Redacción El País
El Frente Amplio considera que Carlos Albisu representaba la “punta del iceberg” de un cúmulo de irregularidades y episodios que rayan con el clientelismo y la corrupción. Por ello, ahora enfoca sus baterías en los otros dos integrantes de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, el colorado Nicolás Irigoyen y el nacionalista Daniel Arcieri, a los que definen como igualmente responsables de la situación.
El pedido será concreto: los dos dirigentes deberían seguir el camino del presidente de la delegación y renunciar. Durante la reunión de ayer el Secretariado Ejecutivo de la coalición de izquierda comenzó a definir la estrategia que implementará el 3 de octubre en la interpelación que realizará sobre el tema a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.
El presidente de la fuerza opositora, Fernando Pereira, adelantó que allí se reclamará una clara condena de todo el sistema político a este tipo de conductas. “Es una vergüenza nacional”, lamentó Pereira al señalar que el oficialismo debe hacerse cargo. “Todos sabían que Albisu tenía un gobierno paralelo en Salto”, afirmó.
Si las renuncias no se dan, esto incidirá en la postura que el Frente Amplio adopte al término de la interpelación, ya que podría encontrar eco de sus planteos en Cabildo Abierto, que ha sido el más duro crítico de lo sucedido en Salto Grande en filas de la coalición de gobierno.
El interpelante será el diputado Nicolás Viera (MPP), que adelantó a El País que se exigirá que los 35 contratos directos, que beneficiaron a militantes blancos y colorados, sean dejados sin efecto. Cargos que, apuntó, fueron creados para los jerarcas que luego los ocuparían y que suponen al año un gasto de US$ 2 millones.
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