Redacción El País
El abogado y exsenador del Partido Colorado Pedro Bordaberry se expresó este jueves sobre el fallo internacional contra el Estado uruguayo por el cierre de Pluna durante el gobierno de José Mujica.

En primer lugar, envió un mensaje directo al Frente Amplio: "Eligieron mal el socio, le salieron de garante de los aviones, le dieron aval al posible comprador y no asumen su error", escribió Bordaberry en su cuenta de X.

Dicho mensaje lo acompañó con el extracto de una declaración que ofreció a Telemundo (Canal 12) en 2012, asegurando que el cierre de Pluna no se debió a los juicios de los exempleados de Varig —tal y como justificaron desde el gobierno en ese momento— sino por "la gestión de Leadgate y del señor (Matías) Campiani".

En un segundo mensaje, Bordaberry agregó que desde el gobierno "contrataron al abogado del socio privado, eligieron mal el socio pero lo peor es todo lo que vino después".

El exsenador y exprecandidato a la Presidencia de la República adelantó que este domingo detallará su posición en su columna de El País.

Un fallo de un tribunal internacional dependiente del Banco Mundial condenó a Uruguay por el cierre de Pluna a pagar una indemnización de US$ 30 millones más intereses, costos y costas a la empresa panameña Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah). Esa cifra totaliza hoy US$ 56,5 millones y genera un interés de US$ 500.000 por cada mes que el Estado uruguayo no cumple con la sentencia, la que no es apelable, según supo El País.

El dictamen contra Uruguay fue emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) entre estados y empresas. El reclamo fue presentado por Larah, quien adquirió la empresa Leadgate que poseía parte del paquete accionario de Pluna en sociedad con el Estado uruguayo. Pluna fue cerrada en 2012 por el gobierno del entonces presidente de la República, José Mujica.

Larah solicitó el arbitraje de un tribunal internacional el 20 de diciembre de 2019, cuando exigió el pago por parte de Uruguay de una indemnización de más de US$ 860 millones por el cierre de la aerolínea de bandera uruguaya.

La defensa de Uruguay logró abatir hasta un 6% el reclamo siendo condenada al pago de US$ 30 millones más intereses por el costo de la inversión en aviones, esencialmente.

Uruguay es representado por el estudio Foley Hoag, con sede en Washington, que ya lo defendió en las demandas planteadas por la tabacalera Philip Morris y la minera Aratirí, en las que el país resultó ganador.

Por su parte, Larah contrató al bufete neoyorquino Freshfields Bruckhaus Deringer, a Dechamps International Law, con sede en Londres y Buenos Aires, y al estudio local Ferrere Abogados.