Una decena de personas disfrutan de la principal bajada de la playa de Costa Azul, junto al hotel que se erige a un par de metros del cordón de rocas que plantó la Intendencia de Rocha. El mar retrocedió en los últimos días y este jueves permitía armar un picado en la arena seca, pero no había interesados. La crecida de fin de año, que devoró toda la costa impidiendo incluso el acceso de los guardavidas a su garita, generó revuelo y los dardos apuntaron contra la mano de la comuna.

Al inicio del invierno, el 30 de junio, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, presentó en redes sociales la “primera obra del Uruguay de defensa costera contra el cambio climático: proyecto de la Facultad de Ingeniería, aprobado por Ambiente y ejecutado por el gobierno de Rocha en Costa Azul”. Se trata de una cadena de piedras de un kilómetro de extensión, que serpentea junto a las edificaciones, una obra que costó casi US$ 1 millón, que financian la comuna y los vecinos. El resultado genera controversias: la senadora Sandra Lazo y el alcalde del municipio, Sergio Muniz, ambos del Frente Amplio, la cuestionan, mientras que el intendente, que la defiende, niega que sea “una solución intermedia” de menor presupuesto a la planteada al inicio, como aseguró en el Parlamento un director del Ministerio de Ambiente.

A raíz del pedido de los propietarios afectados por el mar y la erosión, la comuna contrató un estudio del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Udelar, puesto que la Intendencia carecía de “soporte técnico”, explicó Umpiérrez, quien informó que el diseño del proyecto costó US$ 15 mil. “Luego de pasar por el cernidor de Ambiente, nos exigieron más condicionantes que nos implicó prácticamente duplicar el costo: era de US$ 630 mil y pasó a casi US$ 1 millón”, precisó el intendente.

Son 79 los padrones en primera y segunda fila que financian el costo inicial de la obra, con una sobrecuota en la contribución inmobiliaria de $ 16.000 al año en promedio, la que deberán abonar durante tres décadas. El resto del monto lo cubre la Intendencia. “Financiamos la mitad porque hay un beneficio público, por mantener una playa en estado de situación de uso, y la otra pata es un beneficio para los propietarios, que ven que sus casas en vez de derrumbarse, mantienen el valor económico”, argumentó.

El alcalde de La Paloma cuestiona el proyecto por varias razones: el municipio no fue consultado, la solución no es la que recomiendan siete consultoras que analizaron el tema, el océano copó la playa y desparramó piedras a fin de año, por lo que requiere mantenimiento en temporada. Además, Muniz dijo a El País que “no consultaron a las personas adecuadas, sino a ingenieros, cuando hay profesionales que específicamente estudian lo ambiental, que no están en la Facultad de Ingeniería”.

Para Muniz, la obra llevará a “destruir una playa, anularla”, ya que “está comprobado en todo el mundo que las soluciones rígidas, duras, no mejoran la salud de las playas”, y, en cambio, la alcaldía ha trabajado “en la instalación de pantallas captoras para juntar arena y proteger y recuperar la duna primaria, donde no se erosiona”.

Umpiérrez responde que “era una cuestión científica, no política”, por lo que no requería consulta al municipio. Alega que “el Imfia siempre habló de la opción de enrocado” y que es “opinable” que los ingenieros no sean los adecuados para diseñar el proyecto. “Hicimos lo que correspondía, que fue consultar a la Udelar, al lugar exacto en el que está el conocimiento técnico para encontrar una solución”, respondió. “Lo que hicimos fue blindar una solución a través del conocimiento científico, y eso no admitía discusiones políticas: yo no puedo ir a una asamblea de vecinos a discutir determinadas dinámicas, o con el municipio, ni con nosotros mismos, porque no estamos con capacidad de discutirlo. Pagamos y compramos un proyecto hecho por la Udelar, entendiendo que era lo mejor, y aceptamos lo del Ministerio de Ambiente, que son los otros técnicos especializados en cambio climático y la dinámica costera”, concluyó, y aclaró que la obra se “estabilizará” en un año, ya que hay que retirar las lascas de piedra que quedan tras crecidas.

“Hoy la playa se mantiene y existe gracias a que hicimos esta obra”, cerró el intendente.

Para el alcalde de La Paloma, la última crecida reveló que la intervención fue inadecuada y exige mantenimiento en verano. El intendente responde: “Obviamente que el día que hay sudestada, con enrocado o sin enrocado, el agua llega hasta el borde de la barrera de contención. Lo que pasa es que ahora no produce efectos secundarios; antes los producía y la playa era una colección de escombros, madera, clavos, fierros. Hoy eso no existe más. Lo que tenemos que hacer es un trabajo tedioso en temporada, que es armar la duna sobre el enrocado, porque cuando golpea el agua obviamente vuelve a aparecer la roca”.