Redacción El País
El Ministerio del Interior anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para que extranjeros que cometen delitos graves puedan ser deportados a su país y así lidiar con los casos de ciudadanos colombianos que se han radicado en el país y ofrecen prestamos "gota a gota".

El subsecretario del Ministerio, Guillermo Maciel, explicó en rueda de prensa este martes que la cartera mantuvo una reunión con la Comisión de Constitución y Códigos "a los efectos de conversar sobre la situación que se da en algunos departamentos del país donde ciudadanos colombianos -que han tramitado su documentación y que están residiendo en Uruguay- ofrecen préstamos" ilegales.

A raíz de la investigación policial, ciudadanos colombianos fueron formalizados por usura y asociación para delinquir en las últimas semanas, según Maciel. Además, por ello, la Policía entró en contacto con autoridades argentinas y brasileñas para entender cómo lidiar con esta modalidad, en la medida en que se trata un fenómeno regional.

También entraron en contacto con la Policía colombiana, ya que "se trata de una organización que les paga los pasajes" e "implementa lo necesario" para que se instalen en el país "y luego incluso les da un capital de inicio que tienen que devolver una vez que van ejerciendo este trabajo", explicó el jerarca.

Por esto, el Ministerio plantea la posibilidad de una eventual modificación de la Ley de Migraciones para añadir la posibilidad de deportar a ciudadanos extranjeros que hayan sido condenados por la justicia uruguaya por delitos graves. "Nos parecería importante como una medida disuasiva o preventiva la eventual deportación del territorio nacional, que ya está prevista, pero para muy pocos delitos", dijo Maciel.

El objetivo es "ampliar esa nómina de delitos para ciudadanos extranjeros que sean deportados a su país de nacionalidad".

La modalidad de préstamos gota a gota es de "bajos montos con intereses sumamente importantes" que se ofrecen a través de publicidad engañosa y, ante la deuda impaga, el deudor comienza a recibir amenazas. La cartera estima que en el país trabaja "más de una organización" y si bien no les han llegado denuncias sobre amenazas, animan a la población a hacerlo.