Redacción El País
Cuando se celebre la próxima sesión del Congreso de Intendentes, inspectores de tránsito de todo el país se movilizarán afuera. Volverán a pedir la firma de un protocolo de actuación ante agresiones sufridas en la vía pública y exigirán que se levanten sanciones aplicadas en Florida y en Rocha.

La medida fue resuelta la semana pasada en un encuentro que la Federación Nacional de Municipales mantuvo en Durazno, indicó a El País Valeria Ripoll, presidenta de la institución y dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo.

La solicitud de un acuerdo marco para las 19 intendencias cobró fuerza a fines del año pasado, cuando en un lapso de tres días fueron agredidos inspectores de Montevideo, Rocha y Río Negro al intentar multar a conductores que habían transgredido las normas.

El caso en la capital, por ejemplo, llevó a que el agresor -pasajero de un vehículo mal estacionado- fuera detenido por desacato y por haber golpeado al funcionario en la mandíbula, comprometiendo huesos de su rostro.

Si bien en abril de 2022 el jefe comunal de Florida y entonces presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López, dijo a El País que se trabajaba en “un plan de actuación unificado a nivel nacional”, el documento aún no ha visto la luz. Es por ello que se dará la movilización de los funcionarios municipales durante la próxima sesión plenaria.

Ripoll explicó que, para los trabajadores sindicalizados, hay cuatro puntos “fundamentales” que atender.

El primero refiere a la generación de protocolos para que, en ciertas tareas -como los operativos especiales- se estandarice el trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior. Ripoll señaló que esto puede darse por medio de una coordinación o de la contratación de policías eventuales, ya que la Federación entiende que la cartera tiene sus propios cometidos y “no siempre hay funcionarios disponibles”.

En segundo lugar, pretenden que se refuercen las medidas de seguridad, dándole más herramientas a los inspectores. En concreto piden la inversión en cámaras GoPro para que queden registradas las actuaciones en algunos casos, como los eventos masivos y los procedimientos nocturnos. Este punto también busca mejorar los equipos de comunicación: “Para los que trabajan con radio, que funcionen en todo el departamento, de forma tal que si sufren una agresión se puedan comunicar rápidamente y solicitar ayuda”, señaló Ripoll.

Los funcionarios municipales también solicitan a las 19 intendencias que prevean acompañamiento psicológico para quienes son víctimas de estos ataques y tengan que reincorporarse a la función. Según la presidenta de la Federación, “a veces cuesta, sobre todo cuando la agresión tiene un fuerte nivel de violencia”.

Por último, piden que las comunas denuncien cada caso en la Justicia de acuerdo al artículo 171 del Código Penal, que contempla el delito de atentado contra funcionarios públicos. Si bien en algunas intendencias ya se acordó este punto el año pasado, como en Montevideo, otras no lo tienen incorporado. “Para nosotros la intendencia debe hacerlo porque le da otro marco a la denuncia, que no es solo la del individuo agredido, sino también de la institución”.