La reforma de la seguridad social, a estudio en la Cámara de Representantes, es una prioridad para el gobierno, para cuya aprobación es todavía necesaria una negociación a la interna del oficialismo, sobre todo para sellar el apoyo de Cabildo Abierto, que ha sido crítico con varias propuestas.

En este contexto, al que además se suma la férrea oposición del Frente Amplio, el vicepresidente del Banco de Previsión (BPS), Daniel Graffigna, consideró necesario resaltar algunos aspectos positivos, como los que favorecería a los que buscan beneficiarse de las pensiones de viudez y de invalidez.

En concreto, según resumió el jerarca a El País, la iniciativa tal cual quedó plasmada en el proyecto de ley a estudio del Parlamento prevé aumentar “los topes” de ingresos de las personas que soliciten estas pensiones, y que hoy son rechazadas por el BPS por pequeñas diferencias monetarias.

“Hoy, si quien solicita su pensión vive con su hijo y este gana más de $ 20.500, por ejemplo, ya es muy difícil que se la podamos otorgar”, dijo Graffigna. Porque el solicitante puede intentar abatir ese tope de ingresos si logra demostrar erogaciones por concepto de medicamentos o gastos de salud, pero ese es un camino burocrático engorroso que pocos transita con éxito -dijo el jerarca- y que la reforma facilitaría.

Para empezar, señaló, porque los topes suben al menos $ 2.000. Pero, sobre todo, porque dejarían de descartarse quienes se pasan del límite de ingreso establecido. “Cuando no se logra abatirlo, la prestación igual se daría”, dijo Graffigna, que explicó el nuevo mecanismo en caso de aprobarse: “En esos casos, el BPS otorgaría la pensión con un descuento del 33% de lo que esa persona se exceda en ingresos en comparación al tope exigido para la prestación”. Es decir, si el solicitante gana $ 3.000 más que el tope, la prestación que pasaría a recibir tendrá una rebaja de $ 1.000.

Estos son parte de los beneficios propuestos por el texto que originalmente redactó Rodolfo Saldain -aunque en el transcurso de los últimos meses, por efecto de los acuerdos internos, sufrió varias modificaciones- y que tendrían aplicación inmediata en caso de aprobarse el proyecto de ley.

Sin embargo, estos asuntos no generan diferencias en la coalición. Los reparos están en el cálculo de la tasa de reemplazo -que hoy propone tomar como referencia los últimos 20 años del trabajador- y en la inclusión o no de la caja notarial en la reforma.