Redacción El País
Una “ley de orden público”, obligatoria para todos, que hace “tabla rasa” sobre el mundo del trabajo, que impone un “molde” sobre la negociación colectiva, que “vacía de contenido” los consejos de salarios y que implicará un impacto imposible de prever. Así se pronunció el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sobre el proyecto de ley del Frente Amplio que promueve una reducción gradual de la jornada de trabajo.

“El abordaje que se está proponiendo acá no nos parece el más adecuado”, señaló Mieres en un informe ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, que comenzó a discutir el tema. La razón: se trata de una resolución general, por ley, sin realizar una diferenciación entre sectores, o incluso entre empresas, que se considera indispensable.

El secretario de Estado apeló allí a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda el camino de la negociación colectiva por rama de actividad. Por esa vía, remarcó el ministro, debería discutirse y eventualmente definir una medida de estas características. Y para hacerlo, Mieres considera clave introducir un aspecto central: la productividad. “No es posible imaginar una reducción del tiempo de trabajo en una determinada unidad productiva sin que simultáneamente no se establezca algún tipo de entendimiento sobre la productividad”, afirmó. Productividad que, insistió, también varía en función de qué rama o empresa se trate.

Sin embargo, apuntó, el hecho de que la eventual ley vaya a ser “de orden público” y, por lo tanto, obligatoria, implica un obstáculo para la negociación colectiva.

Ante la comisión, el ministro planteó una hipótesis: qué pasaría si la ley estuviera vigente. “Hay un riesgo importante”, advirtió. Todas las empresas tendrán que pagar un mayor valor en función de las horas trabajadas. “Eso afecta la rentabilidad, y a la corta o a la larga, termina cortándose por el lado más fino”, aseguró. Y, como el 96% del trabajo en Uruguay es generado por pequeñas y medianas empresas, se verán obligadas a contratar más trabajadores para compensar la reducción de la jornada.

Estimaciones del ministro indican que, en cuatro años, la reducción implicará un incremento de 20% en el salario real de los trabajadores. Al mismo tiempo, un aumento de 4% anual en el costo laboral de las empresas en relación a las horas trabajadas. Mieres se preguntó allí si “eso es sostenible en el Uruguay de hoy”.

El ministro de Trabajo planteó otro riesgo: que esta sea otra ley de “saludo a la bandera y quedar bien”. Como la que estableció cuotas laborales por discapacidad, cuyo cumplimiento “es casi nulo”.

Mieres insistió en que Uruguay no ratificó el Convenio 147 de la OIT que habla de la jornada de 40 horas -que apenas fue aprobado por 15 países y que, además, indica que una medida de este tipo se haga en línea con otros convenios. Entre ellos, que tenga en cuenta la realidad de cada país.

El proyecto del Frente Amplio propone, en un plazo de cuatro años, llevar la jornada laboral de manera gradual a un máximo de 40 horas semanales para todos los sectores de actividad, sin reducción del salario. La presencia de Mieres significó uno de los primeros pasos del análisis del proyecto en comisión que, de todas formas, interrumpirá en breve su trabajo. A partir de este martes la prioridad del Senado estará en la Rendición de Cuentas.

Hay una larga lista de delegaciones que pidieron audiencia para opinar sobre la reducción de la jornada laboral. El objetivo es tratar de concretarlas todas este año.

Ante la comisión, Mieres anunció su intención de que la productividad ingrese al debate en el Consejo Superior Tripartito. “Nos parece un camino interesante, necesario y que está pendiente desde hace muchísimo tiempo”, dijo.

Es allí, indicó, donde también debería procesarse la discusión sobre la reducción de la jornada laboral.