Redacción El País
El candidato presidencial por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, aseguró este miércoles que "vivir en calle no es una opción" y que , como sociedad, en Uruguay "no tenemos derecho a que haya gente que viva así". En ese contexto, el postulante otorgó un apoyo crítico a la ley de Internación Compulsiva que, promovida por el gobierno, viene implementándose desde el pasado domingo.

"Algo hay que hacer, la situación no da para más" expresó Orsi, en el tramo final de su presentación en un ciclo organizado por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en donde la entidad gremial procura conocer la postura de los diferentes candidatos en políticas de salud pública.

Orsi, de todas formas, exhortó a "llamar a las cosas por su nombre" y remarcó que lo importante, más allá de la "foto" del traslado de estas personas, es saber qué pasará con ellas. "Son sacados del lugar en el que malviven, pero la población tiene que saber que algo va a pasar", dijo. "No deberíamos quedarnos con la noticia de que los trasladaron, sino con qué pasa después, dónde termina esa gente y qué tanto del protocolo previsto genera una intervención real, o si se trata de una puerta giratoria", reclamó.

El candidato reconoció que la ley que recientemente comenzó a implementarse no representa una "solución fácil" y que la lectura sobre ella dista de ser unánime a nivel político, sobre todo en su partido. También que la situación de las personas que viven o pernoctan en calle obedece a un problema de fondo. "Pero, mientras, tanto, busquemos alternativas", señaló.

La aplicación de esta ley fue cuestionada por varios actores relevantes del FA y por las intendencias de Canelones y de Montevideo, que sin embargo acordó este miércoles integrarse a su implementación.

Foto: Archivo El Paía

Durante su presentación ante el SMU, Orsi se apoyó, "por razones obvias", en la diputada Cristina Lustemberg, en el exdirectivo del sindicato Federico Preve y en el ex subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo. Allí se habló de cierto "retroceso" en cuestiones vinculadas al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que se prometieron corregir. Por ejemplo, en el fortalecimiento del primer nivel de atención.

Entre otros aspectos, se sugirió la posibilidad de incorporar ciertas "variables" al cálculo de las cápitas que reciben los prestadores, como la "vulnerabilidad social", la "dispersión territorial" o eventuales enfermedades crónicas de los pacientes. También el compromiso de que, a lo largo del próximo quinquenio, equiparar el gasto por el usuario entre los subsectores público y privado.