En el año 1726 llegaron desde las Islas Canarias las primeras 13 familias para fundar Montevideo. La Corona española incentivó su arribo con el objetivo de establecer una población efectiva y así resguardar sus intereses frente a los portugueses. La historia cuenta que estos pioneros recibieron a cambio de su afincamiento suertes de estancia y cabezas de ganado.

Casi 300 años después el diputado colorado Conrado Rodríguez recordó ese episodio, al compararlo con el objetivo de su propuesta, que está a medio camino de cristalizarse: la creación de una Comisión de Expertos en Política Poblacional. La iniciativa está incluida en la Rendición de Cuentas y ya tiene sanción de la Cámara de Representantes. Sus integrantes tendrían el cometido de analizar el desafío, sobre todo a la luz de lo que serán los resultados del último censo nacional de población, que sigue abierto.

Esta comisión deberá examinar los impactos de la dinámica demográfica actual y las políticas destinadas a evitar o a disminuir sus componentes o impactos negativos. También tendría a su cargo el análisis de las experiencias que pueden haber resultado exitosas a nivel internacional para, finalmente, efectuarle recomendaciones a las autoridades, que podrán traducirse en leyes. La comisión estaría bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

En diálogo con El País, Rodríguez planteó que habrá que discutir qué cambios hubo a nivel cultural y social, si son suficientes las políticas públicas destinadas al cuidado de los niños y si eso afecta la decisión de las familias a la hora de tener hijos. También, continuó, considerar qué factores económicos condicionan esta decisión, o si es necesaria una política que facilite una nueva “oleada migratoria” y si debe ser el Estado el que la lleve a cabo.

El diputado colorado recordó que la reciente discusión de la ley que reformó el sistema jubilatorio dejó en claro el problema que enfrenta Uruguay, cuyo impacto va más allá de la sustentabilidad de la seguridad social.

El gobierno acompañó esa ley con un estudio que indicó que la población decrecerá hacia el final de este siglo a 2,7 millones para el año 2100. Un fenómeno explicado en parte por una grave caída en los nacimientos, que el país arrastra desde hace más de 25 años. En 1996 hubo 59.000, mientras que en 2021 fueron 34.600.

En términos económicos, apuntó Rodríguez, esto se traduce en que menos activos tendrán que financiar a más pasivos, al mismo tiempo que una menor población disminuye las posibilidades de inversión y crecimiento. “Uruguay debe trazar con seriedad una hoja de ruta de largo aliento, que implique tratar este tema a través de una verdadera política de Estado”, dijo el diputado. “Será la primera vez después de mucho tiempo que se estudien herramientas para promover un crecimiento poblacional que impulse la sustentabilidad del país”, concluyó.

En una entrevista que publicó El País el pasado domingo el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal, adelantó la primera conclusión general que tendrá el censo nacional de población que todavía se está desarrollando.“No seremos más de 3,5 millones”, aseguró. Esto implica que Uruguay tendría hoy unos 100.000 habitantes menos que lo que indicaba la estimación de 2018.

De todas formas, al director del INE no le sorprende el resultado porque visualiza una “tendencia mundial” a la baja en la población. Pero reparó que mientras la población de América Latina comenzaría a decrecer en 2060, Uruguay ya inició ese camino en 2020.

Ante este escenario, Aboal apoya la propuesta de Rodríguez. “Seguramente, no haya tema más importante para el Uruguay de las próximas décadas que pensar qué implica esta transición demográfica para las políticas públicas”, dijo.

Ya en 2018 el Parlamento discutió el desafío poblacional y demográfico que enfrentaba Uruguay y las posibles políticas para encararlo. En junio de ese año y en un evento especial dedicado al tema el sociológo Ignacio Pardo aseguró que existía un consenso “fuerte y casi total” de que las medidas “puramente natalistas”, en donde se paga por tener más hijos, no tienen resultados importantes.

Pardo puso de ejemplo a España que otorgaba un “cheque bebé” de 2.500 euros por cada nacimiento y cuyo beneficio se terminó retirando en 2011.

“Se llegó a la conclusión de que no tocaba casi nada las tendencias de fecundidad”, sostuvo el experto.

En ese evento la demógrafa Wanda Cabella resumió las “tres obsesiones básicas” de Uruguay. “Somos viejos, somos pocos y seremos menos”, afirmó en aquel entonces.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi está trabajando en un proyecto de ley para la “protección de la maternidad y la primera infancia” cuyos beneficiarios directos serían las mujeres embarazadas y las madres y padres de niños de corta edad. Uno de los capítulos de la iniciativa está referido a una serie de apoyos financieros a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el incremento a 40 Bases de Prestación Contributiva (BPC) -equivalentes hoy a $ 226.000- el monto de deducciones habilitadas por los gastos de educación, alimentación, vivienda y salud, por hijo, para los contribuyentes con hijos menores de edad cargo. El monto podría duplicarse en los casos de hijos con discapacidad grave, o de declarados incapaces. De concretarse, estos beneficios deberían ser previstos en la próxima ley de Presupuesto quinquenal, que elaborará el próximo gobierno durante su primer año de gestión, en 2025,

La propuesta del diputado nacionalista incluye además una serie de facilidades para las mujeres que trabajen o estudien, para quienes estén en gestación o tengan niños pequeños que se sumarán a la extensión de subsidios o licencias por maternidad o paternidad.