DEBATE LLENO DE AUSENCIAS

A casi un mes de iniciada la emergencia sanitaria, el gobierno quiere transitar el camino hacia la normalidad. Primero anunció la vuelta a clase en escuelas rurales. Después se comunicó la reactivación de la construcción y si la curva de contagio del coronavirus sigue achatada, los legisladores empezarían a tratar la ley de urgente consideración en la semana del 20.

Enviar el proyecto enseguida de Semana Santa no está en los planes, ya que forma parte de esas dos semanas “claves” de las que habló el presidente Luis Lacalle Pou y en las que se pidió especialmente a la población mantener las medidas de distanciamiento social para evitar contagios. Fuentes del Ejecutivo dijeron a El País que el primer mandatario pidió a sus ministros que aceleren los pasos de su agenda, para no quedar solo en el manejo de la emergencia sanitaria.

La decisión de hacer conocer primero el proyecto, que luego deberá ingresar formalmente al Senado, generó controversia entre el oficialismo y la oposición. En el Frente Amplio entienden que no es momento y en el Partido Nacional sostienen que no se puede esperar al día después para recién sentarse a analizar.

En principio son 45 artículos más que la propuesta original. Hay aspectos que se mantienen como la desmonopolización de Ancap y otros que desaparecieron como los relacionados a la derogación de algunas disposiciones de la ley de medios. Los mayores cambios se concentran en seguridad: se modifica el proceso abreviado y se crea la libertad a prueba, aunque se conserva la derogación de la libertad vigilada. 

Mientras que en educación se mantiene la libertad de cátedra, atendiendo así a planteos realizados por el Partido Colorado, que suponen una marcha atrás con la intención de reemplazarla por el concepto de “autonomía técnica”.

El jueves de esta semana y después de un pedido público del ministro del Interior Jorge Larrañaga de que se remitiera la ley al Parlamento, la vicepresidente Beatriz Argimón hizo llegar el proyecto a legisladores de todos los partidos. Según constató El País, la mayoría no pudo analizarlo en su totalidad dada su extensión y el Frente Amplio reaccionó con malestar al entender que por la pandemia no es el momento adecuado para tratarlo.

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que la declaración del Frente Amplio -que considera un profundo error la remisión formal al Parlamento de la LUC- es “otra vez desafortunada”. “No aportan y se pierden la oportunidad de callarse la boca. Es verdad de que hay dificultades para discutir una ley de estas características en las condiciones que tenemos, pero también es verdad que el presidente nos envía una ley para el día después”, indicó.

Gandini señaló que “el Parlamento no se puede parar” y se puede combinar lo presencial con lo virtual para el tratamiento de la ley. Consideró que tratar el proyecto implica dar una señal de que el país “sigue andando”. “Quedate en casa si no sos cajero de un supermercado, si no sos personal de salud, si no sos policía o militar o taxista. Hay muchos que no se quedan en casa porque tienen que ir a trabajar igual, yo creo que el Parlamento tiene que tratar esta ley porque se está mirando al día después”.

El nacionalista es partidario que las reuniones se hagan en la sala 17 del edificio anexo del Palacio Legislativo (con 99 lugares disponibles) y que de restrinja el acceso a secretarios y taquígrafos. A su vez, indicó que las delegaciones se deberían limitar a dos integrantes y en casos excepcionales a cinco.

El senador Adrián Peña (Ciudadanos) señaló a El País que, a partir del lunes, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado comenzará a debatir sobre los cambios de la ley de urgente consideración. Se instalarán 19 grupos por áreas con técnicos de los tres sectores. Peña dijo que se estudiarán primero los diferentes aspectos de la norma para luego dar una posición formal. “A primera vista hay cosas que toman planteos que habíamos realizado y hay otras que no y veremos entonces si acompañamos. Nosotros tenemos una regla y es que todo lo que está en el acuerdo por el país nos compromete y lo otro hay que analizarlo", señaló.

De acuerdo al legislador colorado, el hecho que plantea el Frente Amplio de que “no hay nada más importante que la salud” no quita que se avance en otros temas. “Esto es día a día, pero si seguimos con una curva achatada, poco a poco, hay que ir recuperando la actividad. Hay que ver que en junio ingresa el Presupuesto y eso acota los plazos del gobierno. Si esto se sigue demorando se van a solapar las comisiones”, añadió.

Es otra la óptica del Frente sobre el tema. El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a El País que “el problema más importante” es el referido a la oportunidad, ya que entiende es un momento “donde se necesita al máximo de la unidad nacional”. “Presumo que esto no tendrá una incorporación inmediata al Parlamento, ya que sería un grave error político hacerlo”, añadió.

En cuanto a los contenidos, Rubio dijo que “hay que examinarlos”, ya que hay aspectos ríspidos que se han mantenido como la desmonopolización de los combustibles o las disposiciones de seguridad.

Operadores judiciales ven con buenos ojos las modificaciones

Normas penales tendrán cambios propuestos por los jueces y fiscales

“Escuchamos mucho a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y a la Asociación de Fiscales”, dijo el pasado miércoles el subsecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, principal redactor de la Ley de Urgente Consideración (LUC), durante el anuncio formal de envío del proyecto a las distintas bancadas parlamentarias.

En efecto, Alberto Reyes, presidente de la AMU había afirmado en febrero que la gremial no apoyaba los dichos del expresidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, sobre su acuerdo con la limitación de los acuerdos que alcanzaban los fiscales sin llegar a juicio, una de las medidas que se encontraba en el primer borrador de la LUC.

Ahora, Reyes entiende que el anteproyecto enviado el jueves por el Poder Ejecutivo a los legisladores tiene un espíritu “más auspicioso” que los borradores anteriores.

En esa línea, Reyes recordó que la AMU estuvo a favor de la reforma del Código de Proceso Penal (CPP), aplicada a partir del 1° de noviembre de 2017, y agregó que tiene “expectativa” y “esperanza” que “se mantenga ese rumbo”.

El magistrado, quien también es ministro de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal, recordó que uno de los primeros borradores de la Ley de Urgente Consideración no tomaba en cuenta ajustes que se habían realizado por ley en el nuevo CPP de noviembre de 2019.

“El proyecto original de la LUC se salteaba esos cambios. El anteproyecto actual por lo menos no tiene cambios del sistema del proceso penal tan drásticos como la versión original. Lo otro sería apartarse del espíritu del nuevo Código del Proceso Penal. Sería como borrar con el codo la reforma del sistema procesal penal”, destacó el titular de la AMU.

Para el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, las normas penales previstas en la LUC fueron “perfeccionadas” tras recibir el aporte de distintos protagonistas del ámbito judicial. En tal sentido, destacó el aporte de la AMU y de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay que fueron convocados para que dieran su opinión sobre el borrador original.

Maciel destacó que el proyecto incluye normas que son “fundamentales” para mejorar el combate al crimen organizado y en particular a las distintas formas de narcotráfico.

El nuevo proyecto incluye algunos cambios que hacen a la lucha contra los delitos más comunes. Teniendo en cuenta que la moto es el vehículo más utilizado para cometer hurtos y rapiñas, los motociclistas estarán obligados a colocar un sticker con el número de patente en el casco. En ese sentido, los delincuentes extranjeros podrán ser expulsados del país.

Las agresiones a profesionales en su lugar de trabajo, como maestros y médicos, tendrán una sanción económica y de tareas comunitarias. Se obligará al Estado a contratar al menos un 1% de sus funcionarios entre personas que hayan sido víctimas de delitos violentos. También se amplía los beneficios para los familiares de policías que cayeron en acto de servicio.

En términos procesales, se pone como límite el mínimo de la pena para la negociación entre fiscales y delincuentes. Se deroga la libertad vigilada y se crea la libertad a prueba, un instituto destinado a quienes cometen delitos de escaso monto. Con respecto al llamado “principio de oportunidad”, las víctimas tendrán derecho a opinar sobre su aplicación. Se fortaleció la idea de la legítima defensa presunta.

Por su parte, el abogado y dirigente colorado Andrés Ojeda destacó que el documento “es la clara prueba de que el gobierno escuchó a los socios de la coalición y a los actores relevantes del tema (...) Este segundo borrador recoge muchos comentarios en cuestiones de rigor técnico”, aseguró Ojeda. En esa línea destacó el cambio realizado sobre el proceso abreviado, “si bien deroga la libertad vigilada y la suspensión condicional del proceso, crea la libertad a prueba”. Además, mencionó que sería bueno incluir algunas modificaciones en el proceso simplificado.