

El primer caso fue divulgado por Radio Universal y consistió en la asignación directa de la entonces ministra de un apartamento bajo la modalidad de alquiler con opción a compra de forma directa a una militante de Cabildo Abierto.

Una vez conocida esta situación Moreira intentó justificarse ante el presidente el 3 de mayo, cuando aseguró tener “un cupo” por cada edificio para adjudicación discrecional. Y le entregó una lista donde constaban otras cuatro asignaciones hechas.

Luego, El País informó que entre esas asignaciones una de las beneficiarias fue una exempleada de Moreira -cuyo apartamento está en el mismo edificio donde fue trasladada Camacho en las calles Vitoria y Timote- y detalló un sexto caso en Pando.

Radio Universal agregó una séptima situación: un militar retirado y su familia obtuvieron la vivienda, pero la devolvieron porque no les servían las condiciones. Y a partir de la investigación que inició Lozano se constataron otros siete casos similares en los que desde la cúpula del ministerio se pedía asignar viviendas de forma directa.