Una obra en varias escenas. Así se describe en el Instituto Nacional de Colonización (INC) un proceso que tuvo importantes derivaciones a nivel político, que se creía laudado hace tiempo pero que promete tener un nuevo capítulo. El organismo deberá pronunciarse sobre un pedido de impugnación presentado en contra de la resolución que concluyó en diciembre pasado que el campo que el senador Guido Manini Ríos tienen en Artigas no está atado a las obligaciones que debe cumplir un colono.
En el instituto el pedido presentado en marzo generó sorpresa, ya que el promotor de la impugnación no es otro que Roque Moreira, el suegro de Manini y uno de los directamente beneficiados por la resolución como parte de El Palomar S.A, la firma que figura como propietaria del predio en cuestión y que también integra la actual senadora Irene Moreira.
La base del reclamo, según se señaló a El País desde el INC, es que Roque Moreira considera que el fallo de diciembre no estableció en forma explícita que, en lo personal, nunca fue colono, que en determinados pasajes se lo aluda como “excolono” y que no se lo llame como que siempre afirmó ser: propietario del campo en cuestión. En el directorio se considera que las explicaciones dadas fueron más que suficientes. El razonamiento es que, desde el momento en que la resolución concluyó que el predio no estaba afectado a Colonización, al definirse que el campo no era de Colonización, va de suyo que sus propietarios tampoco son colonos. “Pensamos que lo que se definió en su momento es suficiente”, dijo a El País el presidente del INC, el nacionalista Julio Cardozo, al comentar que lo se pide ahora no deja de ser una reafirmación de lo ya concluido. “Está más que claro”, consideró. Con todo, el directorio espera para este semana un informe de la asesoría jurídica con respecto a este tema. Una resolución adversa en el INC a los intereses de los reclamantes podría abrir otro largo proceso, tomando en cuenta la posibilidad que tienen de recurrir, otra vez, un fallo al que, recordó Cardozo, “costó muchísimo llegar”. Con la postura de Cardozo pareció coincidir uno de los directores colorados en el INC, Luis Lozano. En declaraciones a El País, el jerarca consideró que el tema está “laudado y resuelto”. Lozano señaló que “no hay otra forma” por parte del instituto de poder resolver el tema.
Pero la vía administrativa no es la única que los reclamantes están dispuestos a seguir. El jueves 28 de setiembre habrá una instancia particular a nivel judicial. Ese día una audiencia en el Juzgado de Conciliación de 3° Turno ambas partes se verán las caras en procura de un acuerdo que, a esta altura, parece muy difícil de alcanzar.
La realización de esta instancia de conciliación fue confirmada a El País por Ignacio Curbelo, el abogado que ha representado a Manini en todo el proceso frente a Colonización. Aquí el reclamo es el mismo: que se reconozca y se declare que Manini y los suyos nunca fueron colonos y que el predio en cuestión nunca estuvo afectado a la ley que regula el instituto. Curbelo apuntó que, de no llegar a un acuerdo en dicha instancia, eventualmente podría ser presentada una demanda a nivel civil.
Por cuatro votos contra uno en una decisión política el Directorio del INC definió el 2 de diciembre pasado que Manini, Roque Moreira y su hija no son colonos propietarios del campo que usufructúan en el inmueble 511 de la cuarta sección del Departamento de Artigas. La resolución llegó luego de meses de idas y vueltas y allí fue definitorio el informe del especialista Horacio de Brum, contratado en forma externa que en su análisis falló a favor de los intereses de Manini y de su núcleo familiar. En su informe De Brum, profesor grado 3 de Derecho Agrario en la Universidad Católica, señaló como “indiscutible” que el inmueble en cuestión nunca reunió las cualidades necesarias para ser destinado a colonizar.
El director de Colonización en representación del Frente Amplio, Andrés Berterreche, mantiene por su parte la postura que siempre ha mostrado en este tema y que lo ha llevado, incluso, a enfrentarse personalmente con Manini Ríos. En diálogo con El País, Berterreche reafirmó que esas tierras en cuestión “están todas afectadas” a Colonización. El director agregó otro elemento al diferendo. Dijo tener una copia de la tarjeta con la que Roque Moreira se presentó ante el INC como “aspirante”. “Si la Justicia me la pide, se la doy”, aseguró Berterreche.
Cinco informes y dos conclusiones
No eran colonos: El INC había tomado su resolución final basado en un informa privado, contratado al especialista Horacio De Brum, que concluyó el pasado noviembre como “indiscutible” que el predio nunca tuvo las condiciones necesarias para ser colonizado. De la misma forma se había pronunciado Enrique Guerra Daneri, catedrático de Derecho Agrario de la Universidad de la República,contratado por Manini y que el senador presentó en en junio de 2022. .
Sí eran colonos: Los resultados de una inspección técnica realizada por el INC, divulgada en Búsqueda en marzo de 2022, había determinado que el predio que Roque Moreira, Irene Moreira y Guido Manini manejaban y explotaban estaba afectado a la ley de Colonización. Esa conclusión había sido ratificada en julio de ese año por parte de la Asesoría Letrada de la institución. Lo mismo había indicado, en noviembre, la Sala de Abogados del instituto.
Los $ 120 millones que el INC “prestará”
En las últimas Rendiciones de Cuentas, Colonización ha sido una fuente habitual de recursos para resolver el financiamiento de variadas iniciativas.
En este menaje presupuestal, el organismo deberá “prestar” hasta $ 120 millones para permitir la expropiación de de cuatro padrones en Florida y en Lavalleja, en los que se iría a instalar el obrador para la construcción de la proyectada represa de Casupá. La condición de “préstamo” fue definida la semana pasada en el Parlamento por el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, al aclarar que no se trata de una idea del gobierno.
La iniciativa fue aprobada en Diputados a iniciativa del nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter. Al respecto, Buffa efectuó una serie de precisiones. Por un lado, que ese “préstamo” está dirigido a OSE que, si la planta se concreta, deberá devolver el dinero. La otra es que una comisión, presidida por el ministerio e integrada por ambos organismos, tendrá en sus manos la función de definir si esas propiedades son utilizadas finalmente para la construcción de la represa.
Mientras tanto, esos predios seguirán siendo usados con los fines que determine Colonización. “Con estos elementos, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se apoya este artículo”, aclaró Buffa la semana pasada ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.
El artículo votado en Diputados establece que, mientras no se construya la represa, Colonización deberá instalar allí un “banco de forrajes para enfrentar eventos climáticos adversos”. También que, hasta que no haya una definición sobre la represa, no se podrá disponer en esos padrones la instalación de una colonia de productores.