Por Fabián Cambiaso
El escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, dijo sentirse este jueves muy gratificado y agradecido ante la iniciativa que, a nivel local, promueve ofrecerle —a él y a otros opositores considerados "apátridas" por el régimen de Daniel Ortega— la ciudadanía uruguaya y aseguró que "sin dudas" aceptaría la oferta si esta se concreta formalmente.

En diálogo con El País desde Madrid, donde reside, Ramírez valoró la propuesta. "Demuestra en primer lugar la solidaridad de Uruguay y su defensa permanente de los valores democráticos, más allá de las diferencias políticas", dijo.

Ramírez agradecía así el planteo del diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas), de apelar al mecanismo previsto en el literal C del artículo 75 de la Constitución, que establece que tienen derecho a la cidadanía legal uruguaya "los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial" de la Asamblea General por "servicios notables o méritos revelantes".

Además de Ramírez, el legislador colorado mencionó los casos de la también escritora Gioconda Belli o la activista por los derechos humanos Vilma Núñez. Los tres forman parte del grupo de 94 exiliados a los que gobierno de Ortega despojó de su nacionalidad —confiscándole sus bienes en Nicaragua— al acusarlos de "traición a la patria".

Para Ramírez, el planteo del diputado colorado representa una "demostración de fe democrática" del país y constituye a su vez una gran paso para que Uruguay pueda demostrar que rechaza la "barbarie" del gobierno de Ortega de querer despojar a un grupo de personas de un derecho tan esencial como es el derecho a su propia ciudadanía.

Ramírez reparó en que por el momento "apenas" se trata de una propuesta, por lo que consideró excesivo dar su respuesta a algo que aún no es formal. De todas formas y consultado, el escritor aseguró que "claramente" y "sin dudas" aceptaría el ofrecimiento de ser ciudadano uruguayo si la Asamblea General así se pronuncia.

El escritor, de 81 años, formó parte de la oposición al régimen de Anastasio Somoza Debayle y en 1977 lideró el Grupo de los Doce que, integrado por empresarios, sacerdotes y civiles apoyaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Como tal a partir de 1979 fue parte de la Junta de Reconstrucción Nacional y, entre 1985 y 1990, vicepresidente de Nicaragua durante el gobierno de Ortega.

De esos años, Ramírez recuerda sus vínculos con Julio María Sanguinetti, que presidía Uruguay en ese tiempo y la que ahora define como un "gran amigo".

Ramírez ostenta la ciudadanía española desde 2018, tras haber sido galardonado con el Premio Cervantes. En los últimos días y junto a varios compañeros —como la escritora Gioconda Belli, otra histórica de la revolución— recibió ofrecimientos formales de parte de los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia y México, que dijeron estar dispuestos a convertirlos en ciudadanos de sus países.

"La gran lucha en Nicaragua no es ideológica, es entre democracia y dictadura" aseguró, en un mensaje hacia los sectores que en América Latina todavía visualizan a Ortega como un gobernante de izquierda. "La de Ortega es una vulgar dictadura retrógrada, de las peores que he visto, y no tiene nada que ver con los valores por los que yo siempre luché", concluyó.

Fuentes de Cancillería confirmaron a El País que desde ese ministerio, en términos informales, se apoya la propuesta del diputado Rodríguez, aunque se consideró que es una resorte del Parlamento recorrer esa vía. El apoyo también llegó desde prácticamente todos los sectores políticos.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos le dijo a El País que junto a su equipo explora el camino legal a recorrer para llevar esta propuesta a la práctica y que esta reúna las condiciones para ofrecerle la ciudadanía a la mayor parte de opositores posible al régimen de Ortega.

A su juicio, el planteo de su colega colorado solo sería aplicable a un conjunto muy reducido de opositores nicaragüenses. Al respecto, recordó que el régimen de Ortega le quitó a la ciudadanía a 222 personas que fueron expulsadas hacia Estados Unidos, además de a las otras 94 que ya estaban en el exiliio.

Un posible camino, mencionó Olmos, sería apelar a la ley de Reconocimiento y Protección al Apátrida,vigente desde 2018. Una posición similar mantiene, según dijo a El País, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Se trata, señaló Olmos, de avanzar rápido en una fórmula que logre abarcar a todas las personas afectadas por esta situación tras los sucesos de Nicaragua. La propuesta será discutida luego del 1 de marzo, cuando el Parlamento ingrese en un nuevo período ordinario de sesiones.

Olmos recordó su postura histórica de oposición a una "dictadura" como la de Ortega, ha que sistemáticamente ha avasallado los derechos humanos. En ese marco valoró los sucesivos pronunciamientos que desde la mayoría de los sectores del Frente Amplio han surgido en los últimos años sobre el tema y sostuvo que toda la coalición de izquierdas, como fuerza democrática, no debe evitar su rechazo a ese régimen.

La propuesta de Rodríguez recibió además el apoyo del diputado Iván Posada (Partido Independiente) y del senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto).