Redacción El País
El Partido Colorado condenó “los hechos delictivos que derivaron en la condena penal del intendente Pablo Caram, la exdiputada Valentina Dos Santos y el secretario general Rodolfo Caram”, entre otros, y expresó que “corresponde llevar adelante las acciones que prevé el artículo 25 de la Constitución de la República contra los funcionarios condenados, a efectos de resarcir a la Intendencia de Artigas del daño sufrido por su conducta ilegítima”.

El artículo 25 de la Constitución estipula que “cuando el daño” al Estado “haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) expresó que “ante los hechos delictivos que derivaron en la condena penal a funcionarios y jerarcas de la Intendencia de Artigas”, y agregó que “el sistema democrático no admite, y nuestra legislación condena, todo acto de corrupción en el uso indebido del poder público o ejercicio de la función pública”.

En una declaración que lleva la firma del prosecretario general, Gustavo Osta, y del presidente de turno, Felipe Schipani, el partido “felicita a los ediles departamentales del Partido Colorado, Daniel Argañaraz, Cecilia Umpierrez y Francisco Bandera por la correcta decisión de haber presentado denuncias penales fundadas en el ejercicio de la tarea de control de la gestión y el uso —ajustado a derecho— de los dineros públicos por parte de las intendencias municipales”.

El CEN entiende “aplicable a los condenados el artículo 80 de la Constitución de la República, que dispone en su numeral 4 la suspensión de la ciudadanía por ‘sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena’”. Minutos después de que el Partido Colorado resolviera esto, la Corte Electoral inhabilitó a Caram y Dos Santos para ejercer cargos públicos.

“Es imprescindible que los partidos integrantes de la Coalición de Gobierno actúen con claridad y firmeza en la condena de actos que constituyen violaciones a la legislación anticorrupción vigente”, expresó el CEN.

Además, “espera igual celeridad y eficiencia para el trámite de otros casos oportunamente denunciados y que se encuentran a estudio de Fiscalía, referidos a hechos con apariencia delictiva acaecidos en el pasado”.

Por otra parte, “entiende necesaria la aprobación por parte del Parlamento de los proyectos de ley presentados por los legisladores colorados: el fallecido senador Adrián Peña, sobre transparencia y obligatoriedad de concursos en el ingreso a la función pública en las intendencias municipales, y el diputado Conrado Rodríguez, referido a la suspensión y pérdida del derecho al cobro de subsidio previsto en el art. 5 de la Ley No. 15.900 por delitos contra la Administración Pública y otros relacionados con la corrupción”.

Dos senadoras del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley que reglamenta el artículo 25 de la Constitución y define un nuevo procedimiento para que el Estado accione contra los funcionarios que con culpa grave o dolo hayan causado un daño al erario público.

“Pese a estar incorporado en nuestra Carta Magna desde hace más de 73 años (anteriormente con el número 24)”, la acción de repetición “ha sido escasamente aplicada, salvo escasísimas excepciones”, sostienen las senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi en la exposición de motivos de la iniciativa, en la que alertan que “la falta de aplicación del artículo 25 de la Constitución, cuando esta corresponde, implica una falta de cuidado de los dineros que como administrador debe preservar”.

Asiaín dijo a El País que el presidente Luis Lacalle Pou quiere que avance la iniciativa, que se presenta como “la reformulación de la reglamentación de la acción de repetición prevista por nuestro ordenamiento jurídico, a los efectos de su facilitación mediante dispositivos que otorgan celeridad al procedimiento y a los fines de su efectiva concreción”.