En el año 2002, había en Uruguay 114 mujeres privadas de libertad. A la fecha, hay más de 1.100 tras las rejas, Se trata de un aumento de 965% en poco más de dos décadas, por lo que hay diez veces más mujeres presas que hace 22 años .

Así lo indica la segunda fase del informe "Mujeres en conflicto con la ley penal en Uruguay. Diagnóstico social e institucional", que se presentará este martes y que profundiza un trabajo similar realizado el año pasado.

Se trata de un relevamiento efectuado entre febrero y setiembre de este año en todas las cárceles que albergan a mujeres. Fue financiado por la Unión Europea, cofinanciado y ejecutado por la Universidad CLAEH y el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (Incidem), en un proyecto denominado Crisálidas. A la presentación se invitó a los candidatos de los cinco principales partidos. El único que confirmó presencia fue Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto). El resto, enviará representantes.

Allí varias organizaciones de la sociedad civil integrantes del proyecto, como El Abrojo, presentarán el documento "Faltan derechos, sobran las cárceles", que señala como "preocupante que, en pleno período electoral, ninguno de los candidatos esté tratando la política penitenciaria y su aplicación como un tema prioritario".

Según los datos, el 65% estaban recluidas en unidades de Montevideo. La mayoría en la Unidad 5 de Colón. Esa cárcel hoy tiene 136% de hacinameinto. Dos de cada tres reclusas tienen entre 18 y 35 años, y el promedio de edad es de 27 años.

Según el informe, al menos el 30% de estas mujeres es reincidente, y el 42% ya fueron procesadas por la Justicia Penal.

Los delitos por los que están en prisión no tuvieron mayores variaciones en los últimos años. El 47% de ellas están presas por drogas o algún delito conexo. Muy atrás figuran el hurto (11%), rapiña (9,5%) y homicidio (5,4%). El resto se distribuye en unos 30 delitos de distinto tipo. Si se compara con lo que sucedía en 2010, el incremento de mujeres presas por drogas aumentó diez puntos.

El 91% de las mujeres presas hoy en Uruguay están condenadas, el 6% formalizadas y el resto penadas. Una de cada tres están encerradas desde hace menos de un año, el 62% registran entre uno y tres años y el resto, 5%, están presas desde hace más de tres años. El número de reclusas con un tiempo de permanencia mayor es residual.

El nivel educativo máximo alcanzado por las mujeres que están hoy privadas de libertad es inferior a la media nacional. Una de cada tres solo puede acreditar Primaria o educación media incompleta. El 72% no completó el primer ciclo de liceo y solo el 5% dice que alcanzó estudios terciarios. El 37% dijo haber dejado de estudiar por causas familiares, el 17% por motivos económicos y el 15% por desinterés o desinformación.

Los datos recolectados indicaron, por otra parte, que solo el 45% de las mujeres hoy presas tuvo en su vida un trabajo formal. La mayoría, de corta duración: el 23% estuvo allí menos de seis meses, y el 20% de seis meses a dos años.

En relación a las prestaciones del Estado, el estudio reveló que el 60% de las mujeres las recibe en su mayor parte desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y, en segundo lugar, desde el Banco de Previsión Social (BPS). Así, el 61% de los alimentos que consumen los reciben de las visitas.

Del análisis surge una valoración insuficiente de la cantidad de comida, y algunas relatan que "pasan hambre".

Según el informe, el 75% de las mujeres presas tienen hijos —1,79 hijos en promedio. Algunas tienen hasta siete hijos. El 80% de estos chicos viven con algún familiar, principalmente abuelas o tíos. El 4,5% está en hogares sustitutos y el 3% en unidades con sus madres. Otro 3% de hijos de madres presas son mayores de edad y también están recluidos por algún delito.

El estudio midió los "temores" de estas mujeres a la hora de recuperar su libertad. Así, el 33% dijo temer la eventualidad de "no volver a convivir con los hijos", el 29% teme"no conseguir empleo". El 15%, en tanto, dijo tener miedo de "quedar en situación de calle".

En lo que respecta al acceso a la salud, el 70% de las reclusas entiende "dificultoso" llegar a ella. Allí el principal problema es la salud mental. Según el informe, las mujeres que solicitan atención triplica a las que ingresaron a prisión con alguna enfermedad de este tipo.

Entre las recomendaciones, las organizaciones responsables del trabajo plantean medidas "urgentes", como el inicio de la desinstitucionalización de las mujeres encarceladas con sus hijos, y la clausura definitiva del Nivel 5 de la Unidad 5. Así también, la mejora en las condiciones edilicias, alimenticias y de atención en salud del resto de las cárceles femeninas.

Por otra parte, se insta a revisar de manera urgente la situación procesal de las mujeres condenadas por delitos de drogas, antes de la aprobación de la reducción de las penas por microtráfico que habían sido incluidas en la última ley de Urgente Consideración (LUC). Así, se enfatiza la necesidad de aplicar medidas no privativas de a libertad y se propone un enfoque de justicia restaurativa.