RESPUESTA

El director general de la Granja, Nicolás Chiesa, aún no recibió notificación de la denuncia penal que anunció la bancada de senadores frenteamplistas por haber firmado como apoderado de una empresa del rubro que dirige en el Ministerio de Ganadería. Se lo acusa de conjunción de interés personal y el público, y abuso de funciones. La denuncia ingresó ayer en la Fiscalía de Delitos Económicos de Enrique Rodríguez, y Chiesa ya prepara su defensa rastreando los documentos que pretende probar su inocencia.

En ese sentido, maneja un escrito del Departamento Financiero Contable de la Dirección de la Granja que, con fecha de ayer, “hace constar que, según los registros, en el ejercicio 2020, la firma Mi Granja S.A. no ha recibido ningún tipo de apoyo económico por parte de esta unidad ejecutora, ni del Fondo de Fomento de la Granja”.

“Acá está claro que la empresa nunca obtuvo un beneficio estando Nicolás (Chiesa) ahí”, interpretó Andrés Ojeda, abogado del jerarca. De esa forma Chiesa hace frente a la denuncia de los legisladores, que piden que Fiscalía investigue si la empresa “es o no beneficiaria del Fondo” en cuestión.

Se trata del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, que tiene entre sus cometidos dar apoyo financiero a las empresas del rubro, y que está en el ojo de la tormenta también por el desfalco a manos de un contador durante la administración anterior.

La denuncia penal, a cuyo texto accedió El País, habla también de “flagrante violación a la ley”. Y advierte: “Desde nuestra óptica, las irregularidades no se subsanan renunciando a una de las tareas”.

Los senadores aprovechan para citar al presidente Luis Lacalle Pou, cuando al enterarse del asunto, dijo: “De los dos lados del mostrador no puede estar ningún gobernante”. Las palabras de Lacalle llevaron a Chiesa a renunciar a su participación en Mi Granja S.A., lo cual a los ojos de la oposición, no enmienda el error porque el foco del asunto es lo ocurrido durante los últimos seis meses.

En ese sentido, dicen: “Si se analiza la normativa vigente, tanto la irregularidad como los ilícitos penales, fueron cometidos y se mantuvieron de manera continua al menos desde el 11 de marzo de 2020” (cuando Chiesa fue designado como director de la Granja).

El artículo 19 del Código de Ética en la función Pública, de setiembre de 2019, establece que el funcionario debe “distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público”. Según interpretan los denunciantes, Chiesa debería haber adoptado “todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto”. Y, en caso de tener duda, debería haber informado a su superior. También señalan el incumplimiento de otra disposición de esta ley, que obliga a realizar una “declaración jurada de implicancias”.

Los senadores adjuntan copia de un acta del Consejo Asesor del Mercado Modelo correspondiente al 14 de julio de 2020. Así pretenden demostrar que Chiesa, además de ser director de la Granja y firmar a nombre de la empresa, “participaba de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana como representante del Poder Ejecutivo”.

Al respecto, Ojeda aseguró que eso es “falso” ya que el ministro Carlos María Uriarte no nombró a Chiesa para ese rol y él “nunca integró esa comisión”. “Lo que pone maliciosamente la bancada del Frente Amplio es un acta en la que él participa como invitado y básicamente comenta algunas cuestiones, pero nunca como directivo”.

En tanto, Uriarte pedirá explicaciones al Mercado Modelo porque en su sitio web dice que Chiesa integra el directorio. "Dirán que es un error, pero un error demasiado conveniente", opinó Ojeda.

Según el abogado, “para que se configure la conjunción de interés público con el privado debe haber un motivo de provecho indebido”. No alcanza con “estar en un lugar público y en uno privado”. “La conjunción requiere de más cosas”, concluyó.