Caso Alan García

La Cancillería de Perú entregó una u201cnota diplomáticau201d al embajador uruguayo en ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció este martes a través de un comunicado que había convocado al embajador de Uruguay ese país, Carlos Barros, para entregarle una u201cnota diplomáticau201d acerca del pedido de asilo solicitado por el expresidente peruano Alan García.

Para que el gobierno uruguayo u201ccuente con todos los elementos objetivos que le permitan un análisis completo de la situación legalu201d de García, esta nota fue u201cacompañada de un documento explicativo elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanosu201d.

El pasado domingo García se refugió en la residencia del embajador de Uruguay en Lima para pedir asilo, bajo el argumento de que es un "perseguido político". Un día antes un fiscal había solicitado el impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente, algo que fue otorgado por el juez de la causa. García es investigado, entre otros, por tráfico de influencias y presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña presidencial en 2006 y por corrupción en la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. 

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u201cLa Nota recalca que en el Perú impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentalesu201d, indica el comunicado de la Cancillería de Perú.

u201cPuntualiza que en nuestro país no existe persecución política de ningún tipou201d y u201cprecisa que el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso del ex Presidente García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justiciau201d, añade.

Asimismo, el texto señala que u201cel Compromiso de Lima u2018Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupciónu2019, adoptado por aclamación durante la Cumbre de las Américas celebrada en Lima en abril de 2018, recoge el compromiso de los países de América, entre ellos Uruguay y Perú, de adoptar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción y de cooperar en esa tarea, habiéndose acordado de manera expresa respetar la autonomía de las instituciones que investigan posibles casos de corrupciónu201d.

La Cancillería peruana recuerda, por otra parte, que ambos países son u201cparte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, cuyo objetivo es precisamente fortalecer los mecanismos anticorrupción para defender a las instituciones democráticas de sus efectos corrosivosu201d.