El amplio consenso que existe entre los senadores de todos los partidos vuelve prácticamente irreversible el cambio propuesto en la Rendición de Cuentas a la ley de Derechos de Autor. Luego de días en los que se plantearon diferencias, hoy oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de votar el artículo 284, que reconoce el “derecho” de los intérpretes de una obra literaria o musical a “exigir” una retribución por la difusión de su obra y que incluye en ese “derecho” a las obras reproducidas a través de internet y redes sociales.

La iniciativa abrió la polémica en torno a plataformas como Spotify, que hace algunas semanas alertó que de aprobarse la norma podría dejar el país. “El negocio de Spotify podría volverse inviable en Uruguay, en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos” afirmó la multinacional, en una carta enviada al ministro de Educación, Pablo da Silveira, y consignada el 22 de agosto por El País.

Los legisladores parecen haber hecho caso omiso de la advertencia y están dispuestos a avanzar, aunque mantienen serias dudas en torno a otra innovación, incorporada en el articulado por la Cámara de Representantes, que incluye en esa disposición a autores, compositores, guionistas y directores y que, además, obliga a todos ellos a negociar sus derechos a través de “entidades de gestión debidamente autorizadas”.

En los partidos se entiende que este punto amplía el abanico y que, de aprobarse, afectaría derechos adquiridos de otros colectivos.

Durante la sesión de ayer de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, quedó claro que el Poder Ejecutivo tampoco respalda este punto. Así lo manifestó el ministro de Educación que solicitó a los legisladores remitirse al proyecto original enviado por el Ejecutivo.

El tema centró en parte una larga sesión, que se prolongó por casi 10 horas y en la que el jerarca reivindicó la intención del gobierno liderado por el presidente Luis Lacalle Pou de establecer una nueva regulación en la materia.

A través de una carta enviada a la comisión, la Cámara Uruguaya del Disco (CUD) había puesto el foco esta semana en ese punto. La entidad afirmó que esa disposición “avasalla derechos”, ya que “desconoce la facultad de cada artista” para negociar, en forma individual, “obligándolos a hacerlo de forma colectiva a través de una agremiación forzada”. El punto genera dudas al grado que el presidente y el vicepresidente del Consejo de Derechos de Autor, Ignacio Martínez y Ronald País respectivamente, manifestaron ante la comisión visiones encontradas sobre si este artículo obliga o no a los intérpretes a negociar sus derechos a través de las gremiales correspondientes.

La fórmula definitiva llegará, según supo El País, a fin de mes. La bancada del Partido Nacional le encomendó al senador Jorge Gandini una redacción alternativa. Y para lograrlo el legislador adelantó que buscará con “consenso” con las dos entidades que, al día de hoy, mantienen posiciones encontradas en torno a la modificación de la ley de Derechos de Autor, la CUD y la Sociedad Uruguaya de Intérpretes.

Gandini afirmó a El País que, como “hipótesis de mínima” y si no hay acuerdo, terminará por ser aprobada la versión del Poder Ejecutivo.

La comisión espera recibir nuevas inquietudes sobre el proyecto. El viernes será el turno de la Asociación General de Autores del Uruguay y también irán de las discográficas.