Con 15 votos en 28 presentes, todos de la coalición de gobierno, el Senado respaldó ayer, luego de más de 10 horas de sesión, al ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, ante la interpelación a la que fue sometido por la situación del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

Fue un final previsible luego de los cuestionamientos del Frente Amplio (FA), que había promovido el llamado a sala al jerarca y por su intermedio a las autoridades del organismo, para que explicaran el estado de los centros de atención para los menores de edad, luego de que se registrara la muerte de una adolescentede 16 años que, embarazada, estuvo bajo el amparo de la institución y, se presume, fue víctima de explotación sexual. La joven murió el 8 de mayo, por complicaciones tras una cesárea a raíz de un parto prematuro. Se trató, además, de la primera muerte materna producida en el país en lo que va del año.

Para la coalición de gobierno, las autoridades observaron un "estricto cumplimiento y apego a los previsto en la Constitución" en torno a este caso.

La interpelación fue liderada por la senadora frentista Silvia Nane (La Amplia), que optó por ir de lo particular a lo general para describir como "insostenible" la situación que se vive en los hogares del INAU, y que, a su entender, quedó al descubierto ante la tragedia de Rivera. “El problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema, que si no lo miramos, no lo vamos a entender”, dijo.

La bancada de la coalición de izquierda promovió sin éxito el pedido de renuncia de todas las autoridades involucradas. El pedido, incluso, involucraba a "todo el directorio" del INAU, sin dejar de lado a la representante frentista, Natalia Argenzio. Tampoco logró sacar adelante una solicitud para que el Poder Ejecutivo decrete la "emergencia nacional de las infancias y adolescencias", y que disponga de recursos extrapresupuestales para atenderla.

En su intervención, Nane repasó una serie de datos para demostrar su afirmación. Entre otros, que el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), indicó que en 2022 que el 30% de los menores que fueron víctimas de explotación sexual estaban bajo protección estatal. El 75% de esos casos sucedieron, precisamente, en Rivera. También que, entre 2020 y 2023, los oficios del Poder Judicial reclamando la intervención del INAU ante la vulneración de derechos de menores pasaron de 24.500 a más de 56.000

Además, aseguró que entre esos años el ingreso de menores a centros del INAU creció 21%. "¿En serio no hay nada que hayamos podido hacer, antes de recurrir a la institucionalización, cuando se nos venían los gurises encima?" se preguntó la senadora, que afirmó que gran parte de estos ingresos estuvieron vinculados a la pobreza que enfrentaban sus familias. "Nadie elige dónde nace", afirmó.

Además de repasar una serie de casos en los que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) detalló graves problemas edilicios, superpoblación y violencia en diversos centros de la institución, Nane se detuvo en un viejo factor que terminó desencadenando lo sucedido en Rivera: las "salidas no autorizadas" de menores de los centros. En 2023 fueron más de 9.400 casos, lo que según la senadora expone a los adolescentes a ser víctimas de explotación sexual.

Datos oficiales señalaron al respecto que la joven fallecida había tenido 17 "salidas no acordadas" durante su estancia en la institución. Una denuncia ante Fiscalía indicó en noviembre del año pasado que la joven fue parte de una red de explotación sexual, que enviaba a las menores a la fronteriza Santana do Livramento.

"Es imprescindible que pensemos urgente algo que cambie, aunque sea un poquito para bien, la vida de estos gurises", sostuvo Nane, que lamentó que las autoridades "no respondieran" las 66 preguntas que hizo.

Búsqueda informó este jueves que la Inddhh inició una investigación de oficio sobre el centro de Rivera. Se indica que en tres casos concretos existen "elementos de presunción de situaciones de explotación sexual".

En su intervención el presidente del INAU, Guillermo Fossati, repasó algunos conceptos que utilizó al ser entrevistadopor el caso por El País a mediados de julio. El jerarca afirmó que resulta necesario un mecanismo interinstitucional para así generar un "efectivo sistema nacional", fortaleciendo estructuras, para generar así un “efectivo sistema nacional" que defienda los derechos de los menores. Además, insistió en su postura en favor del acogimiento familiar de estos adolescentes, antes que recurrir a su institucionalización.

Con una afirmación que generó sorpresa en la senadora interpelante, Fossati ratificó que "efectivamente y lamentablemente", debido a las situaciones que atraviesan, "algunas adolescentes" bajo el amparo del INAU -como la fallecida en Rivera- "terminan perdiendo la capacidad de poner freno a sus conductas y se enfrentan a riesgos".

Según lo informado por las autoridades del INAU durante la sesión, salvo en un caso, todos los funcionarios que integraban el equipo del Hogar Femenino donde estuvo alojada la adolescente fallecida siguen en sus puestos. La bebé de esta chica está hoy en otro centro del instituto. El día 3 de setiembre se celebrará una audiencia para determinar su futuro desde el punto de vista jurídico.