MEDIDA EXCEPCIONAL

En las últimas horas el Poder Ejecutivo reglamentó la ley que limita el derecho de reunión. Se trata de un instrumento previsto en el artículo 38 de la Constitución, que implica un proyecto de ley que se votó el viernes pasado en una maratónica sesión en ambas cámaras. El texto precisa el alcance de las multas en caso de incumplimiento de las medidas.

El gobierno nacional precisó que esta ley es para "disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario, así como de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y de los protocolos dispuestos por la autoridad competente".

Para cumplir este objetivo, se limitará "transitoriamente" las aglomeraciones de personas que generen dicho riesgo. Para ello, trabajarán en "forma coordinada" los ministerios de Salud Pública, Interior y Defensa Nacional, así como los Comités Departamentales de Emergencia y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed).

"Quien infrinja las disposiciones legales y reglamentarias de referencia, será advertido a desistir de su actitud. En caso de permanecer o persistir, el Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones por los incumplimientos a las disposiciones de la Ley que se reglamenta, las que podrán consistir en: apercibimiento, observaciones y multas de 30 a 1.000 Unidades Reajustables, además de las denuncias penales que pudieren corresponder", precisa el decreto con fecha 21 de diciembre.

De esta manera, y tal como adelantó el gobierno días atrás cuando anunció esta medida en conferencia de prensa, las multas tendrán un piso de 30 UR -unos $38.743 al valor de hoy- y un techo de 1.000 -$1.291.440-. 

El Ministerio de Salud Pública "aplicará" las multas, "sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionatoria que corresponda a los Gobiernos Departamentales", agrega la redacción, que precisa que el monto "será destinado" al "Fondo Solidario Covid-19".