La semana pasada se incorporaron al Ministerio del Interior unos 140 nuevos policías egresados del Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen), que irán directamente a prestar servicioen las cárceles. Al culminar sus estudios recibieron un consejo por parte de Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR): "No se dejen agarrar por los tentáculos de la corrupción".

El diagnóstico que hace el jerarca, con años de experiencia en prisión, no es demasiado optimista. "Yo, que vivo en las cárceles, les digo que hay que ser realista", manifestó este jueves ante un grupo de legisladores que lo escuchaba atentamente. El realismo al que aludía Mendoza era concreto. "Puede que el policía tenga que pagar la luz el día 20 y no pueda hacerlo, pero resulta que al narco que está preso le sobra la plata", dijo. "Esa es la realidad con la que tenemos que luchar", apuntó.

"Es un tema por el que vivo rezongando, porque es la realidad", admitió Mendoza ante la Comisión de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General. El año pasado, diez funcionarios fueron procesados, la mayoría con prisión, por ingresar teléfonos, drogas y hasta armas a las cárceles. Un operador penitenciario está hace cinco años encarcelado por intentar entrar un revólver a una cárcel. Ahora está cumpliendo pena en el Penal de Libertad

"Pasaron de un lado al otro de la reja", dijo Mendoza, que expresó su preocupación ante la corrupción en los centros de reclusión. "No escondemos el problema, sabemos que está y lo estamos enfrentando", aseguró. En lo que va de 2023, tres funcionarios fueron procesados con medidas alternativas por intentar ingresar elementos no autorizados.

Basado en testimonios de los mismos policías y operadores infieles, las autoridades saben el precio que se manejan por el ingreso de este tipo de artículos prohibidos. En la Unidad 1 de Punta Rieles, un policía vendía a los presos teléfonos celulares nuevos a $ 25.000.

"Soy consciente de que todos entran droga", afirmó Mendoza, apuntando a un panorama aún más desolador. "Todos los que vamos a las cárceles, somos potenciales entradores de droga", aseguró. "No los culpo. Nunca oirán de mi boca que yo culpo a la familia que va a visitarlos", sostuvo.

Los familiares, señaló, hacen entrar droga a los presos en sus partes íntimas. Pero la droga, aseguró, entra por todos lados. "Los funcionarios también lo hacen", dijo. "La droga vale, porque hay presos adictos y porque hay gente que hace mucha más plata adentro que afuera", agregó.

Los tres funcionarios formalizados este año lo fueron, justamente, por tratar de ingresar drogas. Dos de ellos en la cárcel de Durazno y el otro, en Punta de Rieles. "El primer responsable soy yo, porque es personal que está subordinado a mí y que está haciendo un acto de corrupción, aprovechándose del uniforme de funcionario público para enriquecerse", admitió Mendoza.

El jerarca hizo un cálculo rápido para demostrar la magnitud del desafío: si un policía lograr vender un teléfono por semana en alguna cárcel, se asegura $ 100.000 al mes. "Es plata, y cuando hay plata se me corrompen", dijo. "Es fácil corromperse porque hay posibilidades y hay gente con dinero del narco. Es una situación que nos aflige mucho", remarcó.

En el INR hay 4.254 funcionarios, entre policías y operadores penitenciarios civiles, con un índice importante de ausentismo. El ministerio tiene detectados 502 casos que no concurren por más de 30 días. Hay otros que faltan en forma intermitente: se presentan tres días y dejan de ir los siguientes cinco. El 11% de los policías y el 15% de los civiles que se desempeñan en el instituto están certificados por más de un mes. Algunos, hace dos o tres años que no van a trabajar.

Las últimas cifras oficiales aportadas este jueves en la comisión por el ministro Luis Alberto Heber indican que hay 14.859 personas en las cárceles uruguayas. Lo hacen en prisiones con una capacidad máxima conjunta de 12.460 plazas, por lo que hay unos 2.400 presos que, según la jerga policial están "sobrando".

En los poco más de tres años de esta administración, la población carcelaria se incrementó en unas 3.000 personas. Otros 20.000 uruguayos cumplen hoy algún tipo de medida alternativa a la prisión.