PROYECTO DE CABILDO ABIERTO

Era una sesión de la que se había hablado toda la semana y no era para menos: la Asamblea General se iba a reunir en pleno receso parlamentario para tratar el primer veto del presidenteLuis Lacalle Poua una ley que había alcanzado mayoría parlamentaria dejando por el camino a un oficialismo dividido. Porque la norma en cuestión -que proponía prohibir la plantación de eucaliptus en tierras que no fueran de prioridad forestal, y que tampoco se pudiera forestar más allá del 10% del total de hectáreas en el país- había transitado con éxito por ambas cámaras gracias a que el Frente Amplio prestó los votos a Cabildo Abierto, que impulsó esta iniciativa durante más de un año y medio, pese al rechazo generalizado del resto de sus socios.

La lectura que siempre se hizo en la coalición gobernante fue que la oposición buscó introducir una “cuña” en la alianza oficialista al ver que, por profundas diferencias de fondo en torno a un asunto complejo -qué política forestal debe llevar adelante Uruguay-, los socios del gobierno no solo no iban a acordar una posición común, sino que podía generarse un proceso de desgaste en el vínculo interno, producto de los constantes cruces públicos por este tema.

En la jornada de ayer esto no pudo evitarse -pese a la intención de los legisladores oficialistas-, y el Frente Amplio fue espectador en primera línea del chisporroteo ajeno, que en algún caso observó incluso con notoria satisfacción. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el senador del MPP Alejandro Sánchez fue a hacer uso de la palabra, y todavía estaba en el aire un reclamo del colorado Andrés Cianciarullo, que quería contestar una alusión personal del senador cabildante Guillermo Domenech -tal vez el principal exponente parlamentario que defendió ley- y que la presidenta de la Asamblea General no había permitido para no hacer interminable la sesión.

“Si el señor senador quiere una interrupción, con gusto se la concedo”, dijo entonces Sánchez, sonriente y haciendo una guiñada a la bancada oficialista, desde donde se escucharon varios agradecimientos irónicos.

Y así dio paso a la respuesta final de Cianciarullo -que no aceptaba que se dijera que el sector forestal empleara solo a 11 mil trabajadores, sino que a su criterio eran cerca del triple-, una polémica que se había iniciado cuando minutos antes Domenech pidió interrumpirlo para espetarle: “Simplemente, no vamos a admitir que nos den consejos. Nosotros no le damos consejos al Partido Colorado; sería bueno que no nos dieran consejos a nosotros”.

Por lo demás, en la sesión se repitieron los argumentos del pasado 15 de diciembre, cuando se debatió en el Senado la aprobación de la norma.

Los cabildantes y los frenteamplistas apuntaron tanto contra el veto de Lacalle Pou como contra el decreto presentado días atrás por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que formuló una regulación del sector forestal distinta a la propuesta por la norma en debate, e intentó sin éxito que funcionara como moneda de cambio y se desistiera la aprobación de la iniciativa legal.

Sánchez, pero también el diputado cabildante Rafael Menéndez, criticó que, a su entender, el decreto extendiera en 200.000 la cantidad de hectáreas que pueden forestarse.

Por parte del resto de la coalición oficialista se cuestionó que el Frente Amplio recién impulsara ahora una normativa de estas características, cuando no lo hizo durante los 15 años en que fue gobierno. “Un partido que tuvo mayorías absolutas durante los tres gobiernos que precedieron al actual tiene derecho, por supuesto, a cambiar de opinión, pero llama la atención que esa preocupación no hubiera surgido en estos 15 años”, dijo en ese sentido el diputado del Partido Independiente, Iván Posada.

En el Partido Nacional uno de los que se mostró más duro con la oposición fue el senador Sebastián Da Silva, que cuestionó en particular la intervención del diputado frenteamplista Alfredo Fratti, que apuntó contra el “impacto desestabilizador” del decreto de Peña, porque según dijo afecta “toda la cadena productiva”.

“Para hablar de campo hay que tener autoridad moral, la que muchos perdieron hace tiempo”, contestó Da Silva, que además rechazó que “gastados mercaderes del chamuyo” pusieran en duda “la condición campera de los blancos y de lo preocupado que está el gobierno de Lacalle Pou” por el campo.

El veto presidencial fue confirmado ayer por el voto de 53 diputados y 15 senadores. El artículo 38 de la Constitución establece que cuando un proyecto de ley es vetado la Asamblea General deberá resolver la situación según lo que “decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las cámaras”. Por eso es que, según dijo el senador Alejandro Sánchez, el veto “no ha quedado firme” por pronunciamiento expreso del Parlamento, en tanto que sí quedará cuando transcurran 30 días contando desde ayer. Ese es el plazo que tiene la Asamblea General para reunir la mayoría especial.