El flamante intendente de Canelones, Marcelo Metediera, concurrió ayer a la Torre Ejecutiva, como una “señal” para “ponerse a disposición” del presidente Luis Lacalle Pou en la aplicación de políticas públicas. “Tenemos diferencias políticas, pero eso no nos puede coartar la posibilidad de trabajar por la gente”, afirmó el jefe comunal tras una reunión que se prolongó por cerca de una hora.

El encuentro fue algo conversado previo a que sustituyera en el caro de intendente al renunciar Yamandú Orsi -abocado desde el 1º de marzo a su precandidatura a la Presidencia por el Frente Amplio. Casi un mes antes, durante la celebración de la Fiesta del Pollo y la Gallina, en San Bautista, Lacalle Pou y el dirigente comunista se encontraron y acordaron conversar. La reunión de ayer quedó pactada el 3 de marzo en la Fiesta del Pan del Vino, en Santa Rosa.

Más allá de algunos aspectos “anecdóticos”, Lacalle Pou y Metediera conversaron ayer sobre tres temas puntuales que planteó el jefe comunal canario. El que mayor preocupación genera fue la seguridad pública. Metediera “puso a disposición” del gobierno las 1.800 cámaras de videovigilancia que la Intendencia de Canelones instalará en edificios de su propiedad y en espacios públicos del departamento cuya entrada en funcionamiento está prevista para un máximo de 45 días. La propuesta que hizo Metediera es ubicar al menos parte de esas cámaras en los lugares en los que el Ministerio del Interior crea conveniente.

“Al igual que está pasando en todo el país, en el departamento se ha instalado un cierto tipo de violencia”, dijo Metediera sobre un fenómeno ante el cual sostuvo que es necesario “acompañar y ayudar” para lograr revertirlo.

El jerarca aseguró que se prevé “entregar” 100 de esas cámaras a Interior y anunció la contratación de 18 policías para gestionar el centro de monitoreo departamental. El convenio para su instalación había sido suscrito a fines de junio del año pasado por Orsi y por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

El segundo punto de la reunión estuvo vinculado a las recientes inundaciones, que dejaron a Canelones como uno de los departamentos más afectados.

La intención de Metediera es que pueda recrearse una comisión, integrada por los intendentes de la cuenca del río Santa Lucía, que analice las alternativas sobre la mesa que permitan encontrar soluciones de fondo ante las cada vez más habituales crecidas de ese curso de agua.

En los últimos días Metediera planteó la posibilidad de “dragar” el Santa Lucía, y así evitar la repetición de episodios como el de las últimas semanas, en donde la comuna canaria contabilizó impactos prácticos. Según los números de la intendencia, las recientes inundaciones provocaron que 52 manzanas de Santa Lucía -la cuarta parte de esa ciudad- quedarán bajo el agua. Fueron afectadas 1.330 viviendas y 3.280 personas. Situaciones similares, sostuvo Metediera, se repitieron en localidades como San Ramón, Los Cerrillos y Aguas Corrientes. Consultado por El País, Metediera dijo que la comuna invirtió unos $ 2 millones en asistencia.

Al mismo tiempo, el intendente canario pretende que el Ministerio de Vivienda ayude a “potenciar” el realojo de 60 viviendas ya proyectadas y que hoy se ubican en la primera franja más cercana a la orilla del río.

Metediera recordó que en 2019, cuando otra inundación similar, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) realizó aportes económicos para atender la situación de los vecinos que habían perdido sus pertenencias.

Con ese antecedente y buscando evitar futuros destrozos, el intendente anunció que en los próximos días habrá una reunión en la que el gobierno y los intendentes de las zonas afectadas determinarán qué tipo de medidas se aplicarán.

Por último, el intendente planteó un diálogo en torno al nuevo sitio de disposición final de residuos de Canelones.

A través de tres resoluciones el Poder Ejecutivo dispuso la compra directa por excepción de una serie de elementos para la atención a los damnificados por las inundaciones. Se trata de la adquisición de 2.000 colchones de una plaza de espuma, 2.000 frazadas de una plaza y 1.500 chapas. En todos los casos, el procedimiento utilizado fue aprobado en un artículo de la ley de Urgente Consideración (LUC), que determinó los topes aplicables para las compras estatales.