PUERTO DE MONTEVIDEO

El intendente de Canelones, el frentista, Yamandú Orsi, cuestionó la extensión por 50 años de la concesión portuaria a la empresa belga Katoen Natie, propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada de contenedores) y exigió transparencia sobre el acuerdo alcanzado.

La empresa belga comunicó la semana pasada que acordó con el Estado desistir de un juicio internacional e invertir unos US$ 460 millones, así como la extensión del plazo de la concesión por 50 años. 

Mediante una carta dirigida al gobierno sostuvo que tomando en cuenta los 10 años que restan de la concesión que ya tenía, el Estado se comprometió “por los próximos 60 años, condicionando así a los próximos 12 gobiernos nacionales” y en “un sector clave, el de la logística y en particular el puerto de Montevideo”.

“Considerando la historia nacional, desde la colonia al presente y el papel que ha jugado el puerto de Montevideo en ello, la concesión por 50 años me obliga a formular una serie de preguntas y consideraciones. Estamos hablando de una empresa que, en virtud de una resolución de este gobierno, manejará por otros 60 años un resorte fundamental de nuestra economía y por lo tanto de nuestro país.

Se anuncia que el acuerdo al que llegó el Estado con la empresa fue para evitar un juicio iniciado por esta última por 1500 millones de dólares. Una cifra algo más que llamativa, por cierto. En el remate por la terminal, en 2001, la compañía belga pagó 17.100.000 dólares e invirtió 200 millones de dólares. Obtuvo ganancias durante 20 años, por el 80% de las acciones de TCP”, escribió.

En ese sentido, Orsi refiere a “exitosas experiencias recientes” en las que Uruguay ganó como los casos de “Philip Morris y Aratirí”.

Por esto, plantea, que “la amenaza a un estado soberano como el Uruguay, practicada en reiteradas ocasiones por la empresa, resulta difícil de asumirla como argumento para ceder poder y el control estratégico de buena parte del negocio portuario. Amén, claro está, del éxito obtenido por el país en los litigios ya mencionados”.

El intendente de Canelones criticó que “justamente en el cuello de botella de la entrada y salida de productos, ¿hacemos un acuerdo que impide la sana competencia?”. “¿Entregaremos la llave de nuestro principal puerto por 50 años sin un llamado?”, insistió.

“Capaz, las condiciones del acuerdo que desconocemos generan peores condiciones que un juicio a futuro. Quizás no. En cualquier caso, lo cierto es que la opacidad nunca es buena consejera. Abriga suspicacias y alimenta la duda permanente como anclaje para el análisis. Buena cosa sería entonces informar, explicar y argumentar. Aclarar en definitiva. Nada más ni nada menos”, dijo.

Orsi cuestionó si la inversión prevista de US$ 450 millones es para los próximos 60 años de concesión o en qué plazo porque tomando en cuenta ese lapso “resulta una cifra realmente muy exigua, de apenas 8 millones por año”.

Y sumó otras preguntas en su carta: “Por ejemplo, el anuncio de que se dragaría hasta la profundidad de 14 metros en el canal de acceso al puerto hasta casi la isla Libertad está en franca contradicción con el texto del Tratado del Río de la Plata que autoriza un dragado máximo de 13 metros. Una nueva pregunta ¿Quién se hará cargo de los costos de ese dragado del canal de acceso? Esta observación la realizó González Lapeyre, que es además profesor de derecho internacional marítimo de la academia de La Haya. ¿Ha sido considerada esta limitante? ¿Con este acuerdo no se estaría violando precisamente el espíritu y el texto de la Ley de Puertos aprobada durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera? Alude, nada menos que el principio de la libre concurrencia en los puertos uruguayos y la obligación del Estado de asegurarla”.

Por otra parte, suma: “¿Los antecedentes de la compañía de quererse desligarse de su paquete accionario en Terminal Cuenca del Plata y esta cesión de derechos por otros cincuenta años no hace legítima la pregunta, de si es factible una operación de venta por lo que la empresa belga obtendrá enormes beneficios adicionales? ¿Existe en el acuerdo entre las partes alguna limitación para que Katoen Natie y sus propietarios no pongan nuevamente a la venta el 80% de TCP y se aprovechen de esta concesión del gobierno uruguayo para obtener una enorme ganancia? ¿El Estado uruguayo podrá opinar cuando se ponga a la venta esta concesión? ¿Cuál será el canon que se abonará al estado uruguayo?”.