Redacción El País
En el Parlamentose estudia —por segunda legislatura consecutiva— obligar a los supermercados y algunos almacenes a informar los precios por unidad de medida —sea en kilos, metros o litros— de los productos en el mismo cartel en el que aparece el precio de venta. Si bien ya se aplica en otros países, en Uruguay hay resistencia del sector empresarial por las dificultades —argumentan— de su implementación.

Una delegación de Cambadu dejó en claro en comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes—donde se estudia el proyecto que ahora presentó el Partido Colorado pero en la legislatura anterior el Frente Amplio— que tiene reparos. En una línea similar, la Asociación de Supermercados del Uruguay presentó resistencias la última semana de marzo en el mismo ámbito.

El objetivo del proyecto es que el cliente pueda comparar a simple vista los precios de, por ejemplo, mermeladas, que vienen en presentaciones de distinto tamaño. La obligatoriedad no sería para todos los almacenes, y los legisladores aún discuten sobre a cuáles —definición que, por ahora, sería por su tamaño— deberá involucrar.

Desde Cambadu, su gerente general, Adrián Cabrera, indicó que ven en su instrumentación “determinados niveles de dificultad”.

Uno de ellos es el “cómo instrumentar la tecnología para poder exhibir los precios por las unidades de medida”. En ese sentido, continuó: “Se pueden imaginar que no se puede estar haciendo con una calculadorita, a mano, el pasaje de la información, según cómo viene la presentación, a la unidad de medida redonda en metro, litro o kilo. En algunas ocasiones los comerciantes tienen determinado nivel de tecnología ya prevista por proveedores —o sea que el tema podría llegarse a facilitar por ahí, si es que lo instrumentan los proveedores—, pero en otros casos no es así”.

Ante la consulta de cuál sería el costo de implementar la obligatoriedad, respondió que no lo sabía, al mismo tiempo que enfatizó en que el cálculo no puede ser manual.

También argumentó que “se pretende comparar cosas que no son comparables”, y habló de las diferencias entre los productos: “¿Acá dónde entra en juego la calidad del producto? O sea, estamos meramente hablando de cuánto es el precio por kilo, por litro o por metro, pero de productos totalmente distintos en ciertas ocasiones. Que algo se llame ‘galletita’ no quiere decir que sea el mismo producto”.

En tercer lugar, indicó que se “atenta” contra “otro derecho del consumidor, que es la exhibición clara del precio a la vista y legible”. A entender del gremio, “no se van a poder hacer etiquetas de 15 por 15 centímetros para que entre toda la información”.

Ya la última semana de marzo la asociación de supermercados, con su presidente Daniel Menéndez, indicó en la comisión que la implementación del proyecto tiene un “costo altísimo” en un comercio grande que puede llegar a tener unos 30.000 ítems, puesto que los carteles hay “modificarlos permanentemente, ya sea porque cambia una promoción o por otra razón”.

Menéndez apuntó que los supermercados son “quizás las empresas más controladas del Uruguay” y que se les “vive instrumentando regulaciones”.

En ese sentido, continuó: “Esta es una gota más para el vaso, que desborda por los costos. Digo esto porque ahora viene el Plan Vale —que implica la recolección de envases—, está esta iniciativa y están los controles bromatológicos a nivel municipal que, por ejemplo, nos piden a cada a rato que pongamos un contenedor acá o allá”.