Redacción El País
El Parlamento no logra avanzar en su aprobación y aún estudia la regulación de las actividades de alojamiento turístico en viviendas particulares —que puede ser, por ejemplo, por Airbnb o Booking. En la última sesión de la comisión se vivieron momentos de tensión por acusaciones cruzadas entre los senadores Juan Straneo (del Partido Nacional) y Tabaré Viera (del Partido Colorado, y exministro de Turismo). El problema incluyó, además, informes cruzados de ambos en crítica y defensa de la iniciativa que propuso la cartera que dirigió el ex precandidato colorado.

El proyecto de ley lo impulsó el Ministerio de Turismo y tiene como objetivo regular el alojamiento en viviendas con fines turísticos. No sería para quienes alquilan su casa en temporada para "poder descontar gastos de sus impuestos" sino que para las "verdaderas empresas de alojamiento organizadas o particulares que hacen de ello su profesión habitual y profesional", dice la iniciativa.

El proyecto ha tenido varias idas y vueltas, e incluso recibió cuestionamientos de la cátedra de Derecho Civil de la Universidad de la República (Udelar). Así como también críticas de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)—agrupación que nuclea a plataformas digitales internacionales como Airbnb, Amazon, Mercado Libre, X, y Despegar.

Pese a los reparos, se continuó con la discusión del proyecto en el Senado. No obstante, cuando todo parecía encaminado a aprobarse en comisión, el senador Straneo presentó un informe que cuestionó la iniciativa diciendo, por ejemplo, que "ha perdido coherencia interna" con las modificaciones.

En respuesta, el exministro tomó el guante: presentó su propio informe en la comisión en defensa del proyecto pero, además, criticó las apreciaciones que hizo el nacionalista.

El informe que presentó Straneo señaló que la "técnica legislativa es mala, habiendo sido esto advertido por la academia al comparecer en esta comisión”. Y alertó que “estos aspectos no son menores, ya que una ley que no logra ser claramente interpretable genera dificultades en su aplicación que terminarán por impedir su operatividad”.

Una de las críticas de Straneo es al artículo 2 del proyecto, que define qué es la vivienda de uso turístico (la que se quiere regular). El legislador apuntó que la “redacción es extremadamente mala, demostrando incluso desinterés por lograr una regulación adecuada y fácilmente interpretable”.

El nacionalista cuestionó que en el artículo 2 se "catalogue como vivienda turística a los propietarios (que, justamente, son personas, no cosas)".

El informe también criticó que el "arrendamiento de inmuebles nunca es un acto de comercio, (y) es evidente y necesariamente un negocio civil". Y añadió que catalogarlo de acto de comercio "no hace superar una dificultad sino que la agrava, pretende incluir una operación en una regulación que no está prevista para ello, rompiendo la lógica del sistema jurídico".

A su vez, destacó que el proyecto "no regula sobre la actividad de las plataformas de alquiler, sino sobre el propio arrendador que es quien queda obligado independientemente de la forma en que publicite su alojamiento". Y continúó: "Además, no distingue situaciones que son diametralmente distintas; no se puede equiparar la situación de un propietario que alquila su propia vivienda con quien hace un negocio a través del arriendo de inmuebles".

"Corresponde analizar ¿el que alquila su apartamento o su casa es realmente un competidor desleal para un hotel? ¿o apuntan a segmentos distintos en el mercado de consumo? Por otra parte ¿qué van a hacer los uruguayos con sus ahorros si el mercado inmobiliario ya no es una forma de inversión rentable? Se está equiparando al ciudadano común con un empresario, y eso no es así. La ley que parte de una lectura equivocada de los fenómenos sociales, está destinada al fracaso", concluyó.

Ante estos reparos, Viera respondió en otro informe que el legislador "parece desconocer aspectos jurídicos" que le parecen relevantes. A su vez, remarcó que existe un “desconocimiento respecto a lo que significa la actividad hotelera”; y opinó que el senador confundió "términos", emitió "opiniones jurídicamente incorrectas" y "desconoce la realidad”.

Viera, a su vez, le respondió que el proyecto "no define como acto de comercio al arrendamiento civil; por el contrario, define como acto de comercio al contrato de hospedaje, (hoy contrato que se rige por normas del deposito necesario del Código Civil) determinando que todo acto que implique servicios de hospedaje, tanto sean registrados o no, serán considerados un acto de comercio".

La sesión de la comisión del miércoles sucedió después de que Straneo y Viera presentaran sus informes. Allí, el nacionalista apuntó que Viera utilizó en su informe “algunos calificativos y comentarios” que consideró “inadecuados e impertinentes”. Y remató: “No puedo decirle que vuelva a la Facultad de Derecho” a diferencia de si el documento lo hubiese "un abogado”; “como nos manda a nosotros, prácticamente".

En respuesta, Viera le dijo a Straneo que no lo puede “mandar a ningún lado” (por la referencia a la Facultad de Derecho) y, además, sostuvo que le “llamó la atención” los “términos utilizados” en el informe del nacionalista “luego de prácticamente tres años de consideración del tema y cuando ya se iba a votar”.

El exministro remató: “Mi informe tiene una base de aporte de técnicos que son los que han trabajado con nosotros, que tienen formación jurídica, saben del tema y conocen la realidad, cosa que muchos aquí apreciamos”.

Straneo, por su parte, destacó que su informe lo elaboró “una profesora de Derecho Civil, magíster en la materia y con cabal conocimiento de la casuística respecto a los contratos civiles”. Y agregó que el documento con el que contestó Viera tuvo "calificativos” que no le “parecieron felices”.