Son tiempos de balance en el Estado. Los últimos, por lo menos, en este período de gobierno. El Parlamento está discutiendo la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo. Las juntas departamentales hacen lo propio con los mensajes presupuestales de sus respectivas intendencias. Y el Senado, en tanto, acaba de aprobar, en forma unánime, los gastos que esa misma cámara se vota y realiza, algo que convierte al Poder Legislativo en una entidad particular en toda la administración pública.

La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la cámara, correspondiente al Ejercicio 2023, indica que ese período comenzó con un monto asignado de $ 1.809 millones que, al cierre del año pasado, equivalían a US$ 48 millones. El 76% de esa cifra estuvo asignada a salarios y, cerca del 10% (US$ 4,6 millones), exclusivamente al salario de sus 31 legisladores.

Entre los egresos principales, según el informe al que accedió El País, se cuentan también los $ 128 millones que se pagaron a los legisladores por “partidas de secretaría”. Otros $ 27 millones fueron para contratación de diferentes servicios, $ 10 millones en pasajes y viáticos para viajes fuera del país y una cantidad similar para transferencias a organismos internacionales.

Unos $ 4 millones fueron para telefonía fija y celular, y $ 5,6 millones de destinaron a sentencias judiciales. En gastos de funcionamiento de la cámara se fueron unos $ 272 millones, en tanto otros $ 12 millones fueron a “inversiones”.

El informe viene de ser discutido en la Comisión de Presupuesto de la cámara, y algunos detalles llamaron la atención de varios legisladores.

Al respecto, el senador José Nunes reparó en el bajo nivel de ejecución de un proyecto sobre Igualdad de Género que, con crédito de $ 470 mil, apenas ejecutó $ 54 mil el año pasado. Ese ítem fue incorporado por primera vez al presupuesto durante esta gestión, al mando de Beatriz Argimón. “Todos sabemos de su cercanía para con este asunto”, recordó el secretario redactor del Senado, Gustavo Sánchez. La explicación fue que, cuando se valoró el monto a asignar, “no teníamos mucha información previa o insumo como para decir que era tanto” lo que se necesitaba, dijo el secretario. “La idea era no quedar sobregirados ni que faltara”, agregó.

El monto ejecutado, así, correspondió a un evento “puntual”, más allá de que, desde el Senado, se aseguró que se llevaron a cabo otras actividades vinculadas al tema que, no representaron gasto.

Nunes también consultó sobre el proyecto de Acondicionamiento del Palacio Legislativo. Allí, quedaron sin ejecutar los cerca de $ 115 millones asignados. Según Federico García, contador de la cámara, esos créditos fueron producto de reducciones de plantilla y ahorros en gastos e inversiones con respecto al quinquenio anterior, que terminaron en ese destino por una simple razón: no perder el crédito. De lo contrario, habría ido a parar nuevamente a Rentas Generales. Fue derivado a la Comisión Administrativa porque es esa la unidad que está a cargo del acondicionamiento del edificio.

Existe un plan quinquenal de puesta punto para llegar a 2025, cuando se celebrarán los 100 años del Palacio Legislativo. Entre lo planificado y aún no ejecutado está la realización de un museo por el centenario, que será construido de manera subterránea. La obra se hará en el marco de un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo, y comenzará a ejecutarse este año.

Entre los gastos ya ejecutados para la mejora del edificio, se cuentan $ 3,5 millones para la colocación de vinílico en varias salas, $ 10 millones de alfombras modulares, otros $ 10 millones para acondicionar puertas y rejas, $ 26 millones para empapelado y $ 17 millones para impermeabilización. Hay otros $ 2,5 millones para la elaboración de las biografías de todos los legisladores que pasaron por el Parlamento desde 1925.

Vale decir que la Comisión Administrativa, la tercera unidad ejecutora del Poder Legislativo, ejecutó el año pasado $ 200 millones en funcionamiento, $ 35 millones en suministros y $ 46 millones en inversiones. En su órbita funciona el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que ejecutó en 2023 poco más de $ 2 millones. También la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que el año pasado dejó sin ejecutar $ 12 millones vinculados a tareas de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, que se sumarán a los $ 65 millones asignados para este año y el que viene. Esto obedece a la demora en la remoción de un cable de UTE, que impidió hasta ahora las tareas de excavación en el Batallón 13 del Ejército. Parte del dinero no ejecutado se destinará a ese fin.

Durante la discusión del informe quedó patente el problema que enfrenta el Senado en cuanto a la dotación de personal. La cámara tiene presupuestados a unos 300 funcionarios, con un promedio de edad de 45 años cada uno. Unos 85 cargos, el 28%, están vacantes. “Tenemos algunas oficinas, como nada menos que el área financiero contable, en la que tenemos un funcionario”, dijo Sánchez. Un funcionario que, dijo, muchas veces no ha podido tomar la licencia que le corresponde para “tratar de cumplir” y no dejar sin nadie a esa oficina.

La cámara está instrumentando concursos de ascenso e ingreso externo. “No podemos dejar un Senado vacío”, advirtió Sánchez, al señalar que, en términos de recursos humanos, esa unidad “está con luces amarillas y, en algunos casos, rojas”. Los concursos comenzaron por las áreas más “comprometidas”: secretaría, intendencia, locomoción y oficiales de sala. En esa circunstancia, la cámara cuenta hoy con 20 jóvenes integrantes del Programa Yo Estudio y Trabajo, que constituyen un “gran apoyo” pero cuya presencia ha generado ciertos resquemores en algunos funcionarios. Comenzaron con tareas básicas, pero han llegado a desempeñar funciones de responsabilidad, como estar en sesiones secretas.

En el extenso informe de Rendición de Cuentas del Senado correspondiente a 2023 se publican los aportes del Estado a los partidos políticos que cuentan con representación parlamentaria. La ley indica que cada uno recibirá cuatro Unidades Indexadas (unos $ 24) por cada voto obtenido en la última elección nacional. Esos fondos se originan en la Tesorería General de la Nación, y el Senado los administra, distribuyéndolos en cuotas.

Según el balance de ejecución presupuestal de la cámara, el año pasado por esa vía el Senado le transfirió al Frente Amplio -el partido más votado en 2019- un total de $ 22 millones. La transferencia sigue la lógica del resultado electoral registrado en los pasados comicios. Así, el segundo partido que más dinero recibió fue el Partido Nacional, que a través de este mecanismo percibió $ 16 millones. Con una cifra bastante menor se tuvieron que conformar los restantes lemas que tienen presencia hoy en el Parlamento. Así, el Partido Colorado percibió por esta vía unos $ 7 millones. Más atrás se ubicó Cabildo Abierto, que logró ingresar a sus arcas el año pasado $ 5,7 millones por los votos que recibió en la que fue su primera elección.

El informe de Rendición de Cuentas indicó, además, que al Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) le correspondieron unos $ 700 mil, mientras que al Partido Independiente fueron cerca de $ 554 mil, en función del apoyo electoral recibido.

Una circunstancia particular rodeó al Partido de la Gente, hoy sin registro al no poder cumplir los requisitos para participar en las elecciones. El año pasado, esa fuerza política debió recibir unos $ 558 mil. Ese dinero, sin embargo, fue retenido por disposición de la Corte Electoral. La razón: no pudo presentar ante la corporación, desde 2019, ninguna autoridad válida registrada.