El nuevo régimen de certificaciones médicas en el Estado, incluido en la Rendición de Cuentas aprobada en 2022 y reglamentado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto promulgado el mes pasado, recién comenzará a implementarse a partir del año que viene. Además, el nuevo sistema no será retroactivo.

Así lo aseguró este miércoles en el Parlamento una delegación de Presidencia de la República, encabezada por el secretario Álvaro Delgado, durante la discusión del presente mensaje presupuestal. La aclaración llegó para despejar una serie de dudas que existían en la misma coalición de gobierno en torno a la aplicación de este nuevo mecanismo y las diferentes interpretaciones sobre lo que establecía realmente el nuevo texto, que ya fue cuestionado a nivel sindical.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, le dijo a El País que la principal interrogante en el oficialismo derivaba de la interpretación del artículo 31 del decreto. Allí se indica el criterio para la aplicación del nuevo régimen de licencias por enfermedad, fijado en nueve días anuales. El texto señala que “se computarán desde el 1° de enero de 2023”.

Lo que explicó Delgado, secundado por el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, y el director ejecutivo de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, Hugo Odizzio, es que la aplicación no será retroactiva. “No hay retroactividad en este régimen”, se insistió ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara.

Según comentó el diputado Iván Posada, Odizzio fue enfático y aclaró que hoy el decreto no tiene ninguna posibilidad de aplicarse hasta tanto no se definan todas las cuestiones operativas con el Banco de Previsión Social (BPS).

Los jerarcas del gobierno recordaron que el propio decreto establece un mecanismo de evaluación y de coordinación para la puesta práctica en vigencia del nuevo sistema. Será Servicio Civil la oficina encargada de elaborar un cronograma a través del que los distintos organismos estatales irán incorporándose al nuevo sistema. A medida que lo hagan es que se irá aplicando el nuevo mecanismo.

En los hechos, señaló Rodríguez, esto se traducirá en que el nuevo decreto no tendrá efectos prácticos en lo que resta del año. La elaboración del cronograma llevará por lo menos unos tres meses y, se adelantó, la implementación podrá ser realidad recién en el transcurso de 2024. Consultados, los representantes del gobierno no precisaron ninguna fecha en particular.

Las dudas en la coalición, planteadas este miércoles también por el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter, habían motivado dos reuniones previas en las últimas horas entre Delgado y varios legisladores. Según se adelantó, el próximo viernes habrá un nuevo encuentro entre representantes del gobierno y de los sindicatos públicos.

Los representantes del gobierno marcaron su disposición a discutir eventuales modificaciones a la nueva normativa. Allí se adelantó que Servicio Civil ya se puso en contacto con los sindicatos para proponerles la conformación de un ámbito tripartito -integrado también por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- como un espacio para ir “identificando” los problemas que puedan surgir en la aplicación del decreto correspondiente.

El Ejecutivo también aclaró durante la sesión de este miércoles que las enfermedades de tipo oncológico y otras patologías similares quedarán exentas del nuevo régimen de certificaciones, desde el momento en que representen un factor “inmovilizante” para el funcionario que las padezca.

Posada dijo que el mensaje de Odizzio ante los legisladores fue claro: en este tema el gobierno tiene una “lógica de buena fe” y su intención está lejos de querer ir en desmedro de los derechos de los trabajadores en el Estado.