Mientras terminan de definir la distribución final de los 40 cargos en entes autónomos y servicios descentralizados que el Frente Amplio les ofreció ya hacia varios días, los partidos de la coalición republicana tienen arriba de la mesa otro tema que genera preocupación a algunos de sus dirigentes, porque pondrá a prueba qué unidad tiene el bloque al inicio de esta legislatura.

El asunto en cuestión es la designación del exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, como futuro titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, quien espera asumir la responsabilidad que le dio el presidente Yamandú Orsi una vez que el Senado vote la venia correspondiente.

Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de los cargos del Estado —que se han ido votando en las últimas semanas con el apoyo de todos los partidos como parte de una negociación integral—, el de Layera hoy no cuenta con los votos de la oposición, que ya llegó a un acuerdo general con el oficialismo, y de hecho fueron votados todos los presidentes de los directorios y varios vicepresidentes.

Pero el escenario respecto a Layera es bien distinto.

Los reparos de la coalición republicana en aceptar el nombramiento del comisario general y figura de máxima confianza del fallecido exministro Eduardo Bonomi fueron trasladados al oficialismo en las primeras sesiones del año de la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, que el 17 del mes pasado recibió al propio Layera para discutir su designación.

Ese día, en acuerdo con el Frente Amplio, los legisladores solicitaron a la Fiscalía General de la Nación información sobre el estado judicial y procesal del exdirector de la Policía, quien en el 15 de diciembre de 2022 compareció como indagado ante el entonces fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner para responder preguntas sobre el caso de la fuga de Rocco Morabito —escapado de Cárcel Central el 23 de junio de 2019— y por las visitas que el delincuente mexicano González Valencia —conocido como "El Cuini"— hizo al mafioso italiano antes de que este se fugara el 23 de junio de 2019.

También recibieron al propio Layera —en una sesión secreta en la que no quedó registro taquigráfico—, quien al respecto aseguró que la actual fiscal que lleva el caso, Silvia Porteiro, le había manifestado que no precisaba más de su parte en la indagatoria que lleva adelante, según dijeron entonces a El País fuentes parlamentarias.

"Fue una buena reunión (e) interesante", se limitó a afirmar Layera en rueda de prensa luego de la sesión de la comisión. Agregó que fue "extensa" y enfocada "en varios puntos que los senadores querían conocer", y que en "la mayoría de los casos" contenían información de carácter "reservado". "De mi parte —concluyó—, pretendió disipar cualquier tipo de dudas y por lo tanto es de aspecto voluntario ofrecer la información que ofrecí".

Poco después de aquella sesión, y tal como habían solicitado los senadores, la Fiscalía envió por escrito un informe sobre la situación judicial del involucrado.

Según supo El País, ese documento detalló que algunas líneas de investigación que apuntaban o podían hacerlo a una eventual responsabilidad de Layera en el caso fueron archivadas, pero que otras que siguen en "investigación". Por tanto —esta es la conclusión que hacen los senadores del Partido Nacional—, más allá del estado de inocencia del policía retirado, todavía seguía en la órbita de esta indagatoria, cuyos detalles no fueron compartidos por la Fiscalía ser parte de la reserva de la investigación en curso.

Esto fue abordado en una reunión de bancada de los senadores nacionalistas que se hizo este martes, y en donde se definió que este partido no votará la venia en tanto la situación de Layera hace imposible que se le ofrezca "confianza política", resumió a El País uno de los participantes de la reunión.

Otra fuente nacionalista señaló que el criterio adoptado es que si bien se respeta la inocencia de Layera hasta que no pese en su contra una sentencia de condena, el contexto del involucrado más la "sensibilidad" del cargo propuesto terminaron inclinando a los blancos a no dar su voto en su apoyo.

Esta postura será comunicada al Partido Colorado en las próximas horas, en cuyas filas señalaron en tanto a El País que no hay una posición tomada sobre el tema porque se continúa en "evaluación". Pero sí hay un criterio definido: la postura que se resuelva se adoptará de forma unificada. Es decir, no habrá división interna entre los sectores de los senadores Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry.

La polémica estará arriba de la mesa nuevamente en la sesión de este miércoles de la Comisión de Asuntos Administrativos, que además recibirá a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para dialogar sobre este y otros temas.

Para el caso de que oficialismo y oposición no lleguen a un acuerdo y las venias sean votadas por tres quintos de los votos en el Senado, está previsto que una vez transcurridos 60 días de enviada la moción al Parlamento, el Poder Ejecutivo pueda enviar una nueva propuesta —o bien la misma— y “en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado”, lo que significa la adhesión de 16 legisladores, número que hoy alcanza el Frente Amplio.