Redacción El País
La decisión de fiscal Alejandro Machado de archivar la investigación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset provocó reacciones en dos de los principales involucrados, Luis Alberto Heber y Carolina Ache, por entonces ministro del Interior y vicecanciller, respectivamente.

Ache escribió en su cuenta de X que "la Justicia es lenta, en ocasiones demasiado lenta, pero llega". "Luego de dos años de investigación, finalmente se confirma lo que siempre sostuve, que no tuve ninguna participación ni injerencia en el trámite del pasaporte", aseveró.

"Me tocó enfrentar la peor cara de la política, injurias y operetas. Pero hoy es un día de alegría y no de rencores, elijo agradecer a todos quienes me respaldaron, sobre todo a mi familia y muy especialmente a mis hijos que sufrieron la peor parte", añadió.

Consultada por El País, la exsubsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que no descarta, ahora que su situación judicial se ha aclarado, participar de las elecciones de octubre por un cargo en el Parlamento.

Ache fue precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Colorado y quedó en quinto lugar con 1.177 votos sobre un total de 103.659, por debajo de Andrés Ojeda, Robert Silva, Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera, solo por delante de Zaida González.

En rueda de prensa, Heber dijo que está "muy conforme" con el archivo de la causa, que se suma al archivo de la investigación sobre la concesión a Katoen Natie para operar la terminal especializada del Puerto de Montevideo, que lo involucraba porque él era por entonces ministro de Transporte y Obras Públicas.

Sobre el caso del pasaporte, Heber se defendió al decir que Marset "no estaba requerido por la Justicia" y "no había causas abiertas" en su contra, "entonces fue correctamente entregado el pasaporte, y por tanto se archiva el asunto".

Foto: Francisco Flores

"Acá han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior, y ninguna me ha tocado ni rozado, por tanto salgo como entré, limpio y muy claro en nuestro procedimiento", apuntó.

Sin embargo, Machado indicó en su dictamen —al que accedió El País— que "los ministros de Estado así como sus respectivos subsecretarios faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía" durante la interpelación por este tema, que fue en agosto de 2022.

Según dijo, hubo un "acuerdo" entre los representantes ministeriales "para ocultarle a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el subsecretario del Ministerio del Interior Dr. Guillermo Maciel y la vicecanciller Dra. Carolina Ache, en las cuales se daba cuenta que Sebastián Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado".

Pero para Machado "lo reprochable de dicho accionar —faltar a la verdad y ocultar información a la Cámara de Senadores— escapa al ámbito de competencia" de la Fiscalía.

Por este motivo, "no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal, razón por la cual se dispone el archivo".

Sobre esos comentarios en el dictamen, Heber dijo que "son consideraciones de carácter personal y político que hace el fiscal que no corresponden". "El fiscal tiene que ser objetivo en cuanto a establecer si hay o no hay delito", sostuvo.

Pero además, según Heber, "tampoco es cierto" que se haya mentido en la interpelación realizada por el Frente Amplio. "No hubo ocultamiento y no hubo mentira. Se podrá decir que no se habló de los chats; sí, no se habló porque no se preguntó; en todo caso hay una omisión de quienes me interpelaban de preguntar en qué consistían esas comunicaciones", apuntó.

Por este caso estaban investigados el abogado de Marset, Alejandro Balbi, y varios funcionarios de Cancillería, entre los que estaba la cónsul uruguaya en Emiratos Árabes Fiorella Prado. También Heber (en ese entonces ministro del Interior), Guillermo Maciel (subsecretario), Ache (vicecanciller) y Francisco Bustillo (canciller), quienes dejaron sus cargos a raíz de este hecho.