Prueba de ADN para reconocer la paternidad, licencia para conducir a partir de los 16 años, y capacitación continua —con obligatoriedad de llevar adelante trabajo de investigación— para los políticos. Estos son solo tres de los varios proyectos de ley que presentó la ciudadanía en 2024 con la esperanza de que sean recogidos y llevados a la realidad por los legisladores.
Varias iniciativas —las personas pueden proponer ideas a través del Programa de Participación Ciudadana del Parlamento Uruguayo— están vinculadas al mundo laboral. Una de ellas tiene el objetivo de “mejorar la productividad y eficiencia en el trabajo" con la “prohibición del uso de dispositivos móviles y de fumar durante el horario laboral”, la que prevé también “sanciones económicas por incumplimiento". Además, el ciudadano que impulsa esta iniciativa quiere que se “penalice la llegada tarde y la salida anticipada sin justificación, con el objetivo de promover un ambiente laboral más responsable y cumplidor”.
Otra de las propuestas es que se elimine el aguinaldo —que se cobra en dos partes, en junio y diciembre— y el salario vacacional. La idea es que el dinero sea incluido en los salarios mensuales de los trabajadores para que “no pierdan el beneficio”. De aplicarse, “ni el empleador ni el empleado tendrán variación en su relación económica”, se argumenta en el proyecto disponible en el sitio web del Parlamento.
Además, el salario vacacional “carece de sentido porque casi todos los que realizan gastos extraordinarios en su licencia lo hacen mediante tarjeta de crédito”, considera y añade el redactro del proyecto. .
Una tercera iniciativa vinculada a lo laboral es la reducción de la jornada laboral a seis horas —idea que cobró fuerza dentro del Pit-Cnt en el último tiempo— sin variación salarial. ¿Cuál es el argumento de su impulsor? “Se puede estar más con la familia e inclusive buscar el multiempleo”.
Hay 122.151 extranjeros que viven en Uruguay —según el Censo 2023— y uno de los proyectos se dirige a estas personas. La idea planteada por un ciudadano es que los inmigrantes tengan que hacer “un programa de inserción cultural y lingüística como requisito para la obtención de la cédula de identidad uruguaya”.
Uno de los puntos del plan establece que deban tomar clases de español de manera obligatoria —en caso de que no lo comprendan—; así como también realizar cursos “sobre las costumbres, valores y normas sociales de Uruguay, con especial énfasis en el respeto a la cultura uruguaya”.
Las clases, además, se propone que tengan una evaluación que incluya “aspectos específicos del respeto cultural y la integración cívica”, y certifique su “capacidad para comunicarse en español”.
Otra idea que hizo la ciudadanía al Parlamento es la prohibición de la pornografía en Uruguay. La propuesta es que no se pueda reproducir “material pornográfico” online en el país, para lo que se quiere “bloquear todas las web de pornografía” al igual que se hace con los sitios de apuesta que no están habilitados.
Más ideas: ADN y políticos
“Es muy probable que una de las mayores desigualdades a la que históricamente se han enfrentado los hombres se denote en el momento del nacimiento de su supuesto hijo”. Así comienza la descripción de un proyecto de ley que busca que el “reconocimiento de la paternidad (legítima o natural) sea solamente con una prueba de ADN”, y que la prueba sea “obligatoria en el marco de, por ejemplo, la imposición de pensiones alimenticias”.
Uno de los argumentos es que “la certeza de que esa criatura es su hijo traería alivio al padre, fortaleciendo el vínculo emocional entre ambos”. Y continúa: “Un hijo representa una gran inversión en tiempo, energía y dinero para su padre; todo en pos de pasar su sangre a futuras generaciones. El descubrir que esa criatura no es su hijo es un insulto a su dignidad como hombre y como ser humano”.
También se refiere a las mujeres: dice que podrán verse “beneficiadas de esta prueba pero en hipótesis mucho más limitadas”, por ejemplo, cuando una madre “se lleve un bebé que no es suyo” por “errores en los centros de salud”.
En tanto, otro ciudadano propuso, que el Estado sea quien decida “si alguien está o no apto para procrear".
Los políticos también son objeto de legislación para la ciudadanía. Una de las propuestas es que se implemente un sistema de capacitación continua para que se mantengan actualizados “en temas clave que afectan la toma de decisiones” y la “formulación de políticas públicas”. Sería para “senadores, diputados, miembros de las comisiones parlamentarias, asesores parlamentarios, intendentes, ediles, alcaldes, presidentes de partidos políticos, secretarios generales de partidos políticos, y otros cargos políticos relevantes”.
Los implicados “deberán participar en programas ofrecidos por universidades e institutos nacionales o extranjeros, así como organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otras.
Cada “político deberá completar un mínimo de dos programas de capacitación al año”, cumplir con el 85% y “publicar un mínimo de un trabajo de investigación al año acerca de las políticas públicas y estrategias (relacionadas a la temática mencionada) implementadas en otros países, evaluando su impacto positivo y/o negativo”.
Otra de las iniciativas pide la prohibición de la tenencia, cría, adiestramiento y comercialización de las razas de perro rottweiler, doberman, dogo argentino y pitbull terrier “por considerarse potencialmente peligrosas”.
Por otra parte, alguie propone “una fuerte introducción a la salud emocional y psicológica desde la primera infancia, introducida como educación emocional en la curricula escolar con fuerte presencia y que se continúe luego en secundaria, pero que no se quede allí, que se siga el acompañamiento en facultad y ámbitos laborales como parte del prevencionismo laboral, y que también se incluya en el sistema integrado de salud el acceso a terapias y acompañamiento psicológico de fácil acceso”.
El año electoral influyó en las propuestas de los ciudadanos dado que uno de los proyectos “busca regular la colocación de publicidad política en espacios públicos para reducir la contaminación visual, aumentar la seguridad vial y mejorar la salud mental de los ciudadanos”. En ese sentido, se explica que la “normativa pretende equilibrar las campañas políticas con la preservación de la estética urbana y la claridad en las señales de tráfico”.
La iniciativa dice que “la exposición constante a estímulos visuales, como la publicidad política excesiva, puede tener efectos adversos en la salud mental de la población”. Y continúa: “Estos efectos podrían incluir un aumento del estrés, ansiedad y sensación de agobio. Al reducir la cantidad de publicidad política en espacios públicos, se busca promover un entorno visualmente más tranquilo y saludable”.
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