Para cuando Yamandú Orsi asuma el 1° de marzo de 2025 como presidente, las largas discusiones de campaña electoral sobre quién hizo peor o mejor las cosas en materia de seguridad -principal preocupación de los ciudadanos, según las encuestas-, se verán, al menos, adormecidas. Pero al mismo tiempo, el nuevo gobierno deberá salir a enfrentar duros desafíos que se avizoran para los próximos cinco años: intentar reducir el alto índice de homicidios, contener el avance del narcotráfico, bajar el hacinamiento carcelario y luchar contra el mercado de armas ilegales. ¿Por qué esos son los principales problemas en seguridad?

Durante la administración de Luis Lacalle Pou -tuvo tres ministros del Interior, Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli- hubo una disminución sostenida de las denuncias de delitos contra la propiedad. Entre ellos, el que más bajó fue el abigeato. Respecto de los homicidios, hubo una reducción en los primeros dos años, pero luego subieron para después estabilizarse en cifras levemente menores a las del último año del Frente Amplio (FA). Así, el gobierno se propuso lograr reducciones significativas en homicidios (que en los últimos meses involucró a varios menores de edad como víctimas colaterales) y dar la “batalla madre” -en palabras de Jorge Larrañaga- contra el narcotráfico.

A su vez, uno de los desafíos por delante será cómo atacar el problema del uso irregular de armas de fuego (cada vez más asesinatos se consuman de esta forma) que es algo a lo que han apuntado con insistencia los fiscales de Homicidios.

Foto: Francisco Flores/El País

Además, aumentó considerablemente el número de presos -pasó de casi 12 mil en 2020 a 16 mil en 2024- y Uruguay registró, por primera vez en su historia, la mayor cantidad de reclusos que están sometidos a “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, según la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario.

El problema del narcotráfico y las armas tiene como desafío que es muy difícil de medir. Aunque han aumentado la cantidad de cierre de bocas de droga y personas encarceladas por microtráfico, eso demuestra el esfuerzo del Estado por perseguir ese tipo de delitos, pero no el universo general del problema, según sostienen los expertos. A eso se suma la preocupación y la dificultad de investigar el narcotráfico a gran escala y la amenaza de la inmiscusión de grupos internacionales, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Tren de Aragua.

En el caso de las armas, sucede algo similar: no hay estudios sobre la cantidad de armas ilegales que pueden llegar a haber en el país. Estudios internacionales apuntan que, por cada arma reglamentaria, hay un arma ilegal. En Uruguay hay más de 600 mil armas legales.

A este complejo escenario se añade que se ha vuelto común ver escenas de tiroteos con armas modificadas. Es decir, armas de fuego comunes que son refaccionadas para volverse armas semiautomáticas, que pueden disparar decenas de balas jalando solo una vez. El fiscal de Homicidios Carlos Negro sostuvo en una nota en VTV que los asesinatos que se dan actualmente se explican “en gran medida” por “la cárcel y las armas”.

A diferencia de los problemas ya mencionados, la medición del homicidio es confiable y a la vez funciona como termómetro del problema de la inseguridad. Esto, puesto que no depende de una denuncia. Y aunque durante este quinquenio se mantuvieron relativamente estables respecto al último año de gestión frenteamplista, al comparar los primeros cuatro años y medio de gestión de la coalición con el mismo período de tiempo de sus antecesores, hubo un aumento de 10,6%. Tal y como informó El País, el gobierno defiende que se frenó la tendencia al alza.

Foto: Archivo El País.

Emiliano Rojido es sociólogo, se dedica a investigar sobre violencia y políticas públicas y fue contactado por el Ministerio del Interior para realizar al menos dos estudios técnicos sobre homicidios. Consultado por El País sobre cuál es el principal desafío en seguridad para la próxima administración, respondió que lo primordial es generar “políticas de Estado que se sostengan en el tiempo” y que estén “basadas en la evidencia”.

Si se hace un análisis histórico de las campañas electorales, “seguimos tocando la misma tecla una y otra vez y eso no funciona para reducir los delitos”, consideró. Esa misma “tecla”, en resumen, es: “más policías, más penas, más cárcel”. Y esto generó un “problema de calidad del gasto en seguridad”.

“Estamos en el paleolítico en temas de seguridad”, concluyó.

Así, una de las cuestiones más importantes -advirtió Rojido- es asesorarse con personas formadas en el estudio de la criminalidad. Hasta ahora los ministros siempre fueron personas de “confianza política” y eso hace que quienes terminan diseñando las políticas son autoridades policiales. “Son un actor muy importante en temas de seguridad, pero no son el único (...) Es como pedirle al albañil que te construya los planos de la casa”.

En ese sentido, el experto aseguró que debería hacerse “una revolución en el Observatorio del Ministerio del Interior” para que produzcan datos que sean insumo para generar “soluciones específicas”. Eso debería ir acompañado de una comunidad académica criminológica.

Sumado a ello, valoró, debe haber más y mejor implementación de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, respecto del patrullaje. No necesariamente más policías -una vez se garantiza cierto umbral- significa mejores resultados, “lo que importa es profesionalizarlos”, explicó. En ese sentido, señaló que hay estudios internacionales que demuestran la poca efectividad del “patrullaje aleatorio”.

Otro de los grandes puntos de debate esta campaña fue el concepto de “represión”. ¿Quién estaba, o no, dispuesto a reprimir? “Necesitamos una represión con la lógica de cirujano, no de leñador”, dijo.

En el plano de la prevención “no nacimos todavía”, dijo refiriéndose a que las medidas no llegan a considerarse siquiera “en pañales”. Explicó que aunque -sobre todo por la “izquierda”- esto se confunde con “sacar a las personas de la pobreza” eso es un error. El norte debe ser evitar que se relacionen -como víctimas o victimarios- con el delito. Para generar estas políticas “hace falta una institucionalidad que lo aborde”. Por ejemplo, en materia de diseño urbano, en la educación a través de un sistema de alerta temprana, entre otras.

Rojido manifestó que hoy en día “no sabemos nada de crimen organizado”. “El crimen organizado lo ves conectando los puntos” y eso hoy no sucede. “No sabemos nada del crimen organizado”, insistió. Para lograrlo, sugirió, debería haber un ámbito interinstitucional que permitiera una mejor circulación de la información. A su vez, indicó que hay que ir contra la idea instalada de que “todo el problema de la seguridad está vinculado al crimen organizado” porque es “falso y equivocado”. Recordó que en uno de los estudios que hizo para Interior descubrió que los homicidios relacionados al narcotráfico están sobrerrepresentados. Esta concepción, consideró, se convirtió en un “chivo expiatorio”. Desde algunos sectores de “la derecha” se utiliza para “justificar la restricción de libertades civiles”. Desde “la izquierda”, en tanto, se usa para fomentar el concepto de que los poderosos también delinquen y que para que eso no ocurra se debe cambiar el gobierno.

Foto: Estefanía Leal