La Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) recibió nueve multas desde que se creó el Ministerio de Ambiente a mediados de 2020. La suma totaliza unos US$ 77.168 a la fecha, dado que son 1.810 Unidades Reajustables (UR). Las irregularidades se registraron en Canelones, Flores, Durazno, Maldonado y Rocha.
La sanción más reciente se aplicó en marzo de 2024 por su planta de tratamiento de efluentes domésticos en Trinidad, Flores. En realidad, son tres multas en una misma resolución ministerial: una por no instalar un sistema de desinfección en el tiempo que se le pidió, otra por incumplir los estándares de vertidos de dos parámetros, y una tercera por operar de forma continua con el bypass abierto vertiendo efluente bruto.
Esta no es la sanción más alta aplicada a OSE: en diciembre de 2022 se la multó porque vertió efluentes brutos de origen doméstico e industrial al arroyo Carrasco. En diciembre de 2021, desde el ministerio se realizó una inspección en una estación de bombeo en Canelones y se constató que no estaba operativa. Tras un ida y vuelta con la empresa estatal, Ambiente decidió hacerle pagar una sanción económica de 500 UR, unos US$ 21.317.
El motivo de la multa, indicó el ministerio en la resolución -a la que accedió El País-, fue “introducir en las aguas o colocar en lugares desde los cuales puedan derivar hacia ellas sustancias, materiales o energía susceptibles de poner en peligro la salud humana o animal, deteriorar el medio ambiente natural o provocar daños”.
Fue 2023 el año en el que más multas recibió OSE desde el Ministerio de Ambiente. Fueron cuatro por 560 UR, que son US$ 23.875 a la fecha. En enero, se sancionó por irregularidades en el sistema de tratamiento de efluentes domésticos de Sarandí del Yi. Todo surgió a partir de una denuncia que presentaron los vecinos, por la que después se constató que se hubo vertido efluente de origen cloacal sin tratamiento a curso.
Meses después, en julio, recibió otra multa por la planta de tratamiento y disposición final de efluentes de Punta del Este. El motivo: tener operativa la planta sin haber solicitado y obtenido la renovación de la Autorización Ambiental de Operación.
En diciembre llegaron las últimas dos de 2023. La primera se debió a su planta de efluentes domésticos de Castillos porque descargó efluente sin tratamiento mediante fuga de bypass y superó los parámetros máximos de tres variables. La segunda sanción se aplicó por una planta similar pero en Canelones. En este caso se incumplió el plazo establecido respecto del acopio de lodos que se generan producto del tratamiento del agua residual y precisan una correcta disposición final.
La primera que le aplicó el Ministerio de Ambiente estuvo relacionada con el sistema lagunar de tratamiento de efluentes en La Paz. La sanción económica ascendió a 100 UR, que son US$ 4.263 a la fecha. El motivo es que superó los límites de los parámetros Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y coliformes fecales. Así lo constató personal de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en una inspección en la planta.
El DBO5 “muestra la calidad del agua desde el punto de vista de la materia orgánica presente y mide cuánto oxígeno se consume para su depuración. (…) Es un parámetro utilizado como indicador de la carga orgánica vertida por efluentes de aguas residuales o efluentes industriales”, se explica en el sitio web de la cartera.