Está desfinanciada

Se precisan $ 943 millones y en la Rendición de Cuentas no están previstos.

Tal como sucedió el año pasado con el Código del Proceso Penal (CPP), la oposición ya está pidiendo que se postergue la vigencia de la ley de violencia de género aprobada en 2017. La razón es la falta de dinero para su implementación. Para que haya suficientes fondos se debería esperar al menos dos años.

Se necesitan $ 940 millones para echar a andar los mecanismos previstos en la referida ley y no hay nada planillado en la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento. Y como el año que próximo la Rendición no podrá prever gastos, se deberá esperar cuando menos hasta el año 2020 con la ley de Presupuesto del próximo gobierno.

La ley apunta a garantizar el derecho de las mujeres de todas las edades, incluidas las personas trans, de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, creencias, orígenes culturales y étnico—raciales o situación de discapacidad, a vivir sin soportar actos de violencia basada en género.

La ley crea organismos para atender la violencia de género, fija medidas de protección para las denunciantes y reforma el Código Penal creando el delito de "abuso sexual", que es el abuso especialmente agravado. También deroga un artículo que permite actualmente que los jueces eximan de culpa a un homicida que mata a su pareja al encontrarla siéndole infiel.

De acuerdo con la ley, la violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, sicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres.

En 2017 el CPP estaba previsto que comenzara a regir a mediados de año pero diferentes problemas de implementación hicieron que por ley se pospusiera hasta el 1 de noviembre su entrada en vigencia, que finalmente ocurrió en esa fecha.

El diputado nacionalista Pablo Abdala impulsa la idea de postergar esta ley de violencia de género, o al menos el capítulo 5 que es el que regula los aspectos vinculados con los procesos judiciales, procesos de protección y medidas cautelares en beneficio de las mujeres que sufren ese tipo de violencia.

"Tal como están planteadas las cosas, eso es letra muerta", dijo Abdala a El País.

Según la información que remitieran al Parlamento el Poder Judicial y la Fiscalía en el marco de la Rendición de Cuentas, en el primer caso se solicitaron $ 110 millones solamente para terminar de atender necesidades vinculadas con la implementación del CPP. Aparte, el Poder Judicial hizo una estimación de los recursos que se requieren para poner en funcionamiento la ley de violencia de género y la cifra que surge es de $ 943 millones, explicó el diputado.

El Poder Judicial informó al Parlamento que para poner en funcionamiento esa ley debe crear más de 500 cargos, que serían para trabajar en 33 juzgados nuevos que precisan jueces, defensores de oficios, actuarios y funcionarios administrativos. Además entiende que hay que reforzar el Instituto Técnico Forense (ITF).

Por su parte en su presupuesto elevado al Parlamento, la Fiscalía de Corte a cargo de Jorge Díaz está solicitando para poder hacer frente a la demanda que le imprime el nuevo CPP la suma de $ 440 millones. De ese dinero, solo para cargos la Fiscalía pide $ 288 millones tratándose de abogados y unos 87 cargos de fiscales.

Y estimó el diputado que por fuera de este dinero la Fiscalía necesitaría $ 306 millones más solo para implementar la ley de violencia de género.

"La aplicación de la nueva ley demandaría más de 100 fiscales además de las necesidades del nuevo Código", apuntó Abdala.

En su propuesta presupuestal, "el Poder Ejecutivo excluye absolutamente al Poder Judicial, no le da un solo peso de incremento". A la Fiscalía le da apenas $ 60 millones", recordó el legislador.

"La ley de violencia de género es muy mala, es voluntarista y autocomplaciente. Aunque creo que sí se necesitaba una ley específica sobre la violencia basada en el género", destacó el legislador de Alianza Nacional.

Esta ley atiende varios tipos de violencia contra las mujeres: física, sexual, sicológica, por prejuicio sobre la orientación sexual, económica, patrimonial, violencia simbólica, obstétrica, laboral, el acoso sexual callejero, violencia política, violencia mediática, doméstica, violencia femicida, violencia comunitaria y violencia institucional.

Por ejemplo, cuando se habla de violencia sexual, la ley la describe como toda acción que implique la vulneración del derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio y de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada y la trata sexual" En la ley sobre violencia de género de 2017 se define el acoso sexual callejero como "todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercido en los espacios públicos por una persona en contra de una mujer sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación".