Plan piloto mostró una baja en la reincidencia carcelaria del 25% y despierta optimismo en las autoridades

La diferencia en el comportamiento de los presos del grupo de tratamiento con el de control es "estadísticamente significativa", según se señaló en el informe de evaluación del impacto del programa.

Compartir esta noticia
Unidad Nº4 del INR, penal de Santiago Vázquez, exComcar
Unidad Nº4 del INR, penal de Santiago Vázquez, exComcar.
Foto: Leonardo Mainé

Los primeros resultados del Proyecto de Asistencia Asistida, un plan piloto que comenzó a aplicarse hace prácticamente un año en la cárcel de Santiago Vázquez, entusiasmaron tanto a las autoridades de los ministerio del Interior y Desarrollo Social —que coordinaron este programa— como a los responsables académicos de la Universidad de Montevideo (UM), institución que se encargó del "diseño y la evaluación de impacto" de esta experiencia por primera vez aplicada en Uruguay.

La propuesta tuvo como objetivo central —aunque también había metas académicas, ya que se buscó que se crearan antecedentes de investigación en la materia— poder bajar la tasa de reincidencia, que de acuerdo al estudio que hizo el año pasado la cartera de seguridad es actualmente del 70%, medido en un lapso de cuatro años.

Las conclusiones que se extrajeron en la evaluación de la UM, en un documento al que accedió El País, advierten que esta es una "evaluación en curso" y que el balance final se publicará una vez que se cumplan los "seis meses posteriores a la liberación" de todos los presos a estudio —que fueron ingresando al programa en forma escalonada desde diciembre del año pasado.

Pero ya se sabe que el panorama es "alentador" —al decir de Diego Sanjurjo, que coordinó el programa en representación de Interior— porque arrojó que, a los 30 días de liberados, los participantes de este programa presentaron una reincidencia 25% menor que la que tuvieron otros reclusos liberados, pertenecientes a un grupo de control con el que comparar.

Este último grupo, compuesto por 1.189 casos, presentó una reincidencia del 10,18%, mientras que la de los 625 participantes que integraron el grupo de tratamiento del programa fue de 7,68%.

"La diferencia de 2,5 puntos porcentuales entre los dos grupos es estadísticamente significativa al nivel del 10%", señala el resumen de la UM, a cargo de los investigadores Alejandro Cid, José María Cabrera, Edgardo García y Federico Veneri.

"Es un avance muy importante en cuanto al conocimiento —dijo por su parte a El País el titular del Mides, Alejandro Sciarra—. Un impacto de reducción del 25% es muy importante. La persona gana tiempo para buscar una salida y el Estado gana tiempo para llegar con otras redes de protección".

Para Sanjurjo, en tanto, lo que quedó de manifiesto es que es posible implementar una política social en cárceles con incidencia en la baja del delito y que "funcione". A su entender, esto abre un camino en el Estado —para que siga "quien sea que gane" las elecciones de este domingo— que puede traer un doble beneficio si se decide profundizar: "Porque no solamente implicaría eliminar un daño en la sociedad, que es el que sufre la víctima del delito, sino que también significaría una baja en el costo económico: cada persona presa cuesta, por mes, unos $ 40 mil". Por contrapartida, este programa tiene, como principal costo per cápita, una suma mensual de $ 1.600.

Para Cid, coautor del trabajo y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la UM, es más que "interesante" el descubrimiento de que, con una mínima ayuda, "hay gente que está dispuesta a no reincidir", y que esto se haya logrado con la coordinación entre dos ministerios, lo que no siempre es fácil.

"Las conclusiones son auspiciosas", agregó el docente, que destacó la importancia tanto del dinero puntual que se administró a los beneficiados con el programa como el "acompañamiento" social que hizo el Estado, fundamentalmente, de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali).

Sanjurjo, que además es coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito, reflexiona en la misma línea. "El programa demuestra que la mayoría de los presos no quieren reincidir y que con una ayuda mínima logran aguantar un mes afuera de la cárcel. Y esto nos habla —siguió— de la necesidad que hay de programas de reinserción social y del enorme potencial que tenemos para bajar la reincidencia y el delito".

Lo que se sabe, concluyó, es que, además de seguir explorando en este estudio, luego, en los meses siguientes, deberían implementarse "herramientas más sofisticadas", que apuesten a la formación, educación y empleo de los liberados.

Las experiencias en el mundo

No hay mayores antecedentes de investigación sobre este tema, algo que los propios autores destacaron en su informe como una oportunidad académica: "Esto hace que la presente investigación tenga el potencial de hacer una contribución sustancial a la literatura científica internacional y al diseño concreto de políticas públicas asentado en evidencia rigurosa.

Sin embargo, sí se recogen evidencias ya publicadas que son determinantes en cuanto al efecto negativo que tiene la encarcelación en las personas, una vez que intentan volver a vivir en sociedad.

"Britto et al. (2023) ofrecen la primera evidencia causal de los efectos directos del encarcelamiento sobre el acceso al mercado laboral y la reincidencia. Sus resultados (22% de reducción en el empleo, 25% de reducción en el ingreso esperado, 13% de aumento en la chance de volver a delinquir) agudizan la necesidad de contar con programas para facilitar el reingreso a la sociedad de los excarcelados", escribieron los autores, que invitan a "encontrar soluciones" a este problema, que en América Latina es "particularmente importante", ya que"el número de personas encarceladas ha aumentado 24% entre 2000 y 2021, y el crecimiento más significativo se ha observado en América del Sur (200%) y en el Sudeste Asiático (116%)", según la World Prison Population List.

El drama que enfrenta el recién liberado es conocido, recuerda el trabajo, y probado también en investigaciones internacionales. Estos problemas incluyen el "escrutinio del empleador por sus antecedentes penales", lo que se agrava al reparar en el deterioro del "capital humano" que sufren las personan al pasar por la cárcel, que por estar presas no acceden a "programas de educación y capacitación", entre otros.

Por eso la necesidad de experiencias de este tipo, concluyen los investigadores. Porque "una buena cantidad de estudios recientes han encontrado que las intervenciones más intensivas, como el acompañamiento uno a uno, que enfatizan la conexión personal y social, han generado resultados muy exitosos".

Lo que no se había hecho hasta ahora, remarcó Cid a El País, es un plan piloto como este, "hecho con la rigurosidad de un laboratorio", con un grupo de control y otro de tratamiento, que permite la comparación científica.

Detalles del programa

Los beneficios a los liberados y las experiencias internacionales

Quienes participaron de esta experiencia pertenecen a un universo bien acotado: reclusos de la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez que cumplían con las dos siguientes condiciones: haber estado al menos dos meses encarcelados "inmediatamente antes de su excarcelación", y no haber cometido delitos que estuvieran relacionados con abusos sexuales o el lavado de dinero.

El apoyo económico de $ 1.600 mensuales se instrumentó con transferencias monetarias realizadas con la Tarjeta Uruguay Social (TUS), y todos contaron con el "acompañamiento personal mediante la asignación de un técnico de Dinali, folleto informativo de servicios sociales, acceso a boletos mediante la tarjeta STM y boleto interdepartamental (en caso de que el liberado tenga su domicilio fuera de la capital)", según se afirma en el informe de la UM.

La participación en este plan es libre y con previo sorteo, pero con la necesidad de cumplir con una contrapartida: "Realizar visitas a centros Mides".

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

CárcelesMides

Te puede interesar