OSE presentará este martes la apelación al fallo del juez Alejandro Recarey contra el Proyecto Arazatí, confirmaron a El País fuentes del servicio descentralizado. El magistrado ordenó el 24 de junio suspender la firma del contrato entre la empresa pública y el grupo privado conformado por las empresas uruguayas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil.

Recarey definió antes de la feria judicial, que se extendió hasta este lunes, “ordenar” a la empresa que preside Raúl Montero que “no suscriba” el contrato con el consorcio privado que ganó la licitación en agosto de 2023 “hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”.

El magistrado tomó la medida tras “suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable”, aludiendo a una presunta contravención con el artículo 47 de la Constitución de la República.

Por otro lado, el mismo juez que suspendió la vacunación anticovid en menores de 13 años en julio de 2022, alertó por una posible “vulneración” de la Política Nacional de Aguas. Y apuntó que hay “extremos indiciarios serios” de que se “podría estar optándose por servir” a la población del área metropolitana de un agua de “menor calidad que la que podría disfrutar”.

Otro aspecto que cuestionó Recarey en su fallo, que derivó en una nueva polémica entre el oficialismo, la oposición y ambientalistas por el megaproyecto millonario, es que no se haya discutido “a fondo” las posibilidades de que pueda haber “sobrecostos gravosos” en las tarifas de agua.

OSE adelantó que iba a apelar a poco de conocerse el fallo del juez que resolvió suspender la firma del contrato para desarrollar una nueva planta potabilizadora en Arazatí (San José), a una hora de Montevideo, con el objetivo de reforzar el abastecimiento del área donde reside más de la mitad del país, que incluye un reserva de agua (pólder) y una planta de lodos. La producción de agua potable de la nueva planta sería de un tercio de la demanda actual de toda esa zona.

Arazatí "garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana, como es el acceso al agua potable", afirmó OSE en un comunicado, sobre la obra que implicará una inversión de US$ 300 millones por parte del consorcio privado, que le costará a OSE unos US$ 900 millones por el pago por disponibilidad de unos US$ 50 millones anuales, por 17.5 años, desde que se finalice la obra.

OSE también remarcó a fines de junio, en el mismo comunicado, que "se trata de un compromiso de este gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace muchos años, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país".

"Es la inversión más grande de los últimos 150 años en esta área. Para tomar dimensión de la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país el año pasado y su impacto en la calidad del agua", añadió la firma que preside Montero, que apelará este martes, un día antes de que se venza el plazo correspondiente.