COMISIÓN INVESTIGADORA

Este lunes quedará instalada la comisión investigadora que buscará analizar la gestión del Ministerio de Turismo durante los últimos 10 años, pero también las denuncias sobre compras y gastos que se hicieron desde marzo del año pasado hasta julio del 2021.

El exministro Germán Cardoso y el diputado Eduardo Antonini (MPP) son denunciantes en la investigadora, pero la Cámara de Diputados aprobó una única investigadora. El punto referido a las denuncias articuladas por el diputado Eduardo Antonini (FA) se votó por unanimidad (96 en 96), por su parte el referido a denuncias de Cardoso se aprobó solo por la coalición (54 en 96). Cuando se instale la comisión se iniciará con la denuncia del legislador del Frente Amplio, por lo que será el primero en ser recibido.

La cantidad de integrantes de la investigadora serán cinco. Entre ellos estará el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, el colorado Conrado Rodríguez, el cabilidante Rodrigo Albernaz, y los legisladores frenteamplistas Gustavo Olmos y Nicolás Viera. 

A su vez, fuentes políticas confirmaron a El País que el presidente de la investigadora será el diputado Juan Martín Rodríguez.

Las compras y contrataciones en Turismo desde 2010 hasta 2021.

El artículo 119 del reglamento de la Cámara de Representantes le da la posibilidad a Cardoso de comparecer al inicio de la investigación parlamentaria, en la medida que era el jefe del servicio investigado. Martín Pérez Banchero, el exdirector de Turismo que denunció en Búsqueda compras millonarias de publicidad por parte de Cardoso, será uno de los primeros citados por el Frente Amplio a la investigadora y, según supo El País, concurrirá a declarar. 

El plazo de expedición es el 8 de noviembre y fue establecido en la votación de la conformación de la comisión.

Uno de los puntos a estudiar será la contratación realizada a la empresa estonia Kirma Services, que sería la encargada de venderle publicidad por internet a la cartera dirigida, en ese entonces, por el exministro de Turismo Germán Cardoso. La identidad del representante de Kirma continúa sin conocerse y, por el otro, hay diferentes versiones respecto a por qué la cartera realizó un acuerdo con esa compañía.

Esta historia comenzó el 28 de diciembre de 2020, cuando la administración del exministro Germán Cardoso abrió un expediente para adquirir servicios de publicidad digital en Uruguay. Según informó el semanario Búsqueda se contrató directamente a tres empresas. Dos ya habían trabajado con el ministerio, mientras que la tercera, Kirma Services (de Estonia), nunca lo había hecho, por lo que no figuraba en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

El 29 de diciembre de 2020, el ministerio resolvió la adjudicación de la publicidad a las tres empresas. El problema estuvo cuando se quiso concretar el pago con Kirma, pues esto no se pudo hacer por decisión del Banco República (Unidad de Prevención de Lavado de Activos), como informó el semanario Búsqueda. La empresa de Estonia comunicó que de momento solo trabajaba con el banco TransferWise Europe S.A, ubicado en Bélgica, por lo que cedería los créditos a otra compañía para poder cobrar. Por ese motivos, desde la casilla de correo adm@kirmamedia.com se envió un mail en español a la tesorería del Ministerio de Turismo el pasado 14 de julio en el que se señalaba: “Adjunto encontrarán un acuerdo de cesión de créditos entre nosotros y Sarasota Global Investment INC, también los datos bancarios a los cuales transferir los fondos”.

Dicha cesión de derechos fue objetada por la División Jurídica del Ministerio de Turismo el pasado 3 de agosto. Además, advirtió que tal documento debería presentarse “debidamente traducido”, “con firmas certificadas, legalizado y apostillado”. El 5 de agosto, nuevamente desde la misma cuenta de correo de Kirma y sin identificar a la persona remitente se expresó: “Procederemos con lo solicitado y a la brevedad posible les estaremos enviando la documentación”.

Toda la comunicación con el ministerio se hizo sin identificar el nombre de la persona que escribía, según pudo comprobar El País. Y hoy, la identidad del representante de Kirma en Uruguay sigue siendo un enigma. Nunca un vocero de la empresa de Estonia se identificó en los mails que se enviaron al Ministerio de Turismo.

El último, remitido hace “pocas horas”, no fue la excepción. La comunicación por la cual desiste del cobro de US$ 280.000 no fue firmada por nadie. Lo único que está escrito al final del mail es “Kirma Services”, confirmaron a El País fuentes políticas.

¿Quién dio la orden de contratar a la empresa? Esa es una de las preguntas que más se ha repetido en el debate público. 

El exministro Germán Cardoso insistió en que “las compras a medios siempre se hicieron por recomendación de la agencia de publicidad que venía trabajando en el ministerio desde hace unos 15 años”.

Sin embargo, nuevos datos aparecieron acerca de una cadena de mails enviados entre funcionarios de la cartera, desde diciembre de 2020 a enero de 2021, en los que se constata quela “orden” de contratar a la compañía la dio el exministro.

El 30 de diciembre de 2020 una funcionaria de Turismo de iniciales N. A. escribió un mail institucional a otros funcionarios dando que otra persona dentro del ministerio recibió una comunicación de parte de Compras Estatales donde se le solicitaban los motivos para inscribir a Kirma y Cisneros, según información a la que accedió El País. Si bien se remitió información de facturación en el exterior esto “se consideró insuficiente” por lo que se pidió una “justificación”.

El 13 de enero, la misma funcionaria insistió sobre el tema. Para venderle al Estado las empresas deben estar registradas ante el RUPE. Al no estar domiciliadas en el país, la resolución 11/014 habilita que sea el propio ministerio que las inscriba como “excepción” siempre y cuando se cumplan con determinadas condiciones.

“Dentro de las opciones, la única posible es la de exclusividad”, opinó la funcionaria N. A. en otro mail (del 13 de enero de 2021) tras ser consultada sobre cómo es el mecanismo para la justificación ante el RUPE.

El 14 de enero llegó la respuesta de Óscar Iroldi, asesor de la subsecretaría de Turismo, en la que envió la justificación de Kirma, y señaló: “Es el proveedor seleccionado por el ministerio para vehiculizar anuncios a través de las plataformas Google Search, Display, Video y Native”. Según otro mail al que accedió El País fue la agencia de publicidad la que remitió la información (para la justificación del RUPE), y esta luego fue copiada y pegada por Iroldi al resto de los funcionarios del ministerio.

Al día siguiente, N. A. contestó que restaba que fueran firmados por una autoridad con firma electrónica. M. H., otra trabajadora, el 26 de enero remitió otro mail dirigido a Iroldi, esta vez consultando si ya estaban firmados los formularios para remitirlos a Compras Estatales.

“No entiendo esto de los certificados. ¿Quién debe firmarlos?”, preguntó Iroldi. A lo que la funcionaria respondió: “Lo de los formularios son proveedores extranjeros que se supone que alguien los contrató. Como al ser extranjeros no están inscriptos en RUPE se debe tramitar una autorización especial para que queden inscriptos como proveedores del Estado.

A esto Iroldi contestó: “En el ministerio hay tres ejecutores de gasto con capacidad para contratar servicios. Debe ser alguno de ellos que firmen los certificados. Lamentablemente no puedo hacerlo yo”. Y agregó: “La orden de estas contrataciones es del ministro Cardoso, a través de su adjunto Dr. (Daniel) Reta”.

Toda la cadena de correos electrónicos a los que accedió El País se enviaron bajo el asunto “Rupe extranjeros-Kirma Services OU y Cisneros Interactive Panamá S.A.”.

Hoy, allegados al exministro indicaron que la información válida es la del expediente y no la de los mails. El País intentó averiguar quién firmó la autorización para la inscripción de Kirma en el RUPE pero no obtuvo respuestas en el ministerio.

La bancada de diputados del Frente Amplio presentó la semana pasada una denuncia penal sobre la gestión del ex ministro de Turismo y actual diputado, Germán Cardoso, en Fiscalía General de la Nación. "Consideramos que se destapó una caja de Pandora", dijo el diputado Daniel Caggiani, y agregó que "hoy el lugar más responsable, serio y garantista para poder investigar esta situación (...) es la Justicia uruguaya y es la Fiscalía".