DE CARA AL REFERÉNDUM

Representantes del Pit-Cnt y el Frente Amplio iniciaron una gira por todo el país para agradecer a los militantes el trabajo realizado para conseguir las casi 800.000 firmas contra la ley de urgente consideración (LUC). El aumento del precio de los combustibles ocupará un lugar central en la campaña desplegada.

Los que están recorriendo el territorio son Fernando Pereira y Marcelo Abdala, por la central de trabajadores; y Eduardo Brenta, Óscar Andrade, Alejandro Sánchez, Rafael Michelini, Sandra Lazo y Silvia Nane, por el Frente Amplio.

“Primero hacemos una suerte de agradecimiento y después se instalan las comisiones que van a trabajar en cada departamento”, explicó Brenta a El País, mientras se encontraba en Melo junto a dirigentes del Pit-Cnt y otras organizaciones sociales. “Como Frente Amplio vamos a poner toda la carne en el asador, para nosotros lo principal es el referéndum”, aseguró el senador.

Hasta ayer, la Corte Electoral llevaba validadas 129.573 papeletas y el porcentaje de rechazo rondaba el 10%. Se calcula que a mediados de noviembre se oficializará el referéndum -el que todos los partidos políticos dan como un hecho-, y luego se dispondrá de 120 días para convocar la consulta popular. En conclusión, entre fines de marzo y principios de abril, tendría lugar la instancia.

Al no ser “sencilla” la explicación de los 135 artículos de la LUC que se quieren derogar, Brenta dijo que el debate se centrará en aspectos relacionados a decisiones del Ejecutivo, entre ellos el aumento del precio de los combustibles.

El senador señaló que se están difundiendo los contenidos de la ley “en el marco de una coyuntura y de un programa de gobierno”. “Era lo que nosotros llamábamos el programa oculto y por eso vamos a resaltar los incumplimientos de las promesas electorales, por ejemplo en el caso de los combustibles”, adelantó.

Como uno de los puntos centrales de la campaña, mencionó al papel de las empresas públicas y lo que la oposición entiende como “una reducción del rol del Estado”. También se hablará del tema de la portabilidad numérica (que habilita a los usuarios de celulares a cambiar de compañía sin perder el número de teléfono), lo que creen que perjudica a Antel.

Brenta cuestionó “que el gobierno considere un éxito el ahorro en el marco de un país que tiene hoy 100.000 nuevos pobres”, y este concepto también será parte de la campaña.

Más allá de lo general, cada sindicato defenderá lo propio, por ejemplo en el tema de la educación habrá una campaña fuerte de Fenapes.

En seguridad, el FA saldrá a contrarrestar el argumento del oficialismo, acerca de que se debe mantener la LUC para que no aumenten los delitos. “Es una herramienta del miedo y nosotros lo que vemos es que a nivel internacional hay una caída de los delitos que se atribuye básicamente al confinamiento”, opinó Brenta.

En tanto, Michelini participó ayer de una charla con Pereira, el presidente del Pit-Cnt, en la sede de Fancap en Paysandú, y hoy encabezará otra actividad en Fray Bentos. Consultado por El País, resaltó que la coalición ahora tendrá que confrontar políticamente.

“Los dioses deberán bajar del Olimpo y debatir sobre los 135 artículos de la LUC. Tendrá lugar lo que no se hizo en el Parlamento, ahora no podrán rehuir a la discusión”, señaló.

El 19 de agosto está en agenda de la comisión prorreferéndum una recorrida del senador del MPP Alejandro Sánchez por el interior. Pero él ya desde hace semanas viene visitando diferentes departamentos en agradecimiento de la militancia. Estuvo en Artigas, Durazno, Flores, Dolores, Cardona y Minas en eventos del MPP.

“Soy de los que piensa que no se puede estar en el Parlamento encerrado, así que tengo planteado salir permanentemente a recorrer”, explicó Sánchez a El País. Esto implica que miércoles, jueves y viernes -cuando no hay sesiones- estará en el interior. Los sábados y domingos se centrará en Montevideo y Canelones. El tema de los combustibles será central, confirmó Sánchez.

Otro aspecto que considera fundamental es el efecto de la LUC en materia de los alquileres, dado que hoy hay 70.000 personas que alquilan sin garantía y en la ley se termina creando un sistema que en su opinión “les quita derechos”.