Es uno de los artículos más polémicos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El recrudecimiento de las penas contra el microtráfico recibió muchas críticas desde su promulgación y varios legisladores intentaron modificarlo en el Parlamento, y algunos incluso lo plantearon en medio de la campaña por el referéndum contra la LUC. Pero no se avanzó, ni cuando el Ministerio del Interior presentó su propia iniciativa en los últimos días de marzo.

Pero el tema puede cambiar. Ahora se busca que las modificaciones sean ingresados en la Rendición de Cuentas, en discusión en la Cámara de Diputados. Para ello se están dando en los últimos días conversaciones impulsadas por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit.

La LUC marcó una pena de cuatro a 15 años de penitenciaría para quien entregue, venda o facilite el suministro de drogas a un menor de 21 años, o cuando el delito se comete en las inmediaciones o en el interior de las cárceles, entre otros establecimientos como los lugares de enseñanza, sanitarios o culturales. Este cambio normativo que rige desde julio de 2020, junto con el resto de la LUC, hoy es vinculado con un aumento de la cantidad de mujeres privadas de libertad.

La Oficina de Comisionado Parlamentario está en diálogo con los autores de los diferentes proyectos de ley que ingresaron en ambas cámaras “para tratar de atender el problema generado de una prisión alta por el delito de ingreso de droga a cárcel y buscar medidas más acordes con el conjunto de la normativa penal”, indicó Petit a El País. También contó que se “va a intentar formular una síntesis de esos artículos” que “refleje el amplio acuerdo que hay en cuanto a adecuar la normativa al espíritu del Código Penal y el Código del Proceso (Penal)”.

El impacto del artículo 74 de la LUC ha sido largamente discutido. La nueva norma, siguió el comisionado, tiene una “excesiva penalización” que impactó en un “importante aumento de la prisión femenina”, además de que “ha llevado a situaciones de máximas injustas e inadecuadas, como ha ocurrido cuando fueron sancionadas con este mínimo de cuatro años, sin derecho a redención de pena”. Y todo “por ingresar 50 gramos de marihuana”. “En su mayoría se trata de mujeres pobres, vulnerables, con hijos menores a cargo, que han sido sometidas a presión de sus compañeros privados de libertad o de otras personas, para el ingreso de estupefacientes en cantidades mínimas”. Así se explica en uno de los proyectos a estudio en el Parlamento elaborado por los colorados Carmen Sanguinetti, Raúl Batlle y Pablo Lanz.

Por su parte, la abogada María Noel Rodríguez -integrante de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay- señaló que son “fatídicas” las consecuencias de la aplicación de los cambios en la normativa, y que “todos los fines de semana están cayendo mujeres -en un inmenso contexto de vulnerabilidad, a veces junto a sus hijos- a lo largo de todo el país”. Porque no solo se subió la mínima a cuatro años, sino que “se establece un castigo de igual forma (al delito) tentado que al consumado”, añadió.

La Unidad N° 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se especializa en mujeres con niños a cargo, ha ido aumentando sus plazas. No obstante, para Rodríguez la solución no es sumar colchones. “Sumar más camas en un espacio que no se agranda (en lo edilicio) implica eliminar espacios para otros usos que son necesarios para la reinserción”, marcó la abogada.

También destacó el impacto en los menores que acompañan a sus madres privadas de libertad. Los niños “tienen que tener asistencia social y psicológica, y no sentir que están adentro de la cárcel”. Además de que allí hay algunos con hidrocefalia y con cardiopatías congénitas, comentó, y añadió: “¿Te parece que tienen un buen tratamiento con la asistencia médica que necesitan? Por más amor y cariño que le pongan, por supuesto que no”.

La senadora colorada Carmen Sanguinetti presentó hace un tiempo junto a sus correligionarios Pablo Lanz y Raúl Lorenzo Batlle un proyecto para modificar la normativa y quitar la palabra “cárceles” en la definición de los lugares en donde sea más grave cometer microtráfico.

Después llegó un proyecto del Ministerio del Interior, que ingresó al Parlamento en marzo. En pocas palabras, la iniciativa busca establecer que, “en el caso puntual y delimitado del delito de intento de ingreso de sustancias estupefacientes a establecimientos carcelarios o de privación de libertad de adolescentes infractores”, no se considere un “delito consumado, sino como un ‘acto preparatorio’ donde se debería de aplicar la tercera parte de la pena”. No obstante, de aprobarse, daría la posibilidad al juez de “elevar (la pena) hasta la mitad, tomando en cuenta la gravedad del hecho cometido y la personalidad del agente”.

Por su parte, la abogada María Noel Rodríguez opinó que “no es buena” la propuesta del Ministerio del Interior porque les está mandatando qué es un acto preparatorio cuando hoy ya pueden considerar así un hecho. “Se necesita una solución más macro (…) que establezca una pena del delito que tiene que ser mucho más baja de la actual”, indicó.

Un acto “típico” de acto preparatorio que ya sucede hoy en día es cuando una mujer quiere ingresar a la cárcel con 99 gramos de marihuana pero, cuando va a pasar por el registro, “se pone nerviosa porque se da cuenta de que está mal y da marcha atrás”. Pero, ante esa situación, “el guardia la obliga a pasar por el escáner”, y se lleva una pena de 16 meses, que es un tercio del castigo establecido en la LUC, ejemplificó.

A raíz del ingreso de la iniciativa del Ministerio del Interior, Sanguinetti busca nuclear ambas iniciativas, al margen de que también tiene la voluntad de que ingrese en la Rendición un cambio en la normativa actual que se realizó a través de la LUC.

Antes de que los senadores colorados presentaran el proyecto, los diputados Gustavo Zubía (del mismo partido), Eduardo Lust (independiente) y Mario Colman (Partido Nacional) también habían propuesto una reducción de la pena para las personas que cometieran el delito a “un año y pocos meses”.

Por otra parte, hay una cuarta iniciativa que llegó desde el Frente Amplio del diputado Sebastián Sabini. El legislador comentó en abril en diálogo con Canal 12: “Los tratamos como si fuera Pablo Escobar. Es una pena durísima para algo que está permitido en el exterior (fuera de la cárcel). Es un poco disparatado”. En ese sentido, propuso que se “establezca un mecanismo de ingreso de drogas para consumo personal dentro las cárceles”.

Aclaración: En una primera versión de esta nota se apuntaba que en las cárceles hay algunos niños "con esquizofrenia". Sin embargo, lo que destacó la abogada es que hay niños "con hidrocefalia y con cardiopatías congénitas". A los involucrados y los lectores, las disculpas del caso.