EXSECRETARIO DE PRESIDENCIA

El presidente Luis Lacalle Pou resolvió el viernes que se realice una investigación administrativa para “esclarecer” las misiones oficiales de las que participó el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.

En la resolución firmada por el mandatario se refiere a los “hechos de pública notoriedad divulgados en algunos medios de prensa relativos a ciertas misiones oficiales cumplidas” por Toma y se recuerda que el secretario de la Presidencia del expresidente Tabaré Vázquez se desempeña hoy como fiscal de Gobierno.

El miércoles en el programa radial Así Nos Va de Radio Carve se divulgó que a comienzos de este año la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) archivó una investigación sobre los viajes realizados el año pasado por Toma, y por Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La investigación se abrió producto de una denuncia anónima en la que se advertía la realización de dichos viajes.

El jueves, en tanto, el semanario Búsqueda dio cuenta de la denuncia anónima que recibió el entonces vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, en su mail acerca de esta situación. 

¿Cuál es el objetivo de la investigación? El subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y encargado de llevarla adelante, Ariel Sánchez, explicó que será "determinar si hubo o no irregularidades en esas misiones oficiales". Además, aclaró que la investigación es reservada hasta que culmine.

"La instrucción tiene 60 días exactamente para realizarse. Estamos recién comenzando", indicó. "Son procesos garantistas a los efectos de determinar si hubo o no irregularidades en el sistema", añadió. 

Sánchez habló sobre la situación actual de Toma este lunes en conferencia de prensa. El funcionario cuenta con un cargo presupuestado en Fiscalía de gobierno. Por lo tanto, diferenció dos procedimientos "bien distintos".

Por un lado, está la "investigación administrativa, donde se trata de determinar si hubo alguna irregularidad en la función pública". Luego, si se encuentra una irregularidad, se identifican las personas que podrían estar vinculadas a esta.

Un segundo proceso es un sumario que se inicia de "comprobarse una irregularidad". En el caso de Toma, "él es titular de un cargo y no está sometido a sumario, que es una instancia posterior eventual".

En "una instancia eventual de haber una irregularidad se puede llegar a la destitución tanto de él como de cualquier funcionario público", explicó. No obstante, aclaró que "todos los funcionarios presupuestados de la Administración Central requieren la previa venia del Senado para la destitución".