Momento decisivo

El viernes presentarán las firmas; la reglamentación está a la espera.

Hace un año casi el Poder Ejecutivo promulgó la ley 19.553 “Riego con destino agrario” con una clara intención: intensificar la producción agrícola y prepararla mejor para lidiar con las sequías atrayendo más inversión privada. Pero la aplicación de la norma está hoy en duda. Las organizaciones que impulsaron todo este año la recolección de firmas para poner a referéndum su derogación están entusiasmadas. Creen que el próximo viernes podrán presentar a la Corte Electoral las más de 600.000 firmas que necesitan para que se convoque a un referéndum que seguramente se realizaría en forma simultánea con las elecciones nacionales del próximo año. María Selva Ortiz, de la Red de Amigos de la Tierra, dijo a El País que la última evaluación que hicieron indicó que contaban con más del 20% del padrón electoral, o sea más de 400.000 rúbricas. Los impulsores de la derogación necesitan llegar al 25%. Ortiz aseguró que también se procurará dejar sin efecto la norma con la presentación de recursos de inconstitucio-nalidad.

La campaña contra la ley generó una heterogénea coalición. Participaron el Pit-Cnt, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Red Amigos de la Tierra, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la senadora blanca Carol Aviaga, que adhiere a la precandidatura presidencial del senador Luis Lacalle Pou; el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Humanista, el diputado frentista Darío Pérez, Unidad Popular y el Partido por la Victoria del Pueblo, contó el presidente del sindicato de OSE, Gustavo Ricci. Quieren presentar 650.000 firmas porque algunas inevitablemente serán descartadas. El esfuerzo tuvo un envión en jornadas realidad en setiembre y el 3 y 4 de este mes en las que se involucró fuertemente el Pit-Cnt. Ricci resume así su crítica a la denominada “ley de Riego”: “privatiza, mercantiliza y contamina”.

El senador suplente socialista Yerú Pardiñas, decidido impulsor de la iniciativa, reconoció que es probable que el Poder Ejecutivo esté demorando la promulgación de dos decretos reglamentarios sobre la ley para que se clarifique el panorama. Una de las grandes novedades de la ley es que permite que participen como socios en sociedades de riego, aportando capital, actores que no son productores agropecuarios, incluso extranjeros, para afrontar mejor inversiones que suelen ser voluminosas y que se amortizan a largo plazo. “Excepcionalmente, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la participación de entidades o fondos propiedad de nacionales o extranjeros, siempre y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante y contribuya a la aplicación de tecnologías innovadoras para elevar la producción y la productividad del sector”, dice la ley.

Actualmente el riego es utilizado fundamentalmente en el arroz, la hortifruticultura y la caña de azúcar. Con la creación de la Asociaciones Agrarias de Riego y las Sociedades Agrarias de Riego se busca extender el riego aún más a la agricultura de secano (fundamentalmente la soja, pero también el maíz, el sorgo, etcétera) y los cultivos de pasturas. “Esto no solo apunta a aprovechar el potencial productivo sino a darle sustentabilidad. La última cosecha de soja fue mala pero en chacras del litoral regadas, el rendimiento fue tres veces superior al de otras”, dijo Pardiñas.

La campaña de los opositores a la ley, según Pardiñas, “generó gran confusión en la gente con argumentos que poco tienen que ver con la producción agropecuaria y que azuzan temores ambientales”.

Uno de los grandes argumentos de los ambientalistas es que la proliferación de embalses (con “aguas lénticas”, que no corren) propaga la contaminación, pero Pardiñas rechaza de plano el argumento. “Los embalses multiprediales tienen un potencial de contaminación menor porque manejan un volumen mayor de agua que diluye los contaminantes. La contaminación está asociada a la urbanización o a prácticas agrícolas”, sostiene. La ley que se cuestiona incorpora además garantías adicionales porque incluye y define el concepto de caudal ambiental en las cuencas (que supone una especie de “mínimo” de agua para la preservación de los ecosistemas) y porque los proyectos de obras (canales, represas, embalses) deberán tener una evaluación de su impacto ambiental y ceñirse a un plan de manejo de suelos y aguas.

María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, cree que “los embalses, ríos y arroyos ya están comprometidos con elevados niveles de fósforo”. “Las lagunas, embalses y lagos son ecosistemas que favorecen la floración de algas y la pérdida de oxígeno en los cauces”, sostiene. Pero los ambientalistas manejan una objeción más de fondo: no quieren una intensificación de la producción agrícola que lleve a un incremento en el uso de los plaguicidas. Ortiz cita un trabajo publicado en la revista “Science of the Total Environment” que estudió en 2015 peces del río Uruguay y del Negro capturados cerca de San Javier y Nuevo Berlín (Río Negro) y Mercedes (Soriano), en zonas de agricultura de secano. De los 149 peces analizados, 143 (96%) contenía en el tejido muscular al menos un pesticida detectado o cuantificado. En promedio se detectaron 4 pesticidas por pez. También se tomaron muestras cerca de San Gregorio de Polanco (ubicada en una zona ganadera y forestal de Tacuarembó). En la zona de secano se detectaron 28 plaguicidas y en la ganadera solamente dos. Para Ortiz, llegó el momento de preguntarse si “hay que poner todos los huevos en la misma canasta o diversificar”.

En 2017 docentes de la Sección Limnología de la Facultad de Ciencias elaboraron un documento en el que advirtieron de los efectos de incrementar las represas. “Si el agua represada trae consigo una carga importante de nutrientes proveniente de la fertilización agrícola excesiva, como está sucediendo en varias zonas del país, se incrementarán los procesos de eutrofización en el embalse. Si recibe una alta carga de materia orgánica, al acumularse y descomponerse se puede agotar el oxígeno disuelto, afectando a la biota y a los valores estéticos (aspecto, olor) del ambiente, y liberando más nutrientes al medio. Estos factores aumentan el riesgo de que se desarrollen floraciones algales y de cianobacterias potencialmente tóxicas”, decía.

carol aviaga

Senadora nacionalista

“El riego es necesario, pero no estoy de acuerdo con el dominio del agua de parte de corporaciones privadas. No se puede pensar en desarrollar el riego sin tener en cuenta el ordenamiento territorial por cuencas”, dijo la senadora nacionalista, que firmó para derogar la ley. Durante la discusión parlamentaria acusó al exministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, de querer beneficiarse con la ley.

yerú pardiñas

Senador socialista

El legislador socialista apoya la ley y enfatiza que es muy importante, que una vez que sea reglamentada en su totalidad, sea clara. Para el senador la campaña contra la ley se basa en una “gran confusión” porque insiste en que hay una privatización del agua “y eso es un gancho muy importante”. Los argumentos “ambientales” en contra “son muy traídos de los pelos”, sostuvo.

alejo umpiérrez

Diputado blanco

El diputado blanco por Rocha, Alejo Umpiérrez, apoyó la denominada “ley de riego”, pero considera que “aunque lo regalen” hoy no hay condiciones para que crezca. Para Umpiérrez será fundamental que UTE adopte una política tarifaria respecto a sus cargos fijos que permita la difusión del riego que es utilizado solamente algunos meses al año en lugares determinados.