Redacción El País
Con el objetivo de bajar la reincidencia en las cárceles uruguayas, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el de Interior iniciarán el 1° de diciembre el Plan de Inclusión Asistida (PIA). El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó a El País que se trata de un programa piloto que se implementará durante siete meses con apoyo a 500 reclusos que están a punto de recobrar la libertad por haber cumplido su condena en el Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez (ex Comcar), el penal donde vive un tercio de la población carcelaria del país.

A los beneficiarios del PIA se les ofrecerá un “kit social” con herramientas que busca hacerle frente a distintas carencias que en ocasiones llevan a volver a delinquir.

Este es uno de los tres pilares con el que el gobierno pretende bajar la reincidencia, que alcanza al 70% de los liberados en Uruguay, según una reciente medición de Interior, la primera realizada por el Estado sobre este tema.

Los otros dos pilares son un plan de obras en cárceles y la definición programática sobre el rumbo de las políticas penitenciarias. Interior proyecta construir tres módulos en el Penal de Libertad, una cárcel de mujeres nueva en Punta de Rieles y otra en Artigas. Con respecto al rumbo programático, el Ejecutivo prevé abrir un diálogo para definir políticas de Estado en esta materia.

Sobre el primer pilar, el plan de egreso para los liberados, se hará una selección por sorteo de los 500 exreclusos beneficiarios -a cargo de la Universidad de Montevideo.

El segundo pilar, el plan de obras en cárceles, fue uno de los temas presentes en la reunión de ayer entre el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Tras el encuentro, el ministro publicó en su cuenta de X: “Terminar con el hacinamiento carcelario es clave para bajar los niveles de reincidencia. Nos reunimos con Juan Miguel Petit para actualizar la información de nuevas plazas a ser inauguradas. Avanzamos en proyectos educativos y de inserción laboral. No damos a nadie por perdido”.

Hoy hay 15.400 personas privadas de libertad en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 3.500 más que en el año 2020, y las situaciones de reclusión en las que están difieren.

Petit dijo a El País que los tres módulos nuevos en Libertad tendrán un diseño de tipo radial. “Se cuidó que no fuera una gran estructura, de muchos pisos. Si el sistema no sigue creciendo desmesuradamente, lo que no sabemos, y si se logra que ese crecimiento tienda a la baja, con medidas alternativas, baja de la reincidencia, trabajo en una comunidad en salud mental, creo que las tres nuevas unidades pueden ayudar a rediseñar el sistema penitenciario, porque tendríamos además una nueva cárcel de mujeres, con módulo de preegreso y otro para personas transgénero, y una nueva unidad en el norte, en Artigas, que se va a inaugurar a principios del año próximo”, aseguró el comisionado carcelario.

“Tan importante como eso es el plan programático: para qué van a ser esos ladrillos. Y en eso es muy importante la estrategia de reforma penitenciaria que se va a impulsar con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la que se convocará a todos los actores del sistema de Justicia, la academia, la sociedad civil, lo que debería terminar con una hoja de ruta y nos permitiría avanzar en la modernización del sistema”, sostuvo y agregó: “Son ladrillos que se van sumando mientras la casa tiene problemas muy serios. Será un enorme desafío para la administración: la obra nueva que se anuncia y esos lugares que hay que superar, como la cárcel de mujeres, porque la construcción del edificio nuevo va a demorar dos años. Mientras tanto, ese lugar tiene que seguir trabajando y mejorándose. Ese es el diálogo: cómo mejorar los lugares que tienen superpoblación, malas estructuras, hacinamiento, pocos técnicos. Ese es el transitar diario”, dijo Petit.

A los 500 beneficiarios del Plan de Inclusión Asistida (PIA) se les entregará una Tarjeta Uruguay Social con un saldo mensual de $ 1.640 para cubrir necesidades básicas. Esta prestación se dará durante los siete meses que dure el plan piloto. También recibirán tarjetas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) con un equivalente a $ 400 en boletos por mes. “En el caso de que decidas vivir en el interior del país, la tarjeta cubrirá hasta $ 200 por única vez y te daremos un voucher canjeable por un boleto interdepartamental”, aclara la carta, a la que accedió El País, que se le entregará a los destinatarios del plan. Además, se les asignará un comedor o punto del Instituto Nacional de Alimentación “para que estén tranquilos de que tiene contemplada su alimentación diaria”, indicó Lema. Y se les garantizará el resguardo en uno de los centros del Mides, en caso de que no tengan dónde dormir. “Contamos con programas para apoyarte en la búsqueda de empleo y el desarrollo de habilidades laborales”, agrega la carta. Por otra parte, el Parlamento tiene a su estudio iniciativas también vinculadas al egreso de las personas privadas de libertad. La comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes recibió ayer a una representante del Mides para escuchar su opinión sobre el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto sobre “tratamiento integral y rehabilitación de las personas con uso problemático de drogas imputadas por delitos relacionados o no al mismo”.