La Asamblea General del Poder Legislativo conformará una comisión especial bicameral, que tendrá la finalidadespecífica de cumplir con un objetivo largamente postergado: revisar punto por punto y reformar en forma íntegra el viejo Código Penal. Será el cuarto intento consecutivo para actualizar dicho código cuyo núcleo, pese a sucesivas enmiendas, data de 1934.

El senador Sebastián Sabini dijo a El País que al Frente Amplio (FA) le interesa, sobre todo, afrontar cambios en la "dosimetría penal", tomando en cuenta que hoy muchos delitos contra la propiedad tienen una mayor pena que varios delitos contra la vida y la integridad de las personas.

Una de las prioridades que se pautó la coalición de izquierda para este gobierno será "abatir la sobrepoblación carcelaria" y, con ella, "sus efectos nocivos para la recuperación de la persona". El FA asume que las políticas centrales sobre la privación de libertad debe ser evaluada bajo el principio de que "no todos los hechos delictivos deben tener la misma respuesta". Así, el programa va por el camino de "estimular" y "poner mayor énfasis" en medidas no privativas de la libertad. También en la promoción de la justicia restaurativa como "enfoque alternativo para abordar el comportamiento delictivo".

El año pasado, durante la campaña hacia las internas del FA, el senador Mario Bergara había planteado una readaptación del "mapa de penas" vigente en Uruguay, para determinar la posibilidad de recurrir a medidas alternativas a la prisión.

Más allá de la unanimidad que existe sobre la necesidad de depurar y actualizar la vieja normativa, el mecanismo elegido - promovido por el senador colorado Pedro Bordaberry - no termina de convencer a la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que prefiere ir por una comisión especial limitada al Senado. "Las bicamerales no funcionan", afirmó a El País. Bianchi pretende que, si en un año, la bicameral no logró avances, se opte por su propuesta, o bien por recurrir a una comisión de "expertos" que eleve un proyecto en un determinado plazo, tal como ocurrió con la reforma de la ley de Sociedades Comerciales.

Más allá de la revisión integral que se plantea, la nueva comisión bicameral tendrá a su cargo el análisis de casi una veintena de proyectos de ley que suponen una reforma al código. Varios de ellos fueron presentados por Bordaberry. Entre ellos está el que propone la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como servicio descentralizado, y el que actualiza la regulación del control y la revisoría de las cárceles por parte de efectivos militares. También el que propone una penalización escalonada ante la reincidencia en determinados delitos, y el que exonera de pena a los casos de homicidio o asistencia al suicidio por "móviles de piedad". Bordaberry presentó otro proyecto que plantea la imprescriptibilidad en los casos de corrupción en ejercicio de la función pública.

A la lista se agregan varios proyectos desarchivados por el Frente Amplio (FA). Entre ellos el que prevé instalar un régimen de protección integral a las víctimas y testigos de delitos, y uno sobre control de armas de fuego. La coalición de izquierda pretende además modificar la ley sobre Procedimiento Policial y transformar a la Defensoría Pública en un servicio descentralizado.

Como base, los legisladores cuentan con el proyecto de ley que en la pasada legislatura presentó el diputado colorado Ope Pasquet, que planteaba modificar más de 300 artículos del Código Penal. Entre otros aspectos, se incluía una baja en las penas mínimas previstas para delitos como rapiña y homicidio simple, además de la creación de legislación penal en materia ambiental e informática. Dicho proyecto fue presentado a partir de un trabajo realizado por el penalista Gastón Cháves.