Una semana atrás el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, convocó a una conferencia de prensa para informar que luego de analizar la investigación administrativa concluyó que durante la gestión de su antecesora, Irene Moreira, no se cometió “un acto ilegítimo”, pero sí que hubo “errores, falencias e irregularidades en la adjudicación de los cupos”.

Lozano basó su resolución en el procesamiento de una extensa investigación administrativa que él mismo encomendó al asumir y que implicó varios meses de una funcionaria del departamento jurídico de la cartera que estudió los expedientes de adjudicaciones del actual gobierno y las anteriores administraciones frenteamplistas.

Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo saber El País, las conclusiones a las que llegó la encargada de realizar la investigación administrativa señalan graves acusaciones contra Moreira. Y que Lozano optó por desestimar en su resolución.

Uno de los puntos marcados en las consideraciones del informe fue que “su conducta no se ajustó a Derecho ni a la ética que debe seguir la actuación de las personas convocadas a ejercer un cargo de alta responsabilidad al servicio del Estado”.

Por otra parte, se indicó que con la tramitación de 12 solicitudes de forma discrecional “hubo un apartamiento de los principios de la función pública” y que “se vulneraron los principios de imparcialidad e igualdad de oportunidades”, según supo El País.

En otros pasajes de las valoraciones hechas por la encargada de realizar la investigación se critica duramente los pedidos de Moreira. Allí se indicó que la exministra cometió “abuso de poder” -como adelantó radio Universal días atrás- y que “actuó con arbitrariedad”, dijeron a El País fuentes de la cartera.

El relevamiento de lo actuado marcó también responsabilidades para los funcionarios a quienes, previo a iniciar la conferencia de prensa, el ministro Lozano les informó caso a caso su situación. Los trabajadores fueron notificados (con eventuales sanciones que van desde la observación a la suspensión con seis meses sin goce de sueldo) y ya corre el plazo para que puedan presentar sus descargos.

A nivel gremial, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Vivienda criticó fuertemente que el ministro colocara la responsabilidad en los funcionarios y no en “los cargos políticos de jerarquía”.

Es que en su resolución el ministro sostuvo que los trabajadores “no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, avalando las solicitudes enviadas desde la secretaría de la exministra, sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable”.

Tanto Lozano como Moreira remarcaron que no hubo ilícitos. Y el presidente Luis Lacalle Pou -que le solicitó a la entonces ministra que diera un paso al costado- dijo luego del anuncio de Lozano que “no hay viso de delito” en la adjudicación de viviendas hecha por la senadora cabildante.

Aunque en la investigación administrativa, en tanto, se deja abierta la posibilidad a que los casos merezcan ser investigados en la Justicia para determinar si pudo existir algún tipo de irregularidad.

“Podrá repercutir en otros ámbitos jurídicos diferentes a este donde se formula el presente informe que es de corte específicamente administrativo”, se indicó en el texto entregado al ministro cabildante.

Durante su período Moreira tramitó al menos 12 solicitudes de forma discrecional y directa. En todos los casos su secretaría remitía un mail a distintas dependencias remarcando que era de “interés” de la entonces ministra atender dicha situación y se brindaba los datos completos de quienes se pretendía contemplar.

Los beneficiarios eran militantes de Cabildo Abierto y exempleados de la senadora que en algunos casos cumplían con las condiciones -pero se salteaban los procesos de selección- y en otros no, como lo marcaron diversos análisis de las divisiones.

Al llegar Lozano, el flamante ministro frenó aquellos expedientes que aún no habían finalizado su proceso, siendo solo dos las viviendas en las que finalmente se resolvió la adjudicación, y dejó sin efecto la normativa creada por el exdirector de Vivienda y hombre de confianza de Moreira, Jorge Ceretta, bajo la cual se amparaban para tramitar dichas discreciones.

Sin adjudicar responsabilidades a Ceretta, el ministro también dejó planteadas varias modificaciones que la Dirección Nacional de Vivienda deberá implementar en un plazo máximo de 60 días para que exista “una reglamentación clara, precisa, concreta y con seguimiento permanente respecto de los procedimientos de autorizaciones”.

Incluso, el secretario de Estado ordenó que se conforme una comisión de seguimiento en la órbita del ministerio para que realice “el seguimiento para la revisión de los procedimientos de adjudicación de soluciones habitacionales, y del programa de Atención Primaria Habitacional, con la finalidad de revisar dichos procedimientos”.

Este caso marcó un quiebre en el relacionamiento del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el presidente Lacalle Pou. Pero además, también generó cicatrices en la interna cabildante ya que la defensa de Moreira no fue homogénea. De hecho, hubo dirigentes como la diputada suplente Inés Monzillo que pasó a filas del Partido Nacional asegurando que “había cosas que ya no podía justificar” ante la militancia cabildante, entre ellas la actuación de la esposa de Manini Ríos.

Algo similar dijo la diputada Elsa Capillera, ahora integrada a la precandidatura del colorado Andrés Ojeda, que sostuvo que “el quiebre” con Cabildo Abierto se dio a partir del caso Moreira.

Apenas unas horas después de la conferencia de prensa anunciada por Lozano, Moreira emitió un mensaje grabado en sus redes sociales. “Si realmente me equivoqué al permitir a esas dos personas en estado de necesidad acceder a un plan de viviendas, es claro que lo hice desde la convicción de que hacía lo correcto”, dijo. La exministra destacó que en la resolución ministerial en “ningún momento se pone en duda” la “buena fe con la que se actuó en estos casos y en las miles de viviendas entregadas” en “sus más de tres años de gestión”. Y añadió: “Si me equivoqué, corresponde que pida disculpas a todos pero en especial al público cabildante ya que en nuestro partido, a partir de estos hechos, debió enfrentar una campaña de alta hostilidad que buscó equiparar el accionar de la ministra de Vivienda con otros episodios que involucraron a altos jerarcas y generaron verdaderos escándalos”.

La hoy senadora contó, además, que en estos meses optó “por mantener silencio, esperando a que la realidad de los hechos quedara establecida”. Luego, Moreira dio su perspectiva de la resolución ministerial al marcar que dice “textualmente” que la “reserva de cupos solicitada por la exministra no es ilegítima”, y que “no se violenta ningún derecho subjetivo o interés directo o personal”.

Además, la ahora senadora de Cabildo Abierto, indicó que el documento manifiesta que se trata de un instrumento “válido que permite contar con viviendas disponibles para atender determinadas situaciones puntuales”.

No obstante, también mencionó una parte clave de la resolución, en la que asegura que hubo un “error de procedimiento”. “Los casos cuestionados son solamente dos, en los que se permitió acceso al arrendamiento de viviendas con opción a compra”, dijo. Y continuó: “No fueron decenas como se insinuó en un primer momento”. “Tampoco se entregó una vivienda sin más sino que se trata de arrendamiento con opción a compra. Además, en uno de los casos la persona adjudicada renunció a la vivienda, y en el otro -que sí accedió- no se trata de una simpatizante de Cabildo Abierto”, agregó. Y sostuvo que en “ninguno de los 12 casos estudiados por la resolución administrativa hubo una orden de entregar una vivienda, y que todos fueron evaluados por los servicios del ministerio”. “Tan es así que cinco no fueron tramitados ante el informe técnico negativo del ministerio, y los otros cinco se tramitaron sin observación alguna”, indicó.