Redacción El País
El primer cambio visible entre el Consejo de Ministros de este gobierno de Yamandú Orsi y los que se hacían en la administración de Luis Lacalle Pou se vio en cualquier fotografía de la reunión de gabinete de la gestión frenteamplista que se hizo en la mañana de este martes: la ubicación del presidente. Orsi se sentó en la cabecera de la larga mesa de la sala del piso 11 de la Torre Ejecutiva, a diferencia del lugar que elegía el mandatario nacionalista, que solía sentarse en el centro de uno de sus costados.

En segundo término, la extensión: la primera reunión de gabinete de este período de Orsi duró cerca de cuatro horas —más que la gran mayoría de las reuniones ministeriales de la administración pasada—. Y fue la instancia elegida por el exintendente de Canelones para delinear —y comenzar a ejecutar— lo que él mismo llamó "ejes programáticos" de lo que será su gestión, y que abarcan algunos componentes de las bases programáticas del Frente Amplio y de compromisos hechos en campaña electoral, como ya se verá.

Fueron un total de cinco prioridades las señaladas en el encuentro, a las que se refirió de arranque al tomar la palabra en el Consejo, y que luego detalló en conferencia de prensa. Pero también fue un espacio —como suelen ser siempre estos encuentros— para que los ministros expongan a su vez sus propias prioridades o actualicen el estado de situación de sus respectivas secretarías.

Así, por ejemplo, el titular de Relaciones Exteriores, Marío Lubetkin, hizo un resumen de lo que han sido sus intervenciones públicas hasta el momento, y en las que marcó las principales directivas de la Cancillería. De este modo, el canciller hizo hincapié en la apuesta que hará Uruguay para fortalecer sus lazos con la región, lo que implica no solo continuar consolidando las relaciones bilaterales con los países vecinos sino también con los bloques de integración de la zona, como el Mercosur y la Celac.

El canciller también se refirió a la importancia que tendrá, en la política exterior de este gobierno, las relaciones con los países "del sur", y el posicionamiento en el que ya está trabajando Uruguay para ser un país de referencia para mediar en los conflictos militares a lo largo del mundo y tender a la "pacificación".

Fue un primer encuentro, señalaron a El País las fuentes consultadas, de varios que se prevén para este período. De hecho, la periodicidad pensada es de una reunión "cada 15 o 20 días".

Uno de los temas principales dialogados en la reunión, y que en la previa ya se había adelantado que estaría presente, fue la renegociación del contrato firmado por el gobierno Lacalle Pou para la construcción de una nueva planta de agua potable en la zona de Arazatí (San José), una inversión con la que este gobierno tiene varios reparos, como la ubicación del proyecto y cuestionamientos ambientales que pese a algunos cambios introducidos el año pasado todavía están vigentes.

Lo que se anunció en la Torre Ejecutiva no tuvo mayor novedad en este sentido —Orsi dijo que la "posición crítica" que tiene al respecto empuja al Poder Ejecutivo a "generar un ámbito de renegociación" con el consorcio privado—, pero integrantes del gobierno señalaron a El País que el abordaje del asunto tuvo también por objeto que "se jerarquizara el tema desde Presidencia" y se comenzara a sentar una posición sobre el camino a seguir en el diálogo con los empresarios, más allá de la opinión puntual que puedan tener ministros y jerarcas que estarán involucrados en las negociaciones.

El otro punto tratado en la reunión tuvo que ver con la firma de un decreto con la finalidad de conformar la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, ámbito donde tendrá lugar el anunciado "diálogo social" para reformar, entre otros aspectos, el sistema de jubilaciones y pensiones, como prometió el Frente Amplio en campaña electoral.

"Esa responsabilidad recae en los hombros de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)", dijo Orsi, sobre el organismo que presidirá la comisión, y que también integrarán el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Previsión Social.

Rodrigo Arim, director justamente de la OPP, dijo no obstante que el debate que se dará en ese ámbito recién creado abordará toda "la matriz de protección social" y no solamente los aspectos jubilatorios y la promesa de campaña que hizo el Frente Amplio de bajar a 60 años la edad mínima jubilatoria —que subió a 65 con la reforma previsional aprobada en el gobierno pasado.

"La edad de jubilación será un componente que estará dentro del espacio de discusión. Luego veremos cómo evoluciona más en general, pero no es para nada ni excluyente ni exclusivo del diálogo social", advirtió sobre esto el exdecano de la Universidad de la República, que habló luego de la necesidad de que el sistema vaya hacia "ciertos grados de flexibilización de los mecanismos de la jubilación pero a la misma vez mantener el supuesto básico de que en la medida que la esperanza de vida de las personas vaya aumentando, es también importante generar los incentivos para que las personas sigan desarrollando su vida laboral".

Este diálogo, agregó, deberá presentar conclusiones al final del primer semestre de 2026.

Como cuarto anuncio, Orsi aseguró que su gobierno ya envió un proyecto de ley con "un marco normativo legal para resolver el tema del Casmu", en referencia a otra iniciativa que busca habilitar por ley la liberación del último tramo del fideicomiso para esta mutualista, un crédito de US$ 56 millones ya aprobado el año pasado (ver recuadro).

Por último, anunció la prórroga por al menos un año del descuento de nueve puntos de IVA en restaurantes pagando con tarjetas de débito y crédito, beneficio cuya finalización estaba prevista para el 9 de abril.