“Lo primero que hay que tener es paciencia”, comenzó por decir el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, cuando se le consultó qué es lo que se debe hacer para volver a los índices históricos de homicidios que tuvo Uruguay previo a 2018. En ese año este tipo de crímenes aumentó 47%. El jerarca hizo hincapié en el concepto del “enfoque dual” y la necesidad de trabajo interinstitucional. En 2024, se registraron cuatro homicidios menos que el año anterior y el nivel de aclaración creció 2,6%.

Las cifras de delitos del año pasado muestran que las denuncias de rapiñas cayeron 22%, las de hurtos 5,7% y los homicidios están en una “meseta”, aunque respecto de 2023 hubo 1% menos, como adelantó El País. Los asesinatos son los que concitan más atención, no solo por ser el delito más grave sino porque es el índice más fiable para medir la inseguridad, puesto que no depende de la denuncia.

La tasa cada 100 mil habitantes se ubicó en 10,5. “Una vez que llegás a los niveles que tuvo Uruguay de una tasa de 12 homicidios cada 100.000 habitantes, con su pico en 2018, después el trabajo de lograr bajar el nivel de homicidios es mucho más difícil, mucho más cuesta arriba (...) Entonces, ¿cómo abordás el trabajo? Con múltiples proyectos y con trabajos interinstitucionales”, continuó Martinelli contestando a pregunta sobre cómo seguir. Después de haber alcanzado su punto máximo en 2018, este índice osciló entre el 11,2 (2019) y 10,5 (2024).

El ministro indicó que "no alcanza con lo que la Policía se puede hacer en materia de homicidios", porque estos "son muy difíciles, a la vez, de prevenir o de prever. Uno no puede tener un policía en cada casa, en cada esquina, en cada bar, en cada restaurante, donde se suceden los diferentes hechos. Y muchas veces la Policía llega cuando las sangre ya está en el río", desarrolló.

A su vez, destacó que este año se aclararon 225 homicidios, el 59,6% del total. Según el informe del Observatorio de Violencia y Criminalidad del año 2023, se trata de la cifra más alta desde 2017 (al momento, se esclareció el 60% de los homicidios cometidos ese año). Sobre este punto, Martinelli acotó que muchas veces un homicidio que no se aclara en el año que ocurrió, se aclara al siguiente o incluso más adelante, por lo que el porcentaje de esclarecimiento suele aumentar con los años. En ese sentido, todos los años previo al último contabilizado "corren con ventaja" respecto del más reciente (en este caso es 2024).

Estefanía Leal.

El ministro atribuyó este incremento a la consolidación de la Brigada de Homicidios que comenzó a trabajar en Montevideo hace casi más de un año. Esta brigada tiene como distintivo que hay un cuerpo de policías especializados que trabaja solo para un equipo fiscal especializado (hoy en la capital del país existen cuatro turnos). Previamente, el trabajo se dividía por zonas geográficas, por lo que, dependiendo el lugar del homicidio, los policías intervendrían. A su vez, esos policías no se dedicaban exclusivamente a los homicidios sino que también abarcaban otros delitos.

La creación de esta brigada fue especialmente celebrada por Carlos Negro, ahora designado ministro del Interior para el futuro gobierno, cuando era fiscal de Homicidios de Montevideo.

Comparado con el último año de gestión frenteamplista, las denuncias de hurtos cayeron 23% y las rapiñas un 43%. En la conferencia se le fue consultado al ministro si podía deberse, en parte, al aumento de otros tipos de delitos como estafas o al cibercrimen.

Sobre ese punto, Martinelli respondió: “Como cometer una rapiña o un hurto conlleva a una pena mucho más gravosa y además más riesgoso, podrían estar mirando hacia cometer nuevos delitos por el lado del ciberdelito. Y además las penas de los ciberdelitos son muy bajas. Entonces por ese lado también tenés menos riesgo y si te agarran la pena es menor”.

A su vez, mencionó que la cuestión de los ciberdelitos es “un tema que está instalado” y que ya se comenzó a trabajar en capacitación y la adquisición de herramientas tecnológicas para la Policía Nacional. Sugirió también que podría haber “algún cambio normativo” para aumentar las penas de este tipo de delitos.

Actualmente la rapiña tiene una pena mínima de cuatro años de cárcel y la estafa una de seis meses.