El pasado 27 de abril, el Pit-Cnt, varios sectores del Frente Amplio (FA) y otras organizaciones sociales presentaron 430.023 firmas destinadas a promover un plebiscito para reformar por vía constitucional el sistema de seguridad social. La Corte Electoral comenzó el proceso de verificación el 2 de mayo. De 241.926 ingresadas hasta este lunes, el organismo había aceptado 174.858. En tanto, llevaba rechazadas 59.106 rúbricas. Un llamativo 24,4%, que además viene aumentando con el correr de las semanas. A mediados de mayo, el “descarte” era del 20%. La semana pasada terminó con un promedio de 22%.
Se trata de porcentajes ciertamente elevados si se los compara con otras instancias de similares características, donde las firmas rechazadas suelen ubicarse entre el 10% y 15%.
El último reporte de la Corte Electoral indicó que de las poco más de 59 mil rúbricas rechazadas, 29.803 lo fueron debido a que no se cumple con uno de los preceptos claves previstos en el reglamento que rige estos procesos, incluidos en la Circular 8.821 emitida por la corporación en abril de 2012: la firma no coincide con la que figura en la credencial.
Otras 16.651 firmas fueron descartadas por “datos incompletos”. Por ejemplo, cuando la hoja firmada no incluye número y serie de credencial. Otros 7.221 casos correspondieron a “firmas múltiples”, 958 a “excluidos del padrón electoral” y en 322 casos “falta firma”.
En 213 casos los firmantes eran “menores” y en 181 estaban “inhabilitados”. Por otra parte, otras 7.601 firmas fueron destinadas a “rastreo”.
La situación fue evaluada ayer por la Comisión Nacional pro Plebiscito, en donde la inquietud principal no pasa por el alto nivel de rechazo y porque esto haga peligrar la consulta. “No nos preocupa llegar o no llegar a las firmas”, le dijo a El País Karina Sosa, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.
“Sí nos preocupa -continuó- y no vamos a aceptar que digan que las firmas que presentamos son falsas”.
En los últimos días, el senador nacionalista Javier García atribuyó públicamente el elevado nivel de firmas con irregularidades a una “acción fraudulenta de la voluntad popular”, por parte de la central de trabajadores.
La explicación del alto porcentaje de “descarte” que se está produciendo resulta ser más práctica, sostuvo Sosa. Y explicó al respecto que cada una de las papeletas que utilizó el Pit-Cnt y parte del FA para recabar las firmas, contenía cuatro espacios para adherir a la propuesta de plebiscito. Muchas papeletas quedaron solo con una o dos rúbricas, pero los espacios que quedaron vacíos son contados por la corte como firmas descartadas por tener los “datos incompletos”.
Esta situación fue admitida en diálogo con El País por el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, que evaluó que para futuras instancias este “detalle” -que tiene que ver con cómo se cuentan las firmas a nivel interno- deberá ser tenido en cuenta e informado de manera diferenciada en el reporte diario del organismo. De todas formas, el jerarca desligó a la Corte de las “conjeturas” que, a nivel público, puede haber sobre si el nivel de firmas descartadas es o no es alto. En tanto, el ministro Wilfredo Penco aclaró que la forma de contar es la misma que se aplicó en el referéndum por la LUC.
Por otra parte, y a través de una carta, el Pit-Cnt solicitó ante la Corte Electoral la lista con todas las firmas observadas. La intención de la central sindical es contactar a esas casi 30 mil personas para que concurran al organismo para verificar que, efectivamente, las rúbricas estampadas y rechazadas les pertenecen.
Al respecto, Sosa advirtió que el proceso viene siendo llevando a cabo por funcionarios de la Corte que, en muchos casos, no exceden de tres meses de antigüedad. Además, dijo, no son peritos calígrafos capacitados para determinar si una eventual diferencia responde, necesariamente, a un error o duplicación. “Una persona no firma igual a los 70 años que a los 18”, sostuvo, y añadió que la corte debería actualizar también este aspecto.
De todas maneras, para Sosa, la prueba de que no hubo ningún tipo de irregularidad, se conseguirá una vez se terminen de contar las firmas y se devele una alta adhesión al plebiscito.
Verificación con dos parejas y con presencia de delegados
El reglamento indica que, si se comprueba que una persona firmó más de una vez, se computará una sola firma. Además, eliminó la obligación -que regía hasta 2012- de presentar una denuncia penal ante casos de firmas múltiples.
El trabajo de verificación está a cargo de una pareja de funcionarios. Cuando ambos discrepen sobre si una firma debe o no ser validada, el conteo pasa a manos de otra pareja. De mantenerse la discrepancia, se da cuenta a la Corte Electoral.
Durante el proceso de control, los delegados de las entidades que promueven la consulta pueden interponer un recurso de apelación ante la admisión o rechazo de una firma, en el mismo momento en que ese acto se formaliza.
Corte lleva aprobado el 63% de las firmas
La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Karina Sosa, que todos los descartes vayan a tener consecuencias en las chances de la consulta popular. Según su visión, el porcentaje de firmas descartadas sigue siendo similar a otras instancias. Además, reparó en que las 174.858 firmas que ya están verificadas y aceptadas equivalen al 63% de lo exigido por la Constitución para convocar al plebiscito. Para lograr ese objetivo, la corte debería aprobar un total de 276.151 firmas, que representan el 10% de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral que está vigente.
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